Los 760 millones de pesos que persiguen a Abelardo de La Espriella

Cada día se van conociendo más opacidades sobre la manera como ha ejercido su profesión Abelardo de la Espriella, el poderoso abogado de derechas que quiere llegar a la Presidencia luego de haber amasado una fortuna defendiendo a gran parte de la élite más mafiosa y corrupta de Colombia.  

Hace unos días, uno de sus exclientes, el hoy condenado David Murcia, el cerebro estafador de DMG, esa pirámide financiera que tumbó a miles de personas de bajos recursos, le concedió al periodista Daniel Coronell una reveladora y oportuna entrevista en la que el nombre del candidato presidencial salió a relucir y no precisamente por su apego a la ética.

Murcia, además de contar que De La Espriella le robó 5.000 millones de pesos por unos servicios legales que no le procuró —según Murcia, De La Espriella lo dejó botado y nunca le devolvió la plata—, hizo un señalamiento aún más delicado en contra del candidato. En esa entrevista, Murcia aseguró que, en el 2008, cuando Abelardo era su abogado, le entregó 760 millones de pesos de la época que este le había pedido para hacer lobbying a congresistas. Según Murcia, ese lobbying era necesario para impedir que aprobaran un proyecto de ley que restringía el transporte de dinero en efectivo, hecho que afectaba a DMG y a su transportadora, Transval.

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El año en que Murcia afirma que Abelardo de La Espriella le habría pedido el dinero para “tocar congresistas” —el 2008—, coincide con el trámite de un proyecto de ley que en ese momento se estaba dando en el Congreso y que fue presentado por el Gobierno Uribe en el periodo legislativo de 2008 a 2009. Esa ley que fue sancionada por el presidente Uribe el 12 de noviembre del 2009 endureció las penas contra los captadores ilegales y fue entendida como una respuesta legislativa a la crisis de las pirámides en Colombia a finales de 2008. Contacté a por lo menos seis de los congresistas que estuvieron en las comisiones primeras de Senado y Cámara en ese año, pero solo uno de ellos recuerda haber visto a De La Espriella en una de las sesiones. Los demás no lo recuerdan.  

Hasta el momento, el candidato presidencial ha intentado bajarle voltios a este grave señalamiento en su contra, con el argumento de que todo es producto de una inquina de su excliente y de una animadversión que le profesamos ciertos periodistas que no formamos parte de su Olimpo porque no nos plegamos a sus fábulas ni tragamos entero. Sin embargo, la verdad es que esta acusación no es nueva.

Leyendo la sentencia que condenó a David Murcia en septiembre de 2009, me encontré con un testimonio de un investigador de policía judicial de nombre Joselito Medina Moyano.

Según su testimonio, el 30 de octubre de 2008, él hizo seguimiento “de un traslado de 760.000.000 pesos destinados a corromper a personas el Congreso de la República”. El investigador afirmó que vio cómo ese traslado de dinero se hizo en un vehículo de Transval S.A, una de las empresas del grupo empresarial DMG, y cómo el dinero le fue entregado al abogado Abelardo de La Espriella, en su oficina de la Carrera 13 # 85- 86”.

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Este mismo investigador aportó como prueba varias interceptaciones telefónicas realizadas el 29 de octubre de 2008 a las 12:40, 18:23 y 21:12. Las llamadas fueron hechas desde el móvil de Daniel Ángel Rueda, mano derecha de Murcia, a Lina María Rodríguez, quien era la encargada de hacer los desembolsos de dinero en DMG. En las interceptaciones queda claro que la plata fue aprobada por DMG a petición de Abelardo de La Espriella para hacer lobbying a los congresistas.

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Esos audios fueron revelados por Noticias Uno luego de que, en 2009, se conoció la sentencia que condenó a David Murcia a 30 años de prisión.  

Pero hay más.  

Como la defensa de Murcia durante el juicio no desmintió el testimonio ni las pruebas aportadas por el investigador de Policía Judicial, en la sentencia que lo condenó se ordenó compulsar copias con fines de investigación penal contra Abelardo de la Espriella. El juez sustentó esa compulsa de copias contra De La Espriella “porque en el curso del juicio se dijo que recibió del Holding DMG una suma millonaria para hacer lobbying en el Congreso con el objeto de que se realizara la conducta de captación masiva y habitual de dinero, lo que pudo constituir entre otros delitos lavado de activos”.

Ese mismo juez hizo también una compulsa de copias con fines de investigación disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por los mismos hechos, argumentando que estos podían “constituir falta contra la dignidad de la profesión, contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado”.

Lo que sucedió con estas investigaciones es muy diciente del poder de Abelardo de La Espriella en la justicia y de lo que puede suceder si llega a ser presidente de este país. La investigación disciplinaria fue archivada como ha sucedido con las numerosas quejas disciplinarias que se presentaron en su contra. En cuanto a la investigación penal, se sabe que fue el fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, el que designó a la fiscal María Luisa Barrera Cuervo, para que investigara penalmente a Abelardo de La Espriella. En cosa de meses y pese a todas las evidencias que había, a las interceptaciones telefónicas que daban cuenta de que Murcia había dado la luz verde para el pago de los 760 millones de pesos que presuntamente le había pedido De La Espriella para el lobbying a congresistas y del testimonio del investigador de policía judicial que vio cómo llegaron los dineros a la oficina de Abelardo de la Espriella, la noticia criminal fue archivada en octubre de 2010, sin siquiera haber sido investigada.

Las investigaciones penales que resultan archivadas no prescriben y pueden ser reabiertas si hay nuevas evidencias que así lo ameriten. Y lo lógico sería que la fiscal General Luz Adriana Camargo ordenara la reapertura de esta investigación penal contra Abelardo de La Espriella en razón de que lo afirmado por Murcia en la entrevista con Coronelll puede ser considerado como una nueva evidencia.

Es evidente que esta historia de los 760 millones excede la órbita de privacidad que debe haber entre un cliente y su abogado y que no es un invento de su excliente ni una patraña urdida por sus malquerientes como lo ha dado entender el candidato Abelardo de La Espriella en un escueto comunicado publicado días después de la entrevista de Coronell.

En esa comunicación, el candidato presidencial se refiere a los señalamientos de su excliente de manera general y afirma, sin dar mayor contexto, que actuó de acuerdo con la ley y que no se robó ningún dinero de DMG. Habló de democracia, del derecho a la defensa y se dio el lujo de plantar la peligrosa tesis de que a los abogados que asumen casos controversiales (como él), no se les puede cuestionar ni pedir cuentas de nada porque se les termina estigmatizando. Si eso sucede, nos advirtió, se horada el derecho que tiene todo ciudadano a una defensa técnica y se acaba el sistema de justicia. Es decir, nos dejó saber que los abogados como él son intocables.

Eso sí, de lo único que no hablo fue de los 760 millones de pesos. ¿Qué pasó con esa plata? ¿En qué manos terminó?

Abelardo de la Espriella es hoy un candidato presidencial, sujeto al escrutinio público, y no se puede dar el lujo de ampararse en su facha de abogado intimidante para impedir que se indague sobre su pasado.