ESQUEMA DE PROTECCIÓN
El viernes tenía acordada una entrevista en vivo con el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, con el propósito de que respondiera a las denuncias de su compañero de gabinete Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia y secretario de Transparencia de la Presidencia. Este último asegura que viene siendo víctima de espionaje a través de Pegasus. Afirma que el acecho ilegal contra él proviene de miembros del gobierno y dice que no confía en el general Sánchez, ministro de Defensa, ni en el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez.
Para sustentar sus denuncias, Idárraga mostró dos documentos: uno es un informe de la compañía Forensic Strategic Group-Incoseg, que opera en Colombia y Estados Unidos. La firma hizo un análisis del teléfono celular del hoy ministro encargado de Justicia y encontró que, en agosto del año pasado, cuando era secretario de Transparencia de la Presidencia, su iPhone fue contaminado con el virus Pegasus. El peritazgo señala que el micrófono del celular fue activado 134 veces, permitiendo oír las conversaciones del funcionario. También sostiene que más de 8.000 mensajes de texto –WhatsApp, Signal, Line– fueron revisados ilegalmente.
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El segundo documento es una orden de trabajo, aparentemente emanada del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia, CACIM. El papel dice que hay miembros activos y retirados del Ejército que están filtrando “información reservada de la fuerza, de manera clandestina, al actual secretario de Transparencia de la Presidencia de la República”. Unas líneas más abajo dice que el objetivo de la misión de trabajo es “identificar posibles miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales”.
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El ministro de Justicia afirmó que tenía conocimiento de que un suboficial, el sargento viceprimero Darwin Jesús Ramírez Pertuz, estuvo vinculado a esos seguimientos que, además, coincideron con investigaciones suyas sobre corrupción en los estamentos militares. Esas pesquisas tenían que ver, entre otros asuntos, con supuestas complicidades de altos oficiales con las disidencias de alias Mordisco y la Segunda Marquetalia; con tráfico ilegal de armas, explosivos y municiones; y con la compra de vehículos blindados.
Las denuncias son sumamente graves y es muy importante oír la versión del ministro de Defensa. Lamentablemente, cuando faltaba poco para la entrevista, el general Sánchez la canceló, argumentando**:** “se me cruzaron unas cosas”.
Al día siguiente, sábado, que es el día que los asesores de crisis recomiendan para publicar asuntos que no deben llegar vivos al lunes, muy a las 8:41 de la mañana, el Ministerio de la Defensa Nacional expidió un comunicado extenso que explica poco o nada.
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El mañanero y sabatino trino con el que querían matar discretamente el escándalo, afirma:
–Que ninguna entidad del sector defensa tiene Pegasus. Vale recordar que en 2024, cuando el diario israelí Haaretz reveló que el programa espía estaba en Colombia desde 2021, todas los organismos de seguridad negaron que lo tuvieran. Solo lo aceptaron –y a medias– cuando el gobierno de Estados Unidos admitió que había pagado en efectivo los 11 millones de dólares que costó.
–También decía el comunicado madrugador que el documento de contrainteligencia es falso y que las labores del sargento viceprimero Darwin Ramírez se limitan a coordinar fuerzas para la protección del ministro de Defensa, su familia y altos funcionarios.
Lo que el fofo comunicado olvida es algo que me contaron dos fuentes del Ministerio de Defensa.
El ministro estuvo al tanto de que había miembros de las Fuerzas Militares que estaban hablando contra él, y el sargento Darwin Ramírez se entrevistó con un informante para averiguar quiénes eran y qué decían.
¿Cabe esto en las funciones del suboficial que hace parte del esquema de seguridad?
Una cosa es proteger al ministro de un atentado contra su vida, y otra muy distinta usar recursos públicos para averiguar quiénes están hablando mal de él, con o sin razón. El ministro no puede usar el poder de su cargo para evitar que otra entidad del Estado indague sobre informaciones que, eventualmente, puedan afectarlo.
Conocí al general Pedro Sánchez cuando, al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dirigió la Operación Esperanza para encontrar a los cuatro niños indígenas perdidos en la selva después de sobrevivir a un accidente aéreo. En esa ocasión, el general hizo gala de su inteligencia y sensibilidad.
Tengo muy buena opinión de él, pero debo decir que en este tema hacen falta explicaciones.
