El desorden fiscal: la dura herencia que recibe el próximo Gobierno

La manera ligera como se viene manejando la situación fiscal del país permite tejer desde ahora una cadena de eslabones conformada por los desórdenes fiscales tolerados –toda vez que este Gobierno dijo que no hará ningún esfuerzo por corregir el apremiante ajuste fiscal– que será tarea que queda para la próxima administración.

Hagamos una lista de esas ligerezas fiscales que quedan como una pesada herencia para el Gobierno que tomará posesión el 7 de agosto de 2026, si no queremos que Colombia se despeñe por el camino de la inviabilidad fiscal.

1.  El Gobierno se ha especializado últimamente por tapar huecos de las vigencias cercanas abriendo troneras en los años venideros. Es la política que aplicaba Simón el Bobito según nos cuenta don Rafael Pombo: “Simón el bobito vio un montón de arena que estorbaba el paso y todos decían: ‘¿Qué haremos allí?’ / ‘bobos’, dijo el niño resolviendo el caso: ‘abran otro hueco y échenla ahí’”. El decreto que anticipó las retenciones en la fuente que deberían pagarse en 2026 al 2025 es una buena muestra de ello: se abrió un inmenso hueco fiscal en el 2026 para tapar otro equivalente en el 2025, sin que se cumplieran las normas que permiten cambiar las fechas y porcentajes de las retenciones.
2. La discusión del presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 es una buena muestra de la improvisación imperante. Primero se presentó un proyecto de ley de rentas y apropiaciones para el año entrante por 556 billones de pesos y luego se redujo ese monto a 546 billones al anunciar que algunos de los impuestos que figuraban en el proyecto inicial de la reforma tributaria (que ni siquiera se ha comenzado a discutir) ya no irían (cervezas y combustibles). De esta manera se redujo el monto inicial en 10 billones de pesos al recortar el cálculo inicial de recaudos que produciría la reforma tributaria. Se evitó así que el presupuesto tuviera que ser expedido por decreto, pero quedó vivo el tema del desfinanciamiento en las cuentas fiscales para el 2026. El descuadre es mucho mayor que 10 billones de pesos. Y, por tanto, el presupuesto del año entrante queda marcado por la inviabilidad fiscal. O sea, es un presupuesto al cual habrá que hacerle recortes quiérase o no.
3. Según cálculos que ha divulgado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit fiscal del 2025 estará cercano al 8 por ciento del PIB (el más alto de la historia fiscal reciente del país, superior inclusive al que se contabilizó en los tiempos de la pandemia); y el endeudamiento público –como consecuencia de la suspensión de las barreras de prudencia que imponía la regla fiscal– andará al terminar el 2025 cercano a los niveles 63 por ciento del PIB. También el más alto de la historia reciente.
4. Dicho en palabras más simples: el ajuste fiscal se está haciendo, pero a base de más endeudamiento y de anticipar ingresos de vigencias venideras. Los recaudos siguen colgados con relación a los estimativos anteriores. Y los ingresos tributarios continúan inciertos, aún si se aprobara (cosa que es bien improbable) la inoportuna reforma tributaria que ha presentado el Gobierno y que ya empezó a despresar aún antes de que comience su discusión.
5. -El que se haya evitado la expedición por decreto del presupuesto del año entrante no es ningún éxito ni para el Gobierno ni para el Congreso. Es la vía normal como en una democracia se discuten y se aprueban los presupuestos. Y el hecho de que los estimativos originales se hayan terminado recortando en 10 billones de pesos tampoco aseguran el equilibrio presupuestal al fin de la vigencia. No solo porque aún se cuenta con ingresos meramente “apuntados” en un monto presupuestal de 16 billones de pesos provenientes de una ignota reforma tributaria, sino porque según cálculos de los más serios centros de prospección tributaria y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el recorte –para que las cuentas de la hacienda pública sean creíbles el año entrante– tiene que ser mucho más profundo. Estos centros hablan de un recorte indispensable del orden de 40 billones, por lo menos.
6. O sea, aún si se aprobara la reforma tributaria (hecho absolutamente incierto dado el deterioro creciente de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso), se requerirían recortes mucho mayores a los 16 billones de pesos que produciría la hipotética reforma tributaria.
7. Recortes reales del programa de gastos: no simples aplazamientos que es lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el año pasado. El aplazamiento es algo transitorio para modular baches de ingresos a lo largo del año. En cambio, los ajustes se imponen cuando al final de la vigencia se hace evidente que el programa de gastos no podrá ser cubierto con los ingresos efectivos.
8. El problema real y profundo que exhiben las finanzas públicas del país es que los gastos primarios (que para hablar en buen romance son los incrementos en la burocracia) suben en ascensor mientras que los ingresos ascienden por una penosa escalera. Los gastos asociados a gastos de personal durante el Gobierno Petro habrán crecido en casi medio millón de empleados públicos al terminar la actual administración. Mientras que los ingresos tributarios o no han subido o lo han hecho muy poco.
9. Ese es el corazón del problema fiscal que estamos viviendo. Como los mayores gastos hay que financiarlos de todas maneras, esto se está haciendo con mayor endeudamiento como ha quedado señalado y como lo permite ahora la cuestionable suspensión de la regla fiscal.
10. Las finanzas públicas sanas son un ‘bien público’ en toda sociedad. El Gobierno actual parece tener sin cuidado alcanzar ese bien público, cuyo incumplimiento se traduce en inflación o en deterioro del crecimiento económico. El próximo Gobierno tendrá como primer punto de su agenda recordar algo tan elemental como fundamental, y actuar en consecuencia: que la sanidad de las finanzas públicas importa. Y que su desatención, tarde o temprano, acaba pagándola toda la sociedad. Comenzando por los más pobres.