Hay que seguir buscando la paz
“Yo fui a Granada a preguntar quién mató a mi esposo o si fue confundido, o por qué lo hicieron. El señor personero me dijo: ‘Espere un momentico la respuesta’. Luego salió y me entregó un oficio: ‘A su esposo lo mataron por problemas ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno’. Esa es la guerra que estamos viviendo”. José Ignacio Reyes era candidato al Concejo de Granada, Antioquia, por la Unión Patriótica. En 1989, él y Francisco y Nidia Reyes fueron acribillados cuando conducían un Nissan en un punto conocido como 85. Eran tres hermanos. A José Ignacio, además, le vertieron ácido en un brazo.
El 16 de junio de 1985, en Pueblo Bello, Cesar, se hizo uno de los actos fundacionales de la Unión Patriótica como partido político surgido de los Acuerdos de La Uribe, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, en cabeza de Belisario Betancur. La dirigente cívica Imelda Daza estaba allí. Dos líderes campesinos, como muchos otros, dieron hospedaje a algunos dirigentes de la guerrilla, y por ese hecho, fueron asesinados días después. La Operación Baile Rojo se había iniciado. Ella y otros miles debieron salir del país. Más de 3.000 personas serían asesinadas en razón de haber participado de este movimiento durante los siguientes quince años.
Ayer como hoy, la UP representó la oportunidad política para sindicalistas; movimientos sociales, cívicos y campesinos; intelectuales; artistas, y maestros, entre otros actores, de participar en la política electoral colombiana: “Era pelearse un espacio político en un país con una gran intolerancia”, dice la senadora Aída Avella, exiliada en Suiza durante veinte años tras un atentado realizado con un rocket en la autopista Norte de Bogotá, en 1995, cuando era concejal por ese partido. “Nosotros estamos convencidos de que se han abierto las vías políticas para un verdadero diálogo nacional”, decía el senador y candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1989.
Tras cuarenta años de ese día en Pueblo Bello, el Estado colombiano se propone hacer, el próximo noviembre, en Santa Marta, el acto público de perdón luego de haber sido condenado como responsable del genocidio de la Unión Patriótica.
En septiembre de 1985, la crisis de las negociaciones de paz eran evidentes: las fuerzas militares y parte del establecimiento político ya habían iniciado una cruzada en contra de quien apoyara a las diversas guerrillas colombianas y no estaban dispuestos a concederles algún espacio. Habían conocido el plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y hacerle un juicio al presidente de la República por traicionar la paz. Por ello, el 6 y el 7 de noviembre de ese año, lo que ocurrió fue una trampa mortal en la cual murieron más de cien personas, en una toma absurda y una contratoma brutal, como lo ha venido a recordar la durísima película Noviembre, dirigida por Tomás Corredor.
Durante estos cuarenta años, el establecimiento colombiano ha construido un relato delirante que se ha convertido, para ellos y quienes quieren parecerse a ellos, en un sentido común. Esa idea de que todo aquel o aquella que se inscriba dentro del progresismo o la izquierda es un enemigo, un asesino o un aliado de la guerrilla. Ayudó a esta idea la degradación de una guerra como la que vivimos a partir de 1987, cuando los paramilitares, financiados por narcotraficantes, políticos y muchos empresarios colombianos, asumieron una especie de reconquista asesina en la cual masacraron miles de personas y desplazaron a millones, convirtiendo al país en un campo de gente desplazada y violentada. Ante tal fragmentación, las guerrillas como el M-19 o el EPL comenzaron a desmovilizarse a finales de esa década, pero otras, como el ELN y las FARC, se radicalizaron y convirtieron su lucha en una mezcla explosiva de control territorial, captura de rentas de economías ilícitas, secuestros, torturas y asesinatos de civiles.
Nueve años después de aquel día en Pueblo Viejo, donde había comenzado el fenómeno político que consiguió catorce congresistas en 1987, el dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en Kennedy, en Bogotá. Su hijo, Iván, tenía entonces treinta y dos años. Iván Cepeda Castro es filósofo con maestría en Derechos Humanos. Ha sido defensor de víctimas, representante a la Cámara y senador.
