El carrusel de las esposas en la 'rosca' del cuestionado magistrado Granados
Juan Carlos Granados, magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, exgobernador de Boyacá, excontralor de Bogotá y quien logró evadir un juicio en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente aceptar sobornos de Odebrecht, se ha convertido en un típico ejemplo del poder de las ‘roscas’ políticas en Colombia.
Su nombre vuelve a sonar por una denuncia del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), que involucra a la esposa de Granados, Patricia Reyes, al personero distrital, Andrés Castro, y al director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros. Estos dos últimos son viejos conocidos del magistrado y parte de la camarilla político-burocrática que él encabeza.
Según la denuncia de Sindeperbo, desde el año pasado la esposa de Granados ha sido beneficiada con jugosos contratos simultáneos en la Personería y la CAR, que les han costado a los contribuyentes 434 millones de pesos.
En una triangulación de favores que pone al descubierto la manera como opera la red de complicidades del magistrado Granados, la esposa del personero de Bogotá, Jennyffer Vargas, obtuvo contratos por 216 millones de pesos con la CAR entre el 2024 y el 2025, hasta ser nombrada, en octubre pasado, como jefa de Asuntos Internacionales de esa corporación de control ambiental.
El personero de Bogotá, que fue contralor auxiliar de Granados en el 2018 y también contralor de la capital, parece aplicar la máxima latinoamericana según la cual “el que no transa no avanza” pues, aunque es una persona calificada académicamente, optó por seguir operando a la sombra y al amparo del escurridizo Granados, quien llegó a ser magistrado a pesar del proceso penal que enfrentaba en la Corte Suprema por el escándalo de Odebrecht.
Por ese caso, en octubre de 2018 la Fiscalía acusó a Granados de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por supuestamente recibir 200 millones de pesos de Odebrecht para su campaña a la Gobernación de Boyacá, a cambio de favorecer a la multinacional con contrataciones cuando fuera elegido, sobre las cuales recibiría un porcentaje. Esa acusación lo obligó a dejar la Contraloría Distrital antes de terminar allí su período.
La historia de Granados refleja muy bien las impunidades que hemos normalizado en Colombia, pues 186 ‘honorables congresistas’ obviaron los cuestionamientos que había sobre el exgobernador y lo eligieron como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el 2020, lo que le dio fuero para evadir el juicio por corrupción en la Corte Suprema y pasar a ser investigado por la Cámara de Representantes, donde han pasado cinco años sin que ocurra nada con su caso, como suele suceder en esa instancia, mientras él sigue moviendo sus influencias en entidades como la Personería de Bogotá y la CAR Cundinamarca.
El personero distrital, Andrés Castro, y el director de la CAR, Alfred Ballesteros, serían piezas claves en la red de alianzas y complicidades que ha logrado construir Granados y que, hasta ahora, le han permitido evadir no solo el llamado a juicio de la Corte Suprema sino también el proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por el supuesto favorecimiento a Odebrecht.
El actual director de la CAR, Ballesteros, ya había dirigido esa corporación entre 2012 y 2015, período durante el cual Granados, como gobernador de Boyacá, hacía parte del Consejo Directivo de esa entidad, en cuya condición habría usado su influencia para que se beneficiara a Odebrecht con un contrato para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre, de acuerdo con la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría en el 2018.
En el mismo proceso disciplinario, la Procuraduría incluyó a Ballesteros, aunque la investigación en su contra fue finalmente cerrada.
La simultaneidad y reciprocidad de contratos que queda expuesta en el caso de las esposas de Granados y del Personero de Bogotá se repitió en el 2025 con al menos otras ocho personas, según lo que han documentado con detalle el presidente del sindicato Sindeperbo, Carlos Franco Gallego, y parte de su junta directiva.
La sorprendente influencia del sombrío Granados plantea de nuevo la urgencia de reformas institucionales que impidan el uso de posiciones destacadas en la administración pública para sacar provechos personales y familiares. Si bien esto no está clasificado como delito, es a todas luces una práctica antiética e ilegítima que les cuesta muchos millones de pesos a los contribuyentes.
Los colombianos no podemos resignarnos a que una gran parte de la clase política normalice estas roscas que producen distorsiones institucionales y abren de par en par las puertas a la corrupción y a la impunidad.
Siendo yo concejala de Bogotá en el 2020 me negué a votar por el hoy personero de Bogotá, Andrés Castro, que en ese entonces aspiraba a ser contralor distrital, pues fue evidente el arreglo de 26 concejales para elegirlo, a pesar de los cuestionamientos que le hacíamos algunos por sus nexos con Granados.
Durante la entrevista en el Concejo para optar por el cargo de contralor distrital, Castro evadió una pregunta que le pedía evaluar de 1 a 10 a su exjefe Granados. Como lo dejé consignado en el libro Una periodista en las entrañas de la política -en el que di testimonio sobre la componendas y hechos cuestionables que presencié en la corporación-, el hoy personero de Bogotá dijo que no tenía “los elementos para hacer esa evaluación”.
Evidentemente, no quería molestar a su exjefe Granados, con quien mantiene una buena relación, a juzgar por las contrataciones que le ha dado a la esposa del magistrado, Patricia Reyes.
Esta columnista intentó conocer las versiones del magistrado Granados, el personero Castro y el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, sobre estas denuncias, pero ninguno de los tres respondió los mensajes.
