Financiación de la educación superior: entre la equidad y la eficiencia
Esta semana coincidieron dos foros sobre el futuro de la educación superior en Colombia. Uno, organizado por Diálogos de Futuro en alianza con ASCUN y varias universidades. El otro, impulsado por Prisa Media con el apoyo de varias instituciones de educación superior. Ambos pusieron en el centro un asunto decisivo: la financiación.
La Constitución define la educación como un derecho y un servicio público con función social. En Colombia ese derecho se concreta en un sistema mixto, en el que conviven instituciones públicas y privadas. El Estado debe garantizar acceso, permanencia y calidad, pero su limitada capacidad fiscal ha obligado históricamente a compartir responsabilidades con el sector privado. Actualmente, de los 2,5 millones de estudiantes matriculados en educación superior, el 44 % está en instituciones privadas.
La demanda está creciendo y los esquemas tradicionales de subsidio y crédito muestran límites. Para miles de jóvenes —sobre todo en regiones apartadas— estudiar sigue siendo un privilegio. En estas circunstancias es urgente buscar los mecanismos para optimizar el gasto público y abrir nuevos caminos de financiación.
Las modalidades de financiación siempre plantean la tensión entre equidad y eficiencia. La equidad implica garantizar acceso a quienes más lo necesitan, y la eficiencia, optimizar recursos limitados. La financiación pública puede otorgar subsidios directos gracias a los impuestos. Esta es la vía redistributiva clásica. El otro camino es el de los créditos o esquemas de cofinanciación, que trasladan parte de la responsabilidad al beneficiario. Entre ambos puntos existen múltiples combinaciones posibles: contribuciones (sobretasa a impuestos que se inviertan directamente en educación superior), becas-crédito condonables, fondos de garantía y pagos contingentes al ingreso. Colombia tiene que diseñar un portafolio equilibrado de instrumentos, capaces de responder a la diversidad de contextos y de estudiantes, sin sacrificar ni la equidad ni la eficiencia.
En ese contexto, vale la pena destacar dos avances recientes en la política pública. El primero es la reforma a la Ley 30 de 1992, aprobada en segundo debate por el Senado, que corrige una falla estructural. Durante treinta años los presupuestos de las universidades crecieron al ritmo de la inflación, muy por debajo de sus costos reales. Con la reforma, el ajuste se hará cada año con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, que refleja mejor la realidad de salarios docentes, laboratorios y bibliotecas. Además, la proporción de recursos destinados a inversión pasará del 30 al 70 por ciento del crecimiento de la economía y, por primera vez, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrán un piso presupuestal equivalente al 0,05 por ciento del PIB. Se estima que a 2040 el aumento será de 18,7 billones de pesos. Una señal clara de que se empieza a saldar una deuda histórica con la educación pública. De otro lado, queda pendiente la revisión y modificación del decreto 1279 de 2002 que fija el régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios, cuyo peso en la estructura de costos es significativo.
El segundo avance es la política de gratuidad, que, aunque se inició con el gobierno anterior, quedó consagrada en la Ley 2307 de 2023. Cerca de 900.000 estudiantes en universidades e instituciones técnicas y tecnológicas oficiales no pagan matrícula. Esto ha contribuido a que la cobertura alcance el 57,5 por ciento, la más alta en una década. Sin embargo, la gratuidad cubre solo la matrícula y deja por fuera costos como transporte, alimentación o bienestar. Además, carece de indicadores transparentes para medir su impacto real. El riesgo es que se convierta en un alivio inmediato pero insuficiente, si no se acompaña de políticas de calidad, pertinencia y equidad territorial.
Ambos mecanismos —Ley 30 y gratuidad— requieren financiación. De ahí la necesidad de explorar nuevos modelos. Están surgiendo propuestas que diversifican fuentes y flexibilizan condiciones: créditos que se pagan según el ingreso del egresado, fondos de inversión social, esquemas de pago por resultados o alianzas público–privadas para compartir riesgos. La banca comercial empieza a diseñar productos ajustados a realidades locales, y las políticas públicas examinan subsidios focalizados y cofinanciación.
La viabilidad de cualquier instrumento depende del contexto. En las actuales condiciones el Estado no tiene capacidad institucional ni fiscal para garantizar acceso universal. En este escenario, la corresponsabilidad entre Estado y sector privado es la única vía.
Esa corresponsabilidad debe adaptarse a cada territorio. En grandes ciudades como Bogotá o Medellín, los créditos contingentes al ingreso son viables gracias a la formalidad laboral y a la capacidad fiscal local. En capitales intermedias, como Bucaramanga o Pasto, funcionan mejor los créditos con garantía estatal y becas parciales, sumados a microcréditos para técnicos y tecnólogos. Y en regiones más vulnerables —el Pacífico, la Amazonía— la respuesta no es el crédito, sino becas-crédito condonables ligadas a la graduación o al servicio social, acompañadas de subsidios de sostenimiento. Aquí la cooperación internacional y la filantropía pueden ser claves.
Colombia necesita abrir con decisión estos nuevos caminos. La educación superior no puede depender del lugar de nacimiento o de la capacidad de endeudamiento de una familia. Con financiación flexible, corresponsabilidad y políticas centradas en el estudiante, el país puede democratizar de verdad el acceso y garantizar que más jóvenes no solo ingresen a la universidad, sino que culminen sus estudios y construyan futuro. Ese es el reto. Asumámoslo.
**Posdatas.** 1. La política de gratuidad exige transparencia. Resulta inaceptable que, en un país con tantas restricciones, casos como el de Margarita Rosa de Francisco —quien recibió el beneficio sin cumplir los requisitos de vulnerabilidad— pasen sin sanción. Daña la legitimidad de la política y envía un mal mensaje.
2. La gobernanza de las universidades públicas vive una crisis seria. La designación de rectores se ha convertido en botín político, como lo muestran los recientes episodios en la Nacional y otras universidades. Hoy lo que se vive en la Universidad del Atlántico es inaceptable. Se habla de todo, menos de academia. Sin buena gobernanza, incluso mayores recursos corren el riesgo de perderse en disputas políticas.