Desde hace treinta años es una voz de gran importancia para este país. Exiliado cuando niño, después de que su padre fuera apresado en los años sesenta, y luego de que lo asesinaran, a finales de los noventa, regresó al país para ponerse al lado de miles en el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice), que este año ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos. Cepeda ha sido una voz política, ética, lúcida e inteligente: ha liderado demandas contra el Estado colombiano, como la que lo llevó a reconocer, en boca del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en 2011, la absoluta responsabilidad estatal en el crimen de su padre, Manuel Cepeda Vargas, asesinado por orden de Carlos Castaño, y la del recién condenado José Miguel de Narváez, un turbio oficial de inteligencia que ocupó la subdirección del DAS durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que el mismo Cepeda investigó.
En 2014, siendo senador, asumió el debate que había iniciado el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sobre el paramilitarismo en Antioquia y la connivencia y complicidad de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y presidente de Colombia; esto le costó una demanda que terminó volteándose a su favor.
Iván Cepeda salió de ese juicio, consultó a sus médicos —pues padeció un cáncer en 2018— y tomó la decisión de presentarse a la consulta del Pacto Histórico, el próximo 26 de octubre, como precandidato presidencial.
Si he recordado algunos hechos de esta historia larga y dolorosa que ha sido relatada en documentales como El baile rojo, de Yezid Campos, y Armas y urnas, de Stephen Dudley, entre muchos otros documentos, reportajes y libros, es porque Iván Cepeda Castro hace parte de esa historia de hombres y mujeres que no han dejado de insistir en un camino de paz y de reconciliación desde la posibilidad de tener un espacio político para la izquierda. A su padre, y sus colegas de los años sesenta, como Jaime Pardo Leal o Jaime Bateman, se les negó ese derecho al perseguirlos hasta ilegalizarlos o asesinarlos.
Poco a poco, con paciencia, y durante medio siglo, la mentalidad de Estados Unidos, a través de nuestras clases dirigentes, hicieron el trabajo de considerar que la izquierda era un virus, y que la reacción brutal y represiva del Estado colombiano era una respuesta legítima. Ya hemos visto que, si se atienden las numerosas condenas que ha sufrido el país en materia de derechos humanos por la CIDH, no ha sido así.
La oposición en Colombia hoy ha entendido el juego de prevalecer avivando esas viejas ideas anquilosadas que pretenden convertir esta disputa entre amigos de las guerrillas y gente de bien. Para recuperar el lugar que creen les está predestinado, son capaces hasta de hablar en contra de la propia paz que ayudaron a construir. Así lo dijo el expresidente Santos el pasado domingo a El Espectador. Como buen patriarca, ahora se arroga el derecho de decir que no se ha hecho nada en materia de paz total en este Gobierno, para erigirse como el único indestronable. Yo me pregunto si las más de quinientas mil hectáreas entregadas a campesinos, si la disminución de la pobreza, la estabilidad de la economía, el empeño de la paz del sur, el aumento de las mesadas para ancianos, la reforma laboral y pensional, entre otros, no son hechos de paz.
Yo me pregunto, y les pregunto a quienes piensan capitalizar la dificultad de un momento complejo en materia de violencia en Colombia, si la llegada de Iván Cepeda Castro, un demócrata de izquierda, un defensor de derechos humanos, un hombre austero, ético y responsable, uno de los hombres que estuvieron en La Habana desde 2012 en aquel proceso que parece tiene dueños para lo bueno pero no para lo complejo, no es la mejor noticia para un país que debería entender, de una vez por todas, que el único camino es la paz, cueste lo que cueste. Eso es lo que está en juego este 26 de octubre. Iván Cepeda Castro es el camino para que la paz no sea asesinada en primavera; para que el ARTE, acrónimo de su campaña —austera, responsable, transparente y ética—, vuelva a habitarnos, y tal vez empiece a revelar cuánta imaginación política —y cuánta poesía— les ha faltado a nuestros líderes para entender la necesidad profunda de creer en que somos y vivimos en la biocultura: la cultura de la vida.
