Comprando pueblo
La compra de votos ha sido una de las lacras de la democracia colombiana. En las elecciones no es extraño oír a los gamonales locales andar por ahí pregonando que a cien mil por voto, con lechona y papayera incluida. Históricamente esa práctica es de las que más han afectado y distorsionado la expresión auténtica de la voluntad popular. La búsqueda de recursos para la compra de votos para esos propósitos también induce a la corrupción porque a quienes ponen la plata para esas operaciones criminales hay que compensarlos con contratos, puestos y prebendas.
La lucha contra esas modalidades de corrupción ha sido larga y han existido avances importantes. Luis Carlos Galán y Carlos Lleras Restrepo fueron pioneros en denunciar el gamonalismo, el clientelismo y la compra de votos. La legislación sobre financiamiento de campañas y contra la corrupción electoral ha avanzado.
Sin embargo lo que más ha servido para golpear la práctica de compra de votos es la modernización del país, los nuevos medios de comunicación social y la educación en general. El voto independiente ha crecido y sin duda es factor decisivo hoy en el resultado de las elecciones. El ascenso electoral de fuerzas no tradicionales en la política, como es el caso del Partido Verde y el Pacto Histórico, tiene mucho que ver con el resquebrajamiento de los patrones tradicionales de cooptación del voto popular.
La oposición a los partidos tradicionales -como el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michelsen en su época- y los movimientos de izquierda han denunciado esas prácticas de manera firme y consistente. Son innumerables las ocasiones en que Gustavo Petro y tantos otros líderes de esa ala del espectro político, a lo largo de su vida, han criticado ferozmente la compra de votos.
Sin embargo, una vez en el poder el presidente Petro y el Pacto Histórico parecen haber renunciado a sus reticencias con el uso de dineros públicos para lograr apoyos políticos. Todo indica que el petrismo se ha inventado una modalidad muy eficaz de lograr respaldo político.
La politóloga Elizabeth Ungar Bleier, quien fuese la directora de Transparencia Internacional para Colombia, y experta en asuntos de corrupción en la política y en el proceso electoral, denuncia en un reciente artículo en El Espectador ('Los Derechos de los Ciudadanos', septiembre 5 de 2024) que en este gobierno con recursos públicos, “Nuevamente, el derecho a la protesta está siendo direccionado y posiblemente manipulado”.
Las Juntas de Acción Comunal, una herramienta que históricamente era manipulada por los partidos tradicionales con fines electorales, ha revivido en este gobierno con una fuerza inusitada con el fin de apoyar al gobierno y a la figura presidencial. La contratación con Juntas de Acción Comunal durante el gobierno Petro ha crecido en 92 por ciento. Las organizaciones indígenas han recibido cientos de miles de millones de pesos. El Consejo Regional Indígena del Cauca ha recibido en los dos primeros años de gobierno contratos por 160.000 millones de pesos (Secop). Según el portal de noticias Infobae, desde el 7 de agosto del 2022, el valor de los contratos destinados directamente a la Guardias Indígena asciende a 7.000 millones de pesos. Denuncia El Espectador que el Gobierno Petro ha firmado 20 contratos con una empresa “relacionados con la planeación, organización, (de eventos) siendo algunos de estos las marchas por valor de $ 114,000 millones”.
Es decir, las multitudinarias marchas de las que tanto se ufana el mandatario y su partido han recibido el modesto incentivo de cientos de miles de millones de pesos en todas las modalidades. El famoso “balconazo” de Petro -que tanto nos recordó los de Perón, Castro y Chávez- costo varios cientos de millones de pesos. Vaya uno a saber cuánto irá a costar la movilización que ha convocado el Presidente en compañía de Fabio Arias Giraldo, de la CUT, el 19 de septiembre porque “estamos ante un golpe de Estado”.
La izquierda ha hecho de la autonomía de las organizaciones de base una de sus banderas más preciadas. A lo largo de la historia han luchado para que los campesinos, los indígenas, los campesinos, las organizaciones populares no dependan del gobierno de turno y sean independientes en sus decisiones políticas. La gran paradoja es que ahora cuando llega la izquierda a la Casa de Nariño, Petro no ha hecho más que cooptar, someter y coartar la autonomía popular usando dineros públicos. El Pacto Histórico que tanto ha denunciado la compra de votos en el pasado ahora eleva esa práctica a un nivel superior: la compra de pueblo.
Twitter: @gabrielsilvaluj.
