El socio que murió
Al narcotraficante Juan Santiago Gallón Henao lo mataron lejos de Antioquia, lejos de Guacharacas, lejos del nordeste que ayudó a armar. Murió en México el pasado 4 de febrero y su muerte no cierra una historia. La confirma. Porque cuando un hombre con ese prontuario, con esa trayectoria y con esos vínculos cae asesinado, lo que desaparece no es un capítulo aislado sino una pieza clave de una estructura que el país nunca terminó de examinar completamente.
Gallón Henao no era un actor periférico de la violencia colombiana. Fue condenado como autor intelectual del asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994, crimen que marcó una época en la que el narcotráfico no solo infiltraba instituciones, sino que imponía muerte como castigo simbólico. Ese episodio lo convirtió en un villano nacional, pero su historia no empezó ni terminó allí; apenas comenzaba una secuencia menos visible y mucho más estructural.
Dos años después, en julio de 1996, cuando aún pesaba sobre él la sombra de ese crimen, la empresa Ganados del Norte SA, controlada por Juan Santiago y su hermano Pedro David Gallón Henao, compró a Uribe Vélez Asociados Ltda. la mitad de la hacienda Guacharacas, en Antioquia.
La operación fue realizada por Santiago Uribe Vélez con el gerente de Ganados del Norte, Rodrigo Medina Vélez, y quedó registrada en escritura pública. No es una hipótesis periodística, es un vínculo protocolizado.
Guacharacas no es una finca cualquiera en la geografía antioqueña. Es un punto recurrente en testimonios judiciales sobre el nacimiento del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Diversos relatos la ubican como lugar de reunión, de articulación y de arranque de una estructura que luego expandiría su control territorial en el nordeste del departamento.
A comienzos de 1998, como he contado en esta columna, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía inició interceptaciones legales a un abonado correspondiente a un local comercial en Medellín conocido como Lácteos El Paisa.
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Ese establecimiento era administrado por los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, a quienes el CTI estaba investigando por el delito de conformación de grupos armados ilegales. El señor Luis Alberto Villegas Uribe controlaba una asociación de vigilancia y seguridad privada registrada con el nombre de El Cóndor.
Su hermano Juan Guillermo es el mismo empresario y amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez que, ahora sabemos gracias a la Corte Suprema, mantenía permanente comunicación con la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, a fin de controlar lo que este pudiera decir ante la Corte.
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Regresemos. El Cóndor, conocida por ser una Convivir, recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Pues bien, una de las llamadas interceptadas por el CTI el 29 de mayo de 1998, hace referencia a unas armas de fuego. La conversación entre los dos hombres establece:
“Voz 1: (…) hay que encaletar bien eso, bien encaletao
Voz 2: No espere yo le digo una cosa mejor
Voz 1: Mmmm
Voz 2: ¿Sabe qué me entregó Santiago?
Voz 1: Mmmm
Voz 2: Seis revólveres amparados
Voz 1: No hombre…
Voz 2: Amparados
Voz 1: Nooo aaa
Voz 2: Sí
Voz 1: No hombre, eso no se puede llevar hombre
Voz 2: ¿Entonces dónde guardo eso?
Voz 1: No, eso guárdelo, no eso, ¿usted se imagina? (…)”
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El Santiago al que se refieren era el socio de Villegas Uribe, el señor Juan Santiago Gallón Henao. No era una charla casual; era evidencia sobre provisión de armamento que no debían tener. Y aunque no se conoce qué hicieron con los revólveres amparados que no podían llevar, lo que sí se sabe gracias al trabajo de investigación realizado por el CTI, es que El Cóndor era una estructura bajo la cual se camuflaba una organización paramilitar, que operaba entre los municipios de Cisneros y San Roque, nordeste antioqueño.
Esa estructura tenía su base de operaciones en el corregimiento San José del Nus, Antioquia, realizando actividades ilegales en abierta complicidad con integrantes de la Policía y con militares de la región. En desarrollo de las labores desplegadas por los agentes de la Fiscalía se recibió la declaración de un testigo identificado como Julio César Acosta Cortizo, excombatiente del ELN. Acosta Cortizo se había desvinculado de ese grupo subversivo por lo que fue utilizado por las autoridades, posteriormente, como guía de las tropas estatales y colaborador en actividades de inteligencia en contra de la guerrilla.
El exguerrillero también funcionó en un bloque paramilitar con asiento en San José del Nus, razón por la cual describió ante las autoridades judiciales el modus operandi del grupo irregular contrainsurgente, la identidad de sus integrantes y su abierta relación con miembros de la fuerza pública que hacían presencia en la región.
En diligencia de declaración realizada el 19 de mayo de 1998, en Medellín, este testigo sostuvo: “[en] San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al Gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido, un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto”.
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Es decir, la hacienda desde donde operaba ese grupo paramilitar fue de propiedad de los hermanos Gallón Henao, por un lado, y de los hermanos Uribe Vélez, por el otro. Pero también fue adquirida después por los hermanos Villegas Uribe. Una tierra importante.
Además de esas interceptaciones y declaraciones, la Fiscalía agregó al expediente de la investigación ciertos documentos que fueron obtenidos tras un allanamiento a la residencia de los Villegas Uribe el 4 de junio de 1998. Allí se encontró una hoja escrita con el puño y letra de uno de los hermanos Villegas Uribe en la que se inventariaba un armamento y equipo de campaña.
En el listadito se lee que “Andrés tiene un equipo completo, 2 granadas, 1 changón con 23 cartuchos, 11 tiros de 38; Álvaro registra 1 revólver cl 38, 13 cartuchos cl 38, un equipo completo, granadas, 1 fusil AK 47, 3 proveedores para fusil AK 47, 1 metra, 30 cartuchos 9mm, 1 radio Yaesu (error original), 2 cargadores; Tamayo tiene asignado 1 revolver 3.57 con 9 cartuchos, 1 radio Kenwood con 2 pilas y un cargador, 1 equipo de campaña con un camuflado, 1 hamaca, una carpa, 2 granadas de mano, 1 fusil AK 47 con 4 proveedores, 1 chaleco portaproveedores con 2 granadas”.
No estaban recogiendo café los hermanos Villegas Uribe. En ese mismo procedimiento se incautaron escrituras de propiedades negociadas entre los Villegas Uribe y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, lo que consolidó un mapa de relaciones comerciales cruzadas entre tres familias: los Villegas Uribe, los Gallón Henao y los Uribe Vélez.
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Según las escrituras, el 24 de abril de 1984 el señor Luis Alberto Villegas Uribe le compró a la firma Inversiones Uribe Vélez Ltda la hacienda “La Manada”, mientras que el 10 de julio de 1990, la esposa de Villegas Uribe, Gloria Elena Cano López, le compró al señor Santiago Uribe Vélez la hacienda “El Desquite”.
Todas esas conexiones se enlazan con una declaración adicional del paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá, quien dijo literalmente que “el Bloque Metro de las AUC lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe”.
Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias Juan Pablo, comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del ELN, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, en ese momento propiedad de los Uribe Vélez, quemando su casa principal y robando cerca de seiscientas reses y varios caballos de paso fino.
Sierra asegura que, con el propósito de recuperar los animales robados, y con el apoyo de la convivir El Cóndor que presidían los hermanos Villegas Uribe, se ordenaron dos masacres y asesinatos ejecutados por los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas. Esa declaración coincidió con otros testimonios y nunca fue desvirtuada mediante sentencia absolutoria que cerrara el fondo del asunto.
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El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de Justicia y Paz, dejó constancia de que el Bloque Metro hizo presencia en 42 municipios y que, entre 1998 y 2003, coincidió con 1815 desapariciones forzadas en el oriente antioqueño. Esa cifra no es estadística abstracta; es un universo de víctimas. Un mar de muertos.
Años después, Juan Santiago Gallón Henao admitió ante la Fiscalía haber realizado acuerdos económicos con comandantes de las AUC a finales de los noventa. Esa admisión, lo vinculó directamente con la financiación paramilitar en la misma época en que hacía negocios rurales con la familia Uribe.
Pese a eso, en 2007, Juan Santiago Gallón Henao fue uno de los beneficiados de los incentivos del programa Agro Ingreso Seguro a través de la empresa Clamasan SA. De acuerdo con los registros públicos de AIS, esta empresa, domiciliada en el municipio de Puerto Berrío y representada para la época por Gallón Henao, recibió más de 143 millones de pesos en ese año bajo la figura de Incentivo a la Capitalización Rural por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Además, a Pedro David Gallón Henao se le señaló como enlace entre la Oficina de Envigado y miembros de la Policía, incluido el general retirado Mauricio Santoyo. Recordemos que Santoyo fue un hombre de confianza, en su momento, del entonces presidente Uribe Vélez, como quedó retratado en los agradecimientos de su libro, y quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
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Décadas después, cuando parecía que esa etapa había quedado archivada, el nombre de Gallón reapareció vinculado a un envío de drogas luego de su última captura, en una investigación que incluyó cooperación con autoridades británicas y que lo vinculó con la exportación de cocaína camuflada en alimentos para animales hacia Estados Unidos y Europa. Las autoridades lo señalaron como financiador de una organización criminal transnacional.
Ese último envío no fue una desviación aislada, sino la continuidad de una trayectoria donde el crimen no desapareció solo mutó de forma. De la violencia simbólica de 1994 a los cargamentos internacionales de coca, la línea no se rompió. Este hombre, que aceptó cargos como financiador de grupos paramilitares en Antioquia, se encontraba en México, país donde obtuvo la nacionalidad y al que llegó en 2019, después de quedar libre por vencimiento de términos.
Sobre los hechos de su muerte, según los reportes preliminares en México, se conoce que fue en una zona conocida como el Valle de Toluca, mientras esperaba en un restaurante para una cita con supuestos ganaderos de la zona. El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Gallón es reconocido por estar bajo control del cartel de la Familia Michoacana.
Su oscuro asesinato en México eliminó a un incómodo protagonista, pero no borró los documentos, las interceptaciones, las escrituras ni las sentencias. Tampoco anuló las preguntas pendientes sobre la articulación entre tierras, paras, armas y poder político.
Por eso, el 14 de agosto de 2020, una providencia de la Corte Suprema de Justicia ratificaba las denuncias sobre las relaciones entre los Villegas Uribe, los Gallón Henao y los Uribe Vélez y pedía mayor investigación sobre estos hechos.
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Porque cuando se ordenan cronológicamente las transacciones de la hacienda Guacharacas, las interceptaciones del expediente 30.571, el allanamiento de 1998, las declaraciones del expediente 26.680, la sentencia sobre 1.815 desaparecidos, los subsidios de AIS y el último envío de cocaína, lo que aparece no son hechos inconexos, sino una estructura sostenida en el tiempo.
Y de esa sociedad, uno fue presidente de la República, los hermanos Gallón Henao fueron encontrados culpables por paramilitarismo y narcotráfico, el señor Santiago Uribe se encuentra investigado y encontrado culpable en segunda instancia por la creación de grupos de autodefensas, Luis Alberto Villegas Uribe estuvo preso por concierto para delinquir y después asesinado por otro grupo paramilitar, y su hermano, Juan Guillermo es ahora presentado como un empresario y ganadero, pero en realidad es una persona que ha estado vinculada al paramilitarismo desde finales de los noventa y ha ayudado al expresidente Uribe Vélez con la manipulación de testigos en su contra. El asesinato de Juan Santiago Gallón Henao no cierra el capítulo. Lo vuelve más urgente.
@yohirakerman; [email protected]