Cuando las reglas importan
La autonomía universitaria y la decisión de Colombia frente a PISA
Esta columna ya estaba escrita cuando se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Pero hay momentos en la vida institucional de un país que obligan a detenerse, a volver sobre lo escrito y a reconocer que algo más profundo está en juego. Este es uno de esos momentos. Por esa razón, esta columna aborda dos asuntos distintos, pero profundamente conectados con el futuro institucional del país.
La Universidad Nacional recupera su autonomía
Durante el último año y medio he escrito en este mismo espacio sobre una de las crisis institucionales más graves en la historia reciente de la Universidad Nacional. Lo he hecho como profesora, como egresada y como ciudadana convencida de que las universidades públicas son pilares de la democracia. He advertido, con preocupación, que el desconocimiento de las reglas y la instrumentalización política de las instituciones educativas no solo afectan a una universidad, sino que debilitan la confianza en el Estado de derecho. Lo ocurrido en los últimos meses en la Universidad Nacional merece una reflexión seria sobre el respeto a sus reglas y su gobernanza.
Esta crisis se originó en decisiones del Gobierno nacional durante la disputa por la rectoría, tras la designación legal del profesor José Ismael Peña por el Consejo Superior Universitario en marzo de 2024. Lo que debió resolverse dentro de los cauces institucionales derivó en una cadena de decisiones que desconocieron actos administrativos en firme, alteraron la composición del propio Consejo y culminaron en la designación posterior ilegal de otro rector, en abierto irrespeto a las reglas y al debido proceso. Como advertí en mis columnas anteriores en este mismo espacio, la politización del proceso, las presiones externas y la instrumentalización de la Universidad no solo vulneraron su autonomía, sino que erosionaron la confianza en sus órganos de gobierno y afectaron la vida académica de miles de estudiantes y profesores. Las posteriores sentencias del Consejo de Estado, que confirmaron la legalidad de la elección original y anularon la designación posterior, dejaron en evidencia que lo que estaba en juego no era un nombre propio, sino la vigencia misma de las reglas que sostienen la autonomía universitaria y, con ella, uno de los pilares del Estado de derecho.
El fallo conocido esta semana reafirma un principio esencial. En una democracia, las reglas se respetan y la autonomía universitaria no es una concesión del poder político, sino una garantía constitucional. No es un asunto administrativo menor. Es un recordatorio de que las universidades existen para producir conocimiento, formar ciudadanos libres y contribuir al futuro del país.
Las instituciones educativas no pertenecen a los gobiernos de turno. Son patrimonio de la sociedad. Su autonomía no es un privilegio corporativo. Es una garantía democrática. Las decisiones judiciales no son declaraciones simbólicas. Se trata de mandatos de obligatorio cumplimiento. Después de dos fallos del Consejo de Estado y de la tutela que ordena restablecer el ejercicio pleno de la rectoría conforme a la legalidad, corresponde ahora a las autoridades universitarias actuar con responsabilidad institucional. Enhorabuena el Tribunal reafirma con claridad que el procedimiento de nombramiento del rector fue adecuado, y que se respetaron las normas. El Consejo Superior Universitario no puede seguir negando la legalidad y legitimidad del profesor José Ismael Peña. No puede dar largas con interpretaciones que desconozcan el alcance de las decisiones judiciales. Los nombramientos realizados en contravía de la legalidad deben dar paso a un proceso de empalme ordenado, transparente y respetuoso de la institucionalidad. El Gobierno debe aprender una lección fundamental: las reglas de las universidades se respetan y los mecanismos de inspección, vigilancia y control, que son los que le competen, deben aplicarse con rigurosidad y no para buscar beneficios políticos.
Hoy, sobre todo, la Universidad debe concentrarse en lo esencial que es garantizar la continuidad de su misión académica. Detrás de esta crisis hay 56.000 estudiantes y 3.000 profesores de planta que, lejos del ruido público, sostienen cotidianamente el proyecto intelectual más importante del país. La normalidad institucional no es un asunto administrativo. Es una condición para que la Universidad pueda cumplir su misión. Hoy, más que nunca, hay que escuchar a los jóvenes, profesores y miembros de la comunidad universitaria que, lejos del ruido político, queremos continuar con nuestras clases, nuestra investigación y nuestro proyecto académico; y a una sociedad que necesita que las universidades sigan siendo el faro ético e intelectual del país.
Colombia y PISA en educación financiera: una deuda que sigue creciendo
En un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, cambios en el mercado laboral y la expansión acelerada de los servicios financieros digitales, la educación económica y financiera se ha convertido en una capacidad esencial para el bienestar individual y colectivo. No se trata únicamente de comprender conceptos abstractos, sino de poder tomar decisiones cotidianas sobre ahorro, endeudamiento, inversión y protección frente a riesgos económicos.
Sin embargo, la evidencia muestra que Colombia enfrenta una brecha estructural en materia de educación financiera. La Encuesta Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares del DANE reveló que el 48 por ciento de los colombianos tiene dificultades para calcular una tasa de interés simple y que el 60,3 por ciento no logra identificar el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo. Más recientemente, una investigación del Banco de la República evidenció que apenas el 16,4 por ciento de la población responde las preguntas básicas de conocimiento financiero que son utilizadas como referencia internacional.
