Quintero, el mendaz

El candidato Daniel Quintero Calle entendió hace rato que no hay nada más simple que reinar en la confusión. Sabe, como lo saben todos los políticos que deben navegar sus vidas políticas entre acusaciones, investigaciones, imputaciones y juicios, que los procesos jurídicos son complejos, enredados, técnicos y extensos. Sabe, por eso mismo, que defenderse de las acusaciones es trabajo fácil: el ejercicio consiste en sembrar todas las dudas posibles sobre los investigadores, los fiscales y, de ser posible, los jueces. Afirmar, con voz segura, convincente y articulada que los fiscales son bandidos, trabajan con la oposición y además son chambones que cometen errores absurdos e inconcebibles en los escritos de acusación. Los entrevistadores, a veces por pereza, y otras por la decisión consciente y respetable de no convertir las entrevistas en tribunales de juzgamiento, deciden dejarlos pasar con la mentira. 

El señor Quintero Calle es un especialista en estas argucias. Y se viene saliendo con la suya. En la columna pasada mostrábamos algunas de sus mentiras en la entrevista, hace dos semanas, en La Luciérnaga de Caracol Radio. Tal vez la más grosera de todas había sido la de una fiscal del caso ‘Buen Comienzo’, que implica a varios de sus colaboradores en la alcaldía. Según Quintero, el mendaz, esa fiscal había llorado desesperada en una audiencia mientras denunciaba las presiones para condenar a los funcionarios de su administración. La verdad, como lo demostró el periodista Sebastián Estrada, es distinta. En los 22 minutos de aquella audiencia, la fiscal nunca dijo algo parecido. Sí señaló que tenía una carga de trabajo muy alta, que el proceso no avanzaba como debería y que, por ello, decidía renunciar. Jamás lloró denunciando presiones de ningún tipo. 

Cada palabra de Quintero sobre el proceso de ‘Aguas Vivas’, que lo tiene a él y a 37 personas a las puertas de un juicio, es sospechosa. Esta semana, en una entrevista con el colega Daniel Pacheco en La Silla Vacía https://www.youtube.com/watch?v=vLiFszlAFVc con el curioso titular ‘Entre más público hagamos el caso de Aguas Vivas, más votos me dan’, insistió en otras falsedades. Dijo, primero, que el proceso está viciado porque “la fiscal del periodo de Barbosa que imputó a la mayoría de estos funcionarios (del caso ‘Aguas Vivas’) hoy trabaja con ‘Fico’”. Quintero se refería a Yiri Milena Amado, quien fue directora seccional de Fiscalías de Medellín y hoy es la directora técnica en la Secretaría de Seguridad de Medellín para temas de Infancia y Violencia Intrafamiliar. El problema con la afirmación de Quintero es que el escrito de acusación, de 144 páginas, está firmado por la fiscal anticorrupción Yarlecy Mena Benítez, que lleva el caso desde 2024 y que, además, es quien investigó y acusó a los involucrados, incluyendo el propio candidato. 

La señora Amado nunca tuvo relación alguna con este proceso, ni en documentos judiciales, ni en la investigación, y cualquiera sabe que los directores seccionales no pueden influir en casos puntuales. Será cada fiscal quien responda ante los jueces por su firma, en este caso Yarlecy Mena Benítez, que es quien aparece como responsable del caso en el escrito de acusación. La línea de tiempo es clara: el proceso ‘Aguas Vivas’ comenzó en agosto de 2022 con una denuncia de la veeduría ciudadana Todos por Medellín. Inicialmente lo conoció el fiscal José Luis Giraldo, quien luego se pensionó. Después asumió el fiscal encargado Guillermo Barragán, trasladado más tarde a otro cargo por concurso. Desde 2024, el caso está en manos de la fiscal Mena Benítez, del Chocó, quien llegó en encargo, fue ascendida, y es la responsable de la imputación y del escrito de acusación. Simple, claro y sencillo. El señor Quintero, al señalar una supuesta influencia política en el caso, está mintiendo y dejando un manto de duda que le sirve para confundir, engañar y manipular.

Ahora, la pregunta distinta es si es conveniente que una fiscal deje su cargo para trabajar, inmediatamente después, en una alcaldía. Al señor Quintero se le olvida mencionar que él, como alcalde, decidió en 2022 condecorar a la saliente directora seccional de Fiscalías Natalia Rendón, que, mientras estuvo en su cargo, jamás movió un dedo para avanzar en procesos de corrupción contra funcionarios de Quintero. Si el candidato tiene una preocupación por asuntos de independencia judicial, bueno sería que también cuestionara estas actuaciones que lo involucran directamente a él y a su administración. Quintero, en otra fracasada actuación, trató de trasladar el caso de Medellín a Bogotá, petición que fue negada por la fiscalía actual, no la de Francisco Barbosa. 

Otra afirmación recurrente de Quintero, que miraremos con más detalle en otra columna, es que a él lo están acusando no de firmar un contrato, sino de terminarlo. Esto, para sorpresa de nadie, también es falso. Lo que dice la Fiscalía, y tendrá que probarlo ante un juez, es que Quintero (y otros de sus funcionarios) entre febrero de 2020 y mayo de 2023 intentaron beneficiar económicamente a particulares (entre ellos a Luis Pérez, pero de esto hablaremos luego) al proponer un cambio ilegal en un contrato de cesión gratuita del predio Aguas Vivas, buscando transformarlo en una compraventa para obtener unos 40.000 millones de pesos. Al fracasar ese primer intento, Daniel Quintero y Fabio Andrés García Trujillo (subsecretario de Ejecución Contractual) habrían emitido actos administrativos contrarios a la ley para elevar el valor del terreno y permitir su desarrollo urbanístico, modificando el POT y unificando otros predios cercanos. 

Quintero no solo es una amenaza para la libertad de prensa y la administración pública, sino un mentiroso compulsivo que utiliza hábilmente la complejidad del proceso judicial en su contra para enredar, manipular y martirizarse.