Territorio Usmeka
El espíritu del agua habita en los páramos de este territorio sagrado que ha sido parte de una disputa sobre el modelo de expansión urbana de Bogotá. Los edificios van cubriendo los cerros de este cruce de caminos que fue, durante los periodos Herrera (500 a. C. a 1000 d. C.), Muisca Temprano (1000 a 1350 d. C.) y Muisca Tardío (1350 a 1600 d. C.) un sitio estratégico de habitación, intercambio y espiritualidad del pueblo Muisca. Allí, en esas montañas —que para muchos solo significan negocios en terrenos para la construcción de viviendas de interés social—, ha pervivido una lucha que ya completa más de treinta años sin que las comunidades campesinas, algunas de las cuales reivindican su ancestralidad, hayan sido incluidas de manera definitiva en el destino de un hallazgo que el próximo año cumplirá veinte años.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2000 sentó las bases para la ocupación de cinco veredas en la Operación Estratégica Nuevo Usme. Desde 2005, la empresa Metrovivienda —hoy ERU— comenzó la excavación para la construcción de edificios en la hacienda El Carmen. “Al momento de pasar la maquinaría, afloran una cantidad de huesos y cerámica. Digo: esto es una necrópolis. Me preguntan: ¿Y esa joda qué es? Respondo: un cementerio indígena muy grande”. En las imágenes de ese entonces puede verse el perfil de Jaime Beltrán, líder campesino. Su perfil contrasta con el verde que al fondo de la imagen se corta con los ladrillos de una ciudad que amenaza el borde urbano rural de una urbe cuyos gobernantes no han terminado de entender, y muchos de ellos solo ven en función de un progreso que arrasa el pasado, y desplaza a la gente y su sentido intercultural.
Que arrasa, como lo llamó Virgilio Becerra —uno de los arqueólogos que trabajó en el predio cuando la comunidad logró detener las obras en la alcaldía de Samuel Moreno— “una biblioteca arqueológica subterránea”. Becerra y Ana María Groot fueron algunos de los profesionales que, desde la Universidad Nacional, llegaron a excavar el predio. Beltrán y muchos de sus vecinos campesinos que sabían cómo era su territorio, constituyeron la Mesa de Patrimonio Usmeka, para iniciar la defensa de un hallazgo que va más allá de las más de 1.500 tumbas, urnas funerarias, cientos de cerámicas y petroglifos que poco a poco han sido vandalizados en otros lugares de Colombia, como la piedra Varón del Sol, en Soacha, que fue pintada con brea para permitir la llegada de los tierreros, urbanizadores piratas que campean en nuestra vida urbana desde hace décadas.
Sería injusto no reconocer el impulso que han tenido instituciones y profesionales para ayudar a construir un verdadero proyecto comunitario en lo que sería el Parque Arqueológico más grande de Bogotá. Sin embargo, hoy el asunto parece volver, de nuevo, a un punto de inflexión en el cual la alcaldía de Carlos Fernando Galán, y su modelo neoliberal, está empeñada en echar para atrás lo conseguido por la anterior alcaldía, la de Claudia López, que desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), bajo la dirección de Patrick Morales, consiguió crear un verdadero plan de manejo arqueológico y una inclusión de las comunidades en la definición de su destino con una inversión de 6.800 millones de pesos.
La historia del Parque Arqueológico de Usme no es ninguna novedad, pero, por eso mismo, los líderes con quienes me reuní una mañana fría de un sábado en una casa campesina sienten que ha pasado a ser una disputa institucional y que muestra lo peor de nuestra manera de hacer política y de ejercer lo público. Así me lo dijo Héctor Vásquez Morris, uno de los líderes que ha reivindicado el territorio con una hondura biocultural. Para Morris no se trata solo de definir una infraestructura y una museología, sino de que se entienda que, a partir del hallazgo, los habitantes mayores de Usme comenzaron a hablar y a recordar, es decir, a pronunciar las palabras inscritas en su memoria para pasarlas por el corazón.