La Superintendencia Financiera de Colombia, en su Encuesta sobre las Preferencias de los Consumidores Financieros (2024), encontró que el 78 por ciento de las personas nunca ha recibido educación financiera, solo el 56 por ciento elabora un presupuesto mensual y menos de la mitad ahorró durante el último año. Estas cifras reflejan una población que participa crecientemente en el sistema financiero, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo de manera informada y segura.
Las brechas educativas agravan este panorama. Según los resultados de las pruebas SABER 11 de 2024, menos del 5 por ciento de los estudiantes rurales alcanza los niveles superiores en matemáticas, frente al 27 por ciento de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto en zonas urbanas. Estas desigualdades no solo reflejan diferencias en el presente, sino que anticipan profundas brechas futuras en la capacidad de tomar decisiones económicas informadas.
La evidencia internacional es concluyente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha demostrado que las personas con mayores niveles de alfabetización financiera enfrentan mejor las crisis económicas, toman decisiones más eficientes y logran trayectorias económicas estables. Investigaciones lideradas por especialistas como Annamaria Lusardi han mostrado que una proporción significativa de las desigualdades en el bienestar económico puede explicarse por diferencias en la educación financiera.
La educación financiera no es un lujo tecnocrático. Es una herramienta esencial de ciudadanía, equidad y libertad. En este contexto, las pruebas PISA se han consolidado como uno de los instrumentos más importantes para evaluar si los sistemas educativos están preparando a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Desde 2012, PISA evalúa de manera específica las competencias financieras de los jóvenes de 15 años, midiendo su capacidad para comprender conceptos financieros y aplicarlos en situaciones reales.
Colombia participó en esta evaluación una sola vez, en 2012, y el resultado fue alarmante. El país obtuvo el puntaje más bajo entre los participantes y el 56,5 por ciento de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de competencia financiera. Más preocupante aún, desde entonces el país tomó la decisión de no volver a participar. Durante más de una década, Colombia ha renunciado a una de las herramientas más importantes para evaluar si está formando ciudadanos capaces de tomar decisiones económicas informadas.
Mientras tanto, otros países de América Latina han avanzado. Chile, Brasil y Perú han incorporado la educación financiera en sus currículos nacionales y han utilizado evaluaciones internacionales para mejorar sus políticas educativas. Colombia, en contraste, carece hoy de información comparable que permita evaluar su progreso.
La próxima aplicación de PISA se realizará en 2029. Colombia ya recibió la invitación por parte de la organización de la prueba y debe manifestar su interés antes de finalizar este mes para definir su participación. Esta no es una decisión administrativa más. Es una definición sobre el lugar que ocupa el conocimiento en las prioridades del país. Corresponde ahora al ICFES y al Ministerio de Educación Nacional manifestar oportunamente el interés del país en hacerlo. Desde la Comisión intersectorial para la inclusión y educación económica y financiera, este tema ha sido planteado de manera reiterada a lo largo de distintos gobiernos, sin que hasta ahora se haya traducido en una decisión concreta. En ese contexto, resulta clave que la centralidad que el actual Gobierno le ha otorgado a la educación se refleje también en esta decisión. Diversas entidades, pero principalmente la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia, apoyan esta decisión.
Retomar la participación en las pruebas PISA es una decisión impostergable, por al menos cinco razones fundamentales. Primero, porque permite contar con un diagnóstico riguroso y comparable internacionalmente. Sin medición, no hay forma de saber si estamos avanzando o retrocediendo. Segundo, porque el entorno financiero ha cambiado radicalmente. La expansión de los pagos digitales, el crédito en línea y las nuevas formas de interacción financiera exigen nuevas capacidades. Tercero, porque la educación financiera es un determinante clave de la equidad. Sin estas capacidades, las brechas sociales tienden a ampliarse. Cuarto, porque participar en PISA permite aprender de otros países y fortalecer las políticas educativas nacionales. Y quinto, porque los costos de no hacerlo son enormes. El sobreendeudamiento, la vulnerabilidad frente al fraude y las malas decisiones económicas tienen consecuencias profundas y duraderas.
Los países que se miden son los países que aprenden. Y los países que aprenden son los que construyen instituciones más fuertes, economías más equitativas y democracias más sólidas.
A modo de conclusión
Colombia aún está a tiempo. Proteger sus universidades, respetar sus reglas y decidir medirse frente al mundo no son acciones aisladas. Son decisiones que definen el tipo de país que queremos ser. Son expresiones de una misma convicción: que el conocimiento, la evidencia y el respeto por las instituciones deben estar en el centro del proyecto de país.
**Posdata.** En sus 140 años de historia, la Universidad Externado de Colombia ha sido un referente en la defensa de los principios republicanos, la libertad de cátedra y el respeto por la pluralidad de ideas. Su trayectoria recuerda que el sistema universitario colombiano, basado en la coexistencia de instituciones públicas y privadas, es una fortaleza de nuestra democracia. Es una expresión de la libertad de enseñanza y del valor del conocimiento que se construye desde distintas tradiciones institucionales. Universidades como el Externado han contribuido, desde el ámbito privado, a formar generaciones comprometidas con el pensamiento crítico y el Estado de derecho. Feliz aniversario.
