La reunión fantasma

La historia volvió a su punto de partida. Después de años de archivos y silencios, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema pidió nuevamente investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, el ganadero Santiago Uribe, como presuntos determinadores de dos asesinatos. Lo que en su momento parecía un rumor entre versiones, hoy regresa como hipótesis judicial que conecta las masacres de El Aro y La Granja con la muerte del profesor Jesús María Valle Jaramillo y las reuniones en la vereda Las Cruces.

No es la primera vez que esto pasa. En la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín del 24 de noviembre de 2017, dentro del proceso contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio por el homicidio de Valle, la justicia confirmó la condena y ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigara a Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, por su posible participación o conocimiento en el crimen y en las masacres. Esa decisión judicial, casi olvidada, marcó el primer reconocimiento formal de que la responsabilidad podía llegar a ese nivel.

Las piezas encajan desde inicios de 1996. Pero recordémoslas. Distintos sectores de la sociedad, encabezados por Jesús María Valle, alertaron a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en Ituango. El 20 de noviembre de ese año, Valle se comunicó con el defensor del Pueblo de Medellín con el fin de pedir protección para la población.

Sus esfuerzos no se detuvieron ahí. El lunes 9 de diciembre de 1996, Valle se reunió con el entonces gobernador Uribe Vélez para advertirle sobre la asociación entre paramilitares y miembros del Ejército en la zona. En esa reunión, según un testigo citado por María McFarland en su libro Aquí no hay muertos, Uribe se mostró intranquilo, se levantó, entró a una oficina contigua y, al teléfono, lo oyeron decir que Valle estaba haciendo falsas imputaciones sobre una convivencia entre el Estado y los paramilitares, y que aquello ameritaba una demanda por calumnia.

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Ocurrió lo advertido. A finales de octubre de 1997, dos hechos estremecieron a Antioquia. En el norte, los paramilitares arrasaron El Aro, tal como lo había advertido el profesor Valle. Y en el oriente, la guerrilla del ELN asesinó al sacerdote Antonio Bedoya, párroco de San Francisco. Dos crímenes distintos, dos verdugos opuestos, pero una misma tragedia: la del país atrapado entre el fuego cruzado de quienes decían defenderlo.

Todas las pruebas indican que, para el entonces gobernador Uribe, la prioridad era combatir a la guerrilla, no al paramilitarismo. En un Consejo de Seguridad, Uribe preguntó al entonces comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina, por lo ocurrido en ambos casos y por la réplica de las tropas bajo su mando. La respuesta de Ospina fue para enmarcar: “En lo de El Aro, nosotros (el Ejército) sí quisimos prestar la colaboración, desplazamos helicópteros, pero no pudieron aterrizar; en lo del sacerdote de San Francisco, eso fueron los del ELN y ya hay dos batallones detrás de ellos”. En otras palabras, en uno no hicimos nada y en el otro mandamos dos escuadrones.

Acá hagamos un paréntesis. Cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en audiencias ante la JEP en mayo de 2023, vinculó directamente a Uribe con esa masacre de El Aro y con el asesinato de Valle, el exmandatario reaccionó con el libreto de siempre: negar, atacar, revictimizar.

En lugar de enfrentar los hechos, el 1 de diciembre de ese año publicó un video repitiendo falsedades y manipulando testimonios para presentarse como perseguido político. Dijo incluso que Valle fue “muy agresivo” con el general Ospina, insinuando que su carácter explicaría lo ocurrido. Una frase tan cruel como reveladora. Porque en un país donde la verdad incomoda, llamar “agresivo” al hombre que denunció la complicidad entre el Estado y los paramilitares, que ahora está probada, es otra forma de justificar su silencio y revictimizar al muerto.

Cerremos ese paréntesis y sigamos con los hechos. El 13 de junio de 1997, Valle denunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia por negligencia frente a los crímenes en Ituango: “El gobernador ha incurrido en un comportamiento omisivo y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno Villa, en un comportamiento que raya en lo delictual”.

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Pedro Juan Moreno era entonces secretario de Gobierno y uno de los amigos más cercanos de Uribe. La reacción oficial no tardó. Uribe hizo lo que mejor sabe hacer y fue señalar al abogado Valle como ‘enemigo de las Fuerzas Armadas’ y aliado de la guerrilla. Es decir, ponerle una lápida en la cabeza. Aun así, Valle siguió. El 6 de febrero de 1998 declaró ante un fiscal regional que existía un “acuerdo tácito” o un “comportamiento omisivo, hábilmente urdido” entre el general Ospina, Álvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. “Todo el poder de las autodefensas se ha consolidado por el apoyo que han tenido con personas vinculadas al gobierno”.

Esa fue su sentencia de muerte. Veintiún días después, el 27 de febrero de 1998, dos hombres y una mujer ingresaron al edificio Colón, en la calle Ayacucho con carrera Bolívar, en Medellín, subieron al cuarto piso y, con una pistola con silenciador, le dispararon dos tiros en la cabeza.

Triste, y acá la línea de tiempo se complica aún más, porque para tapar los hechos que acabamos de narrar, siguieron las muertes. El 8 de mayo de 1998, el agente del CTI que estaba investigando el asesinato de Valle ocurrido en febrero de ese año, fue dado de baja. El señor Augusto Botero Restrepo fue liquidado en el centro de Medellín, en el barrio Boston, cuando dos hombres en una moto se le acercaron y le dispararon. Botero se fue contra un árbol y cayó herido al suelo, donde fue rematado con seis tiros más. Tenía 29 años.

El segundo caso fue de Luis Fernando Giraldo Giraldo, otro investigador del CTI, quien trabajaba en la Sala de Apoyo Técnico y heredó el caso del homicidio de Valle. Giraldo Giraldo comenzó a recibir amenazas, que le exigían suicidarse o de lo contrario acabarían con toda su familia. La presión fue tanta que acabó “quitándose” la vida con su arma de dotación el 7 de febrero de 1999.

Un año y nueve meses después, el 29 de noviembre de 2000, varios integrantes de la banda La Terraza se atribuyeron el asesinato de Valle en un video, y añadieron que Carlos Castaño les pagó por ese y otros crímenes contra defensores de derechos humanos e investigadores. Otra capa de encubrimiento, porque Castaño no estaba solo en la organización de esos crímenes.

El 16 de noviembre de 2008, desde una cárcel de Estados Unidos, Salvatore Mancuso aseguró que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno y mano derecha de Uribe, no solo conocía de El Aro, sino que fue determinador del asesinato de Valle. Poco después, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, reforzó diciendo: “esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que Valle estaba investigando El Aro”.

Años más tarde, con Uribe ya en la Presidencia, ese pasado volvió a perseguirlo cuando su antiguo aliado, Pedro Juan Moreno, se había convertido en su crítico más feroz y en una amenaza latente por lo que sabía. El 24 de febrero de 2006, el helicóptero en que viajaba Pedro Juan Moreno cayó sorpresivamente cerca de Apartadó.

La investigación oficial, dirigida por el entonces jefe de la Aerocivil y hombre de confianza de Uribe, Fernando Sanclemente, concluyó rápidamente que fue un accidente. Pero en 2007, la funcionaria del aeropuerto Olaya Herrera, Nancy Esther Zapata, advirtió que se trataba de sabotaje. Días después, apareció asesinada con un tiro en la nuca y una nota: “Aquí no se aceptan sapos”.

El 27 de agosto de 2014, el CTI de la Fiscalía emitió un reporte de Policía Judicial reafirmando la teoría de Zapata Orozco y estableciendo: “hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de la empresa Helicargo, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del Aeropuerto con anterioridad al despegue de la aeronave”.

Tal y como lo reveló el periodista Daniel Coronell, el 22 de diciembre de 2016, el propio Don Berna le escribió a la periodista McFarland un correo electrónico, diciendo que la muerte de Pedro Juan Moreno no ocurrió por accidente. “La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba. Acción llevada a cabo por órdenes de Uribe”.

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Los secretos que se llevó ese helicóptero son los mismos que hoy exjefes paramilitares le ponen en la mesa al exmandatario. Y no solo ellos. En 2021, esta columna reveló que alias Cristian Barreto, nombre de guerra de Francisco Enrique Villalba, contó ante la Fiscalía que, en Las Cruces, a pocos kilómetros de La Carolina, se decidió el asesinato de Valle.

Alias Barreto conocía el mando criminal por dentro, ya que fue escolta de Carlos Castaño. Se ganó la confianza de Mancuso y terminó dirigiendo la masacre de El Aro. Según sus propias palabras, perseguido por las pesadillas y por los gritos de las víctimas, que le retumbaban en la cabeza cada vez que cerraba los ojos, decidió entregarse en febrero de 1998, cinco meses después de la incursión.

Entre 1998 y 2008, múltiples declaraciones suyas señalaron que la Policía de San José de la Montaña y militares de la Base, que coordinaban con paramilitares, operaban en la hacienda La Carolina, de propiedad de los Uribe Vélez. No fue el único que dijo esto. La vinculación de la finca de los hermanos Uribe con el accionar de las AUC fue confirmada por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

También por el teniente Everardo Bolaños Galindo, alias Jhon Jhon, condenado por paramilitarismo y por su participación en El Aro: “La presencia de las autodefensas era muy marcada… La Carolina, finca de Santiago Uribe; allí siempre permanecía Ejército porque era la entrada hacia Ituango; y más adelante, hacia Santa Rosa, otro grupo bajo alias El Viejo; todo en jurisdicción del Batallón”.

Según, Villalba, o alias Barreto, los asesinatos de Valle y del otro defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza, se planearon en una reunión en San José de la Montaña, a pocos kilómetros de La Carolina. “Asistieron Castaño, Mancuso, oficiales del Ejército y la Policía, y los hermanos Uribe, quienes recomendaron callar a los que estaban investigando”.

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En otra declaración, alias Barreto amplió la versión con nombres, rangos y lugares. Dijo que los helicópteros en los que llegaron los hermanos Uribe y mandos militares bajaron a la cancha de fútbol del caserío. Afirmó que grabó las reuniones en tres casetes que entregó al CTI.

Villalba, o alias Barreto, sostuvo que los motivos para matar a Jesús María Valle fueron sus denuncias contra la Cuarta Brigada y la Gobernación de Antioquia. En sus palabras, la decisión “la tomó Álvaro Uribe Vélez, que dijo: el voto mío, callarlo”. Esa frase quedó consignada en un expediente judicial. En 2008, cuando amplió sus declaraciones, repitió cada detalle y mencionó que el grupo armado de Santiago Uribe, al que llamó “el Pecoso”, continuaba operando en Santa Rosa de Osos. Su conocimiento del aparato paramilitar lo convirtió en un testigo incómodo.

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Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009 mientras cumplía detención domiciliaria. Su voz se apagó, y sus palabras también. Las grabaciones que entregó al CTI, donde se mencionaba que la orden de “callar a los que estaban investigando El Aro” venía de arriba, fueron destruidas. Días después, los dos investigadores del CTI que recibieron esos casetes fueron asesinados.

Por eso, el pasado 6 de octubre, el expresidente Uribe volvió a reaccionar en redes sociales con rabia política, como respuesta a la nueva compulsa de copias en su contra por el asesinato de Valle, dentro de la sentencia que declaró culpable al señor José Miguel Narváez Martínez del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.

Uribe dijo que los dictámenes contra él son producto del odio, que la reunión de la que hablan los testigos nunca ocurrió, y que las versiones en su contra son mentirosas. En su defensa, además, escribió que al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, lo declaró insubsistente por solicitud de su jefe, Jorge Noguera. Falso.

El exsubdirector del DAS Narváez, condenado también por el asesinato del periodista Jaime Garzón, no solo hizo parte de la entraña del paramilitarismo, sino también del núcleo íntimo del expresidente Uribe. En 2002, integró la comisión de empalme en asuntos de seguridad del entonces presidente electo, y junto al empresario Pedro Juan Moreno fue designado para estructurar el Centro Nacional de Inteligencia, Cenit, un organismo dependiente de la Presidencia que centralizaría toda la información de seguridad nacional. Bajo el amparo de Uribe, Narváez continuó ascendiendo, se convirtió en asesor del Ministerio de Defensa y luego en subdirector del DAS, durante la gestión de Jorge Noguera Cotes.

En junio de 2011, Noguera confirmó que el nombramiento de Narváez como subdirector fue una orden directa del presidente Uribe. Desde esa posición, Narváez creó el G3, un equipo de inteligencia que en la práctica operó como brazo criminal del DAS, realizando interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y magistrados.

No para ahí. Seis líderes paramilitares desmovilizados confirmaron que Narváez, siendo funcionario, actuó como puente entre las AUC y el gobierno. El 27 de enero de 2009, Juan Rodrigo García Fernández, asesor de los paramilitares, declaró que Castaño iba a reunirse con el “doctor Narváez”, quien venía de parte del presidente Uribe para “concretar aspectos de la dinámica”. No era cercanía política, sino operativa.

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Por eso la reciente decisión de la Fiscalía de compulsar copias contra los hermanos Uribe no nace del vacío: proviene de los mismos testimonios que el país despreció durante años, de los informes de la JEP, de las versiones de Mancuso, Don Berna y de las sentencias que conectan la hacienda La Carolina con el paramilitarismo.

Álvaro Uribe, sin embargo, vuelve a usar la estrategia de siempre: desacreditar. En su trino, incluso se refirió al mentor de la jueza como “exintegrante del M-19” y “enemigo suyo desde la juventud”. Convertir la justicia en venganza, y la verdad en persecución, ha sido su forma de defensa. Pero la historia, como la sangre, tiene memoria. Y acá ha habido mucha sangre.

De esta manera los jóvenes que no vivieron las épocas de las horribles masacres de El Aro, La Granja; ni el asesinato de Valle, y otros defensores de derechos humanos; ni las chuzadas, las persecuciones a la oposición o la censura a la prensa deben saber que heredaron un país que aún discute si la verdad de las relaciones del gobierno y el paramilitarismo tiene nombre propio. Y lo tiene. Los nuevos hechos judiciales podrían ser el inicio de ese giro histórico. No porque se trate de un expresidente, sino porque el Estado se estaría investigando a sí mismo.

El país vuelve a la hacienda La Carolina, y a la reunión fantasma donde según los testimonios se decidió quién debía vivir y quién no. En donde, tal vez, comenzó la historia de esta secuencia de investigaciones, juicios, manipulación de testigos e impunidad. La justicia puede demorarse años, pero siempre debe encontrar el camino, y esta vez, esa carretera conduce a Las Cruces, que ya no es un lugar: es una deuda. Una que, por fin, empieza a cobrarse, porque, aunque el expresidente Uribe quiera negar la reunión, el país entero ya está en ella.

@yohirakerman; [email protected].