Aunque la obra de Metrovivienda se detuvo, todo quedó reducido a la discusión sobre este lugar, pero, mientras tanto, la gente ya no puede comprender el significado y la cosmogonía de este paso entre el oriente del país, hacia los Llanos Orientales, y el norte, hacia Yuma, el río grande de la Magdalena. Los usmekas han vivido un tiempo de recuperación de su ancestralidad y han oído cómo funcionarios sienten que lo suyo es una impostura: “Aquí no hay campesinos y menos indígenas”, les han dicho. Desde las instituciones culturales ha habido apoyos como los de Fabián Sanabria, Ernesto Montenegro, o el mismo Morales, que desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el IDPC han acompañado los procesos. Sin embargo, Usme, el territorio donde Bachué brotó de las aguas y configuró la vida de quienes sabían que somos y estamos hechos de agua, ha sido también una tierra cooptada por las lógicas electoreras que han fragmentado las luchas comunitarias.
Harold Villay es otro de los líderes con quien hablé y caminé esas montañas frente a la entrada del sitio arqueológico. Es el menor de estas tres generaciones que representan Jaime —que falleció sin poder ver realizado el sueño de tener un proceso participativo de dignificación de su cultura— y Héctor. Hoy Harold tiene cuarenta años, y cuando ocurrió el hallazgo comprendió que la llave que podía abrir la puerta de su destino estaba en la organización comunitaria. Detrás de él viene otra generación que se organizó en el estallido de 2019 como los Hijos de Usminia, jóvenes de la primera línea que han sido abandonados por el Estado y las instituciones y que hoy están siendo estigmatizados por algunos medios como Semana y El Tiempo, que los señalaron, sin prueba alguna, y con irresponsabilidad consciente, de ser parte de aparatos urbanos de la guerrilla.
Algunos de ellos se sentaron conmigo al lado de la Biblioteca La Marichuela. El parque y el proyecto de construir un tejido comunitario, sumado a sus propuestas, publicaciones y juntanzas que han hecho de manera autogestionada a lo largo de estos años, así como la memoria de sus padres, abuelos y mayores, podría ser la posibilidad de crear un sentido que no los siga dejando con la percepción de que no tienen espacio en esa ciudad que crece a los lejos y que parece tan segregada social y culturalmente. “Esta ciudad que no me quiere”, como escribió hace años la periodista Marta Ruiz.
Aunque hay constantes mesas y reuniones, y desde el Concejo de Bogotá se hacen gestiones para obtener nuevos presupuestos para el sitio arqueológico, ninguno siente hoy que tenga algo que ver en lo que para ellos es su pasado, su raíz y su conexión con la vida de una ciudad que fue fundada sobre lagunas y humedales y que se empeña en desecarlos y crear la idea entre quienes nacieron allí de que cuando mucho se merecen un apartamento de treinta metros cuadrados, o tan solo una vida que ven pasar por delante de sus ojos. Están organizados, saben lo que quieren, han hecho durante décadas gestiones, documentos, reuniones. Han visto pasar seis administraciones locales desde la infausta de Samuel Moreno: la del alcalde Petro, quien pudo defender y obtener el predio; después la de Peñalosa, que quiso echar el proceso atrás; más tarde la de Claudia López, que lo recuperó, y hoy, de nuevo, en esta alternancia de lógicas en donde se disputa lo público sobre lo privado, en donde la cultura se quiere convertir en una identidad o en un negocio, según el ethos de los gobernantes de turno, la de Galán, que pregona el activismo del “hay que hacer” para demostrar esa premisa, tan de cara al peñalosismo, de que obras de cemento son amores y no buenas razones.
Insisto, hay esfuerzos notables de funcionarios que han entendido lo que se juega en Usme. Pero veinte años después de que los restos óseos de culturas que no hemos honrado lo suficiente aparecieran para contarnos una historia de una profundidad pasmosa, uno se pregunta si no es la hora de que los funcionarios culturales depongan sus intereses personales y le den espacio a la gente. O que desobedezcan a sus alcaldes.
