Trump lleva la lucha antidrogas de lo judicial a lo ideológico
Cuando en el combate a un delito predominan la ideología y el capricho, y no la lógica judicial, como parece estar ocurriendo con el actual Gobierno de Estados Unidos y el narcotráfico, la lucha contra ese delito, como ya está pasando, queda expuesta a la pérdida de credibilidad. Claro, es muy probable que eso no le importe a Donald Trump.
Pero es un hecho que la selectividad aplicada por el presidente de Estados Unidos en las medidas contra países productores de cocaína y fentanilo, o que sirven como rutas del narcotráfico, crea muchas dudas sobre el discurso según el cual su objetivo es salvar las vidas de las decenas de miles de estadounidenses que mueren cada año por sobredosis al consumir drogas ilegales.
Si en verdad se tratara solo de preservar las vidas de sus ciudadanos, como afirma Trump cuando explica la destrucción de 10 lanchas con 43 ocupantes supuestamente cargadas de cocaína y fentanilo en aguas del Caribe y el Pacífico próximas a Venezuela y Colombia, ¿no sería entonces lógico que el presidente ultraconservador ordenara ataques similares en la frontera con México, que es por donde según las propias agencias de Estados Unidos entra el fentanilo, la droga que más muertes por sobredosis provoca en ese país?
El año pasado, por ejemplo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) reportaron 80.391 muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que representó una caída del 27 por ciento con relación a 2023. Este descenso es mérito de la administración del presidente demócrata Joe Biden, quien amplió el acceso a tratamientos contra las adicciones y distribuyó masivamente un fármaco llamado naloxona que, suministrado a tiempo, puede evitar las muertes por sobredosis de fentanilo.
Por cierto, ninguna agencia antidrogas estadounidense tiene evidencia de que este opioide sintético se produzca en Colombia o en cualquier otro país de Suramérica con fines de exportación a Estados Unidos. El monopolio de ese negocio ilegal lo tienen los carteles mexicanos, así como el control de las rutas para transportar desde Asia los precursores para producirlo.
Por eso resulta muy poco creíble la afirmación de Trump de que un semisumergible destruido por aviones del Pentágono en el Caribe transportaba “principalmente fentanilo y otras drogas ilegales”.
También resulta inverosímil que con cada lancha destruida en el Caribe y en el Pacífico Trump esté salvando, según ha dicho, 25.000 vidas estadunidenses. Según estas cuentas, con las 10 embarcaciones destruidas hasta ahora se habrían evitado ya 250.000 muertes por sobredosis, una cifra que triplica los decesos ocurridos por esa causa en Estados Unidos en el 2024.
Además, de las 80.391 muertes por sobredosis el año pasado, 48.422 fueron provocadas por el fentanilo, es decir el 60 por ciento, y no la cocaína, que es la droga que suelen transportar las embarcaciones ilegales por el Caribe y el Pacífico.
Las provocaciones verbales de Gustavo Petro a Trump y sus retóricas disquisiciones son tan lamentables como los calificativos que ha usado el republicano para referirse al mandatario colombiano. Lo ha llamado “líder del narcotráfico” y “matón”.
Pero muestra clara de que la lucha antidrogas del actual Gobierno estadounidense está más orientada por animadversiones políticas que por evidencias, es la inclusión de Petro en la llamada Lista Clinton.
Otros presidentes izquierdