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Lunes 4 de mayo de 2026
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Jorge Espinosa

La pelea de Petro con Naciones Unidas por cifras de cocaína

En el año 2014, el potencial de producción de cocaína de Colombia era de 499 toneladas. Era aún el Gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de paz con las FARC completaba casi dos años. A partir de esa fecha, ese indicador, que mide la cantidad teórica de cocaína que podría producirse considerando factores como las hectáreas de cultivos de coca detectadas, la cantidad de hoja producida por esas hectáreas y la eficiencia de extracción del alcaloide en las hojas cultivadas, no ha hecho otra cosa que incrementarse. Al final del Gobierno Santos, cuando la paz ya estaba firmada, el incremento en el área cultivada de coca había subido de 69.000 hectáreas en 2014 a 171.000 en 2017. Iván Duque, que llegó a la jefatura del gobierno en 2018, se encontró con 169.000 hectáreas sembradas y una producción potencial de cocaína de 1.120 toneladas. Ese Gobierno –y perdonen ustedes la cantidad de cifras, pero se requieren para entender esta discusión– tampoco logró disminuir el área cultivada de coca, que en 2022 fue de 230.000 hectáreas, ni la producción potencial de cocaína, que se ubicó en la cifra récord de 1.738 toneladas. Esa herencia, que no es para sacar pecho, fue la que se encontró el Gobierno de Gustavo Petro.

Vamos entonces a lo que ha pasado en las últimas semanas. El Gobierno ha dicho que la culpa de la descertificación por parte de Estados Unidos –que en realidad fue más a la figura del presidente Petro que al país– fue de la cifra de producción potencial de cocaína en el 2023: 2.664 toneladas, un impresionante incremento de 900 toneladas en 12 meses. Estas cifras, que mide el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde 2005, están ahora seriamente cuestionadas por el Gobierno Petro. El argumento central del petrismo es que Iván Duque, en compinchería con Naciones Unidas, decidió no actualizar las cifras de cultivos en distintas zonas del país –como Meta, Guaviare y el Pacífico– desde 2018 y 2019 y que esa omisión generó un rezago en la información que, finalmente, se publicó en 2023. En un artículo en la revista gobiernista Raya lo resumen así: “Si se hubiera actualizado la información del Pacífico antes de 2023, el rendimiento nacional también habría aumentado y la producción potencial de cocaína no habría tenido ese salto del 53 por ciento en 2023”.

En efecto, Naciones Unidas, que enfrenta esta crítica del Gobierno desde el año pasado, ha reconocido que hay limitaciones metodológicas y que van a revisar la manera como se hacen estos cálculos. La United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), que por lo demás recibe voluminosos recursos para ejecutar iniciativas del Gobierno, a diferencia de lo que ha repetido el Gobierno esta semana que pasó, no reconoce un error, entre otras cosas porque la cifra de 2.664 toneladas de producción potencial de cocaína se mantiene, por ahora, intacta. Lo que parece sugerir el Gobierno es que, si Naciones Unidas hubiera actualizado las cifras desde 2018, el Gobierno Duque hubiera tenido unas cifras de producción potencial de cocaína mucho más altas y que ese salto de 2022 a 2023 no hubiera sido tan grande.

Sí, esto puede ser cierto y hay además razones para argumentarlo. Que se abra el debate sobre cómo se miden y se reportan esas cifras de Naciones Unidas es importante. Ya desde el 2022, cuando Duque sufrió también un incremento significativo de producción de cocaína, las cifras estaban cuestionadas dentro del Gobierno.

Dicho esto, es importante recordar también que la afirmación del Gobierno Petro, a saber, que esa cifra de 2.664 toneladas es la culpable de la descertificación, es apenas una teoría. Y es una conveniente. El Gobierno Petro se ha dedicado, sobre todo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a pelear con los republicanos. La certificación y su proceso es ante todo un proceso político. Culpar a Duque y a una suerte de conspiración junto a Naciones Unidas para perjudicar al Gobierno tampoco es creíble. ¿Sabían acaso en 2018 y 2019 Duque y la ONU que el próximo gobierno sería el de Petro? ¿Lo “planearon” cuatro años antes de la victoria en las urnas del Pacto Histórico?

Así las cosas, mientras la cifra de las 2.664 toneladas siga intacta, la narrativa del Gobierno Petro solo busca un objetivo: justificar su incompetencia culpando a Naciones Unidas, a Santos, a Duque y a las galaxias cuánticas. Lo cierto es que el proceso de la Paz Total ha sido un fracaso estruendoso, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales no ha hecho más que consolidarse (porque con Santos y con Duque también se fortalecieron) y la política de sustitución voluntaria de cultivos, como ha pasado históricamente, se ha quedado corta. Esto tampoco puede servir para tapar los desaciertos diplomáticos de Petro, que en X desafía a Trump y en privado le manda cartas dirigiéndose a él como “Excelentísimo señor presidente”. Que se revisen las cifras y se corrija la metodología de Naciones Unidas, pero que no se instrumentalice más este debate pare tapar mediocridad y la falta de planeación del Gobierno Petro.

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