La ADRES publicó datos reservados de miles de colombianos
Tal vez la argucia narrativa y mediática que más le gusta al Gobierno de Gustavo Petro es la de la acusación terrible. Suele, primero, repetirse por parte del propio mandatario a través de su poderosa cuenta de X y luego replicarse en sus extensas, y ahora limitadas, alocuciones. Esta semana que pasó, por ejemplo, dijo en un corto trino que quien se había robado Ecopetrol había sido “Bayona”. No presentó evidencia alguna de una acusación tan seria, ni elaboró lo que quería decir con ello. Tres años después del inicio de su gobierno, que ha controlado las mayorías de la junta directiva de la petrolera, además de su administración con Ricardo Roa, no existe una sola denuncia en Fiscalía, Contraloría o Procuraduría en este sentido. En los temas de la salud, especialmente cuando las comisiones de Cámara y Senado tienen previsto discutir el futuro de la reforma, el Gobierno ha utilizado la misma estrategia: hacer públicas unas acusaciones de unos robos billonarios en contra del sistema por parte de las EPS.
En los últimos meses, por ejemplo, Petro ha acusado a varias EPS —entre ellas Sura y Compensar— de cobrar al sistema de salud servicios prestados a personas fallecidas. Según el presidente, entre 2020 y 2023 se habría “robado” alrededor de 2,2 billones de pesos con tratamientos a 470.000 pacientes muertos. Estas cifras que repite el presidente Petro, y que luego replican sus cuentas de influenciadores en redes sociales y en el medio oficial, RTVC, salen de un informe de la ADRES, entidad que administra los recursos de la salud. Lo que hizo la ADRES fue cruzar dos bases de datos: una con los servicios reportados por las EPS y otra con los fallecimientos registrados. Si algún paciente tenía una atención médica después de la fecha de su muerte, se encendía una alarma. Los resultados mostraron 471.480 casos entre 2018 y 2023, por un valor de 2,3 billones de pesos, siendo Sura, Compensar y Savia Salud las EPS con las cifras más grandes.
Las EPS, que a lo largo de los años sin duda han sido responsables de irregularidades, respondieron que no autorizan ni atienden a personas fallecidas y que el problema obedece a errores de registro o demoras en los reportes. Las clínicas, dicen, pueden tardar días o semanas en emitir las facturas después de que un paciente muere, y el sistema registra la fecha del documento, no la del servicio. La ADRES insiste en que esas demoras no justifican los errores y que algunas podrían implicar alteración de datos. Sea como fuere, en el documento de análisis de la ADRES estuvo, también, publicado un asunto grave: una posible violación a cientos de miles de historias clínicas de colombianos que murieron entre 2018 y 2023. En la tarde del viernes 17 de octubre, en la cita número 8 de este documento que aquí adjunto, era posible visualizar cientos de miles de datos de pacientes fallecidos. Sus cédulas, sexo, EPS, régimen, atenciones, prestador, causa de defunción, costo total, entre otros. El documento, con estos datos en un Power Bi, está publicado desde el jueves 16 de octubre y en algunos chats desde la semana anterior. El sábado en la mañana, seguramente advertidos de la grave equivocación, bajaron los documentos.
El Estado, me explica el doctor Johnattan García-Ruiz, investigador de salud pública, tiene la obligación de garantizar la confidencialidad de esta información reservada. Es cierto, añade, que en Colombia no hay una ley específica sobre el tema, pero la de Habeas Data protege la historia clínica y los datos reservados. Tal vez la Procuraduría debería investigar estas fallas en la custodia de los datos y determinar las responsabilidades. Tal vez el afán de protagonismo de la ADRES, en su intento por demostrar un enorme descalabro del sistema de salud, los llevó a publicar información sensible de cientos de miles de colombianos. Este episodio, que no es menor, demuestra también un patrón de mediocridad constante, de mentiras completas, verdades a medias e indignaciones selectivas. Si es cierto, como afirma el Gobierno, que hay 471.000 casos de tratamientos a pacientes muertos y un robo de 2,3 billones de pesos, lo que corresponde es una denuncia, o varias, en la Fiscalía. Sería el peor escándalo de corrupción en la historia de Colombia.
Volviendo al principio, el ejercicio de indignaciones del Gobierno sigue este mismo patrón: denunciar y trinar en la esfera pública robos multimillonarios, vociferar que fulanito es un ladrón responsable de billones de pesos en desfalcos, trampas y engaños. Generalmente, las acusaciones terminan ahí, en trinos mal escritos o en informes en PDF que publican, por error, miles de datos reservados de colombianos que murieron entre 2018 y 2023.
