Cuando las buenas intenciones encarecen el empleo

En los últimos quince días he escuchado lo mismo de tres empresas medianas de sectores distintos: “hemos replanteado toda la operación, rebajado un turno, recortado horas”. Lo que empezó como presagio de lo que ocurriría con la reforma laboral, ya es una señal de alerta temprana: no basta con aprobar leyes de espíritu progresista si, en la práctica, las empresas responden reduciendo empleo formal —con despidos o eliminación de turnos— más que generando nuevas oportunidades.

No es sorpresa. El propio Gobierno había anticipado que su reforma laboral no buscaba crear empleo. Es una lástima y una oportunidad perdida. La Ley 2466 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro, introduce mayores derechos para los trabajadores con la imposición de costos laborales adicionales que, si no se compensan con productividad o crecimiento, pueden afectar la sostenibilidad empresarial.

Entre los puntos que más inquietan al sector productivo se destacan:

1. El recargo nocturno se pagará desde las 7:00 p.m., en lugar de las 9:00 p.m.
2. Los recargos por trabajo dominical y festivo aumentarán progresivamente hasta el 100 por ciento.
3. La jornada máxima diaria se mantiene en ocho horas, con una semana laboral de 42 horas, reducción que ya era de 48 a 42 y que venía implementándose desde la Ley 2101 de 2021, aprobada durante el Gobierno de Iván Duque.
4. Los contratos de aprendizaje vuelven a ser considerados relaciones laborales, con remuneración y prestaciones.

“El resultado inmediato fue la salida de varios trabajadores en las tres empresas”.

No todo ha sido motivo de inquietud. Por ejemplo, la reforma eliminó el requisito de autorización previa por parte del Ministerio del Trabajo para que un trabajador realice horas extras, un cambio que en esta misma columna habíamos pedido en reiteradas ocasiones por ser una traba burocrática innecesaria. Esa modificación moderniza la regulación y facilita acuerdos voluntarios entre empleador y empleado, especialmente en sectores con demandas de producción variables.

Pero veamos la otra cara de la moneda, la que va más allá del texto de una ley. Las empresas que ya venían ajustando su operación a la reducción gradual de horas ahora enfrentan un entorno más rígido, con costos laborales crecientes. Las tres compañías de sectores distintos que mencioné —manufactura, logística y servicios— me explicaron que, ante los nuevos recargos de ley, optaron por eliminar un turno, reorganizar su producción o automatizar procesos. El resultado inmediato fue la salida de varios trabajadores en las tres empresas.

¿Qué pasará con ellos? Hay tres escenarios posibles: que sean recontratados por empresas en expansión, que encuentren empleo en las que se puedan estar creando o, en el peor de los casos, que pasen a engrosar las cifras de desempleo o informalidad. Solo hasta que el DANE publique los indicadores actualizados de empleo sabremos los efectos de esta reforma laboral y cuál escenario predominará.

“Subir el salario siempre es deseable, pero hacerlo sin medir el impacto sobre la base empresarial puede resultar contraproducente”.

Existe una tensión inevitable entre el legítimo propósito de ampliar derechos laborales y la capacidad de las empresas para sostenerlos. En la práctica y sin duda muchas más empresas están reduciendo turnos, automatizando operaciones, ajustando estructuras y, en los casos más extremos, trasladando parte de su operación al exterior. El riesgo es evidente: que reformas concebidas con fines de justicia social terminen generando una rigidez que limite la capacidad de adaptación empresarial, con efectos negativos sobre el empleo, la competitividad y la inversión.

A ello se suma la discusión sobre el salario mínimo. Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, ha pedido que el aumento de fin de año sea “más relevante que el año pasado”. En un contexto ya recargado de costos, un incremento excesivo podría ser el golpe final para muchas pymes y sectores empresariales de bajo margen. 

Subir el salario siempre es deseable, y desde luego popular, pero hacerlo sin medir el impacto sobre la base empresarial puede resultar contraproducente. Desde 2015, el salario mínimo en Colombia ha aumentado un 121 por ciento, y un 62 por ciento desde 2020, mientras la inflación acumulada en esos mismos periodos fue de 85 por ciento y 47 por ciento, respectivamente (proyecté para 2025 una inflación anual del 5.3 por ciento). Es decir, el salario mínimo real ha crecido muy por encima del costo de vida, lo que representa un avance social innegable, pero también un riesgo creciente para la sostenibilidad del empleo formal y la competitividad de las empresas.

“Veremos si fue posible reivindicar derechos sin ahogar la lógica empresarial…”.

En los próximos meses será clave observar la evolución del mercado laboral. Si el desempleo aumenta —en especial entre jóvenes, mujeres o quienes buscan su primer trabajo— habrá que preguntarse cuánto tuvo que ver la reforma. Si el empleo formal se estanca y el informal crece, la prometida formalización que tanto clama el Gobierno Petro habrá quedado en el papel. También habrá que seguir los indicadores de productividad e inversión, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra, donde los mayores costos laborales pueden frenar su crecimiento o poner en riesgo su existencia.

La reforma laboral del Gobierno Petro para muchos tiene méritos innegables: restituye derechos, busca equidad y promueve estabilidad. Pero su talón de Aquiles es claro: si las empresas responden ajustando hacia abajo en lugar de contratando, los efectos serán contrarios a los deseados. Los próximos meses serán decisivos para saber si las tres empresas que ya se ajustaron son excepciones o la punta de un iceberg.

Esta reforma se pondrá a prueba en la realidad. Veremos si fue posible reivindicar derechos sin ahogar la lógica empresarial que, al final, es la que los financia y hace sostenibles. 

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