Megáfonos sin inteligencia

La región no está estallando por las cuatro lanchas rápidas que hemos visto en llamas, está encendida porque la seguridad hemisférica quedó en manos de tres liderazgos personalistas que confunden la fuerza con la política y la pantalla con la diplomacia.

Empecemos. En Washington, el presidente Donald J. Trump busca intervenir con el rótulo de una guerra que no es guerra. En Caracas, el régimen de Nicolás Maduro convierte la presión externa en combustible para su relato de asedio. En Bogotá, el mandatario Gustavo Petro intenta recentrar la disputa en sí mismo, mientras se achica el margen donde Colombia debería ser grande. Tres relatos, un mismo resultado y la gente en la frontera paga la cuenta.

Esto no nació con el video que publicó el presidente Trump del ataque a la lancha de supuestos narcos. Desde julio, se había montado un andamiaje que mezcló directivas para emplear militares contra carteles, la etiqueta de terrorismo sobre una estructura venezolana con Maduro señalado al mando, y el desplazamiento constante de buques y aviones hacia el sur del Caribe. En septiembre aparecieron los primeros ataques, cuatro hasta ahora, y quedó a la vista la intención de convertir el mar en escenario de guerra virtual. Una acumulación deliberada que busca la foto final.

Pero el diagnóstico que sostiene esa presión es impreciso. Venezuela funciona, sobre todo, como corredor y no como productor de drogas. La mayor oferta de cocaína proviene de Colombia, y la ruta principal hacia Estados Unidos es por el Pacífico, no por el Caribe. Peor aún, la sustancia que más muertes causa en ese país es el fentanilo, fabricado en México, y el pico en muertes por sobredosis de cocaína se debe a su frecuente adulteración por parte de los carteles. Convertir ese mapa en un frente de guerra desordena prioridades, confunde herramientas y abre puertas que después nadie sabe cómo cerrar.

También se cruzan límites legales. Llamar conflicto armado a operaciones contra redes criminales estira el derecho internacional humanitario más allá de su diseño. Si vender o transportar un bien ilícito vuelve objetivo a quien lo porta, cualquier flujo ilegal de combustible, oro, riñones o madera podría terminar bajo fuego internacional.

Cuando se mueven esas categorías, los estándares se erosionan y aparecen atajos, con detenciones apresuradas, expedientes que no resisten ante un juez serio y extradiciones con sustento débil, y Colombia conoce bien ese costo porque termina, una y otra vez, como escenario de demostraciones ajenas.

También opera un cálculo interno que pesa y es el Caribe como escenografía para hablarle al electorado de Florida y reafirmar una imagen de mano dura. No importa que esa presión no desmonte economías criminales complejas, y más bien alimente la narrativa de asedio que sostiene a Maduro en Miraflores. Peor aún, su eco calienta la frontera colombiana.

Nadie duda que Venezuela estaría mucho mejor sin el régimen de Maduro y sería un gran logro de Estados Unidos que ocurra un cambio, pero seguir atacando lanchas rápidas en el Caribe parece no ser la manera.

Lo que sigue en nuestro territorio no es teoría. La economía ilegal no se agota en la coca. Se alimenta de oro, gasolina, precursores, trata, tráfico de fauna silvestre y contrabando. Y responde a la lógica del agua. Cuando se aprieta en el mar, la presión se mueve tierra adentro. Apure, Táchira y Zulia se recalientan y el desborde se siente en Arauca, Norte de Santander y La Guajira. Cambian rutas, suben las tarifas de trocha, aparecen retenes y se multiplican vacunas a transportadores y comerciantes. El mapa no desaparece cuando llega la Armada. Se reacomoda donde hay menos Estado.

En esas zonas no entran comunicados ni foros; penetran cobros, cierres de veredas, minas anti-persona, reclutamiento y miedo. Los hospitales trabajan al límite, las escuelas sin cupos y el comercio, ahogado por la extorsión. Menos control del lado venezolano termina en más violencia del lado colombiano. Un ataque con dron sobre el Caribe seguramente provoca varios entierros en el Catatumbo. Es la matemática amarga que nadie asume en la tarima de Twitter.

La respuesta de Bogotá debería bajar la espuma y recuperar los canales, pero ocurre lo contrario. Se privilegia el gesto, el símbolo, la victimización sobre el trabajo silencioso. Se anuncian renuncias a visas de algunos ministros que ni siquiera las tenían, y se envían guiños a Miraflores que cierran puertas en Washington.

Con esa puesta en escena se gana aplausos en la tribuna y se pierde el asiento en la mesa donde se decide. Allí se construyen canales de inteligencia con metas claras, se afinan criterios de interdicción, se ordenan calendarios de sanciones y se pactan excepciones que le dan oxígeno a la economía legal. Mientras tanto, Brasil, México, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá y hasta Honduras ya entendieron que la influencia no se grita, se trabaja.

Sigamos. Evidentemente, el impacto económico llega rápido. La expectativa de escalada encarece la deuda, frena la inversión y sube la prima en puertos y en proyectos energéticos del Caribe. La cadena logística paga más seguros, desvía rutas y alarga tiempos de tránsito, subiendo los costos al consumidor. En energía, el mensaje confunde. Washington aprieta a operadores políticos del chavismo, mientras habilita válvulas selectivas para el crudo.

Y mientras tanto, los mercados no atienden declaraciones, sino que responden a hechos. Aunque un precio del petróleo más alto puede dar un alivio momentáneo, Colombia termina perdiendo si se estrangula el comercio legal en la frontera, o si la banca endurece filtros sin diferenciar y bloquea transacciones lícitas.

La dimensión humanitaria es la más previsible y, aun así, la menos preparada. Una nueva oleada no toca timbres en los ministerios, entra por trochas y terminales hacia Maicao, Cúcuta y Tibú, con familias que llegan sin documentos, con niños que necesitan cupo, mujeres gestantes que requieren controles y adultos mayores que ya vienen enfermos. Los hospitales trabajan al límite, las salas de urgencias se llenan, faltan medicamentos básicos y transporte sanitario, y los albergues improvisados crecen sin agua suficiente ni manejo de residuos. En ese vacío aumentan el reclutamiento, la trata y la violencia sexual. Si la frontera es donde golpea primero, allí debe ser donde el Estado llegue primero.

Tampoco conviene ignorar el tablero aeronaval del Caribe occidental. Con destructores, aviones de patrulla y cazas en la zona, cualquier roce se magnifica y un error de identificación escala en minutos. Colombia necesita reglas de encuentro claras en su espacio aéreo, procedimientos de búsqueda y rescate listos y una sala de crisis conformada por Fuerza Aérea, Armada, Aerocivil y Dimar con líneas directas a vecinos y aliados.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina requiere radares y radios en mantenimiento impecable, tripulaciones en alerta, combustible de reserva y un mando unificado, capaz de ordenar cierres y reorganizar el tráfico si hay restricciones. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta necesitan planes de continuidad logística y simulacros con terminales y remolcadores.

La salida de todo esto pasa por recuperar el método. Con Washington hacen falta tareas medibles y sin megáfonos, con mensajes que corresponden a la información de las agencias de inteligencia. La región necesita menos eco y más coordinación ya que lo urgente es la gente.

El activo decisivo es la confianza. A los empresarios se les responde con reglas claras, calendarios predecibles y protección real de infraestructura crítica, con simulacros, seguros alineados con el riesgo y continuidad logística incluso en alerta. A las comunidades de la frontera se les responde con presencia que no sea solo uniformes; con aulas temporales, brigadas de salud, agua y saneamiento, empleo formal y justicia que llega primero y no después. A los socios externos se les ofrece una narrativa que se mida en resultados y no en consignas, con metas de interdicción en rutas eficaces, cooperación financiera que cuide el comercio legal y reportes periódicos con avances verificables.

Pero nada de esto pasa, empeorado por la distracción y los mensajes polarizantes que traen un año electoral. Mientras todo esto debería estar en marcha, el presidente Petro busca aplausos hablando del conflicto en Medio Oriente y convierte una crisis ajena en una tribuna propia. Ese ruido cuesta influencia, distrae equipos y diluye la atención que exige este reto en nuestra región. Colombia gana poder cuando baja la voz y sube el trabajo. Menos micrófono y más gestión discreta con resultados medibles. Pero el presidente Petro no sabe de trabajo organizado o disciplinado. El régimen de Maduro no sabe de reglas democráticas, y la administración de Trump no entiende de las sensibilidades políticas en esta región.

Terminemos. Colombia no es extra en la película de nadie, es un país que decide y que debe decidir en este incendio que se está armando en nuestra región. Por eso conviene bajar el volumen, concentrarse en lo urgente y sostener una política que proteja a la gente y cuide la economía. Muchos menos gestos y mucha más gestión. Menos épica y más institucionalidad. Que el ruido se quede en el mar y que aquí manden las cabezas frías con los pies bien puestos sobre la tierra y los hechos. Pero eso parece casi imposible en este momento.

@yohirakerman; [email protected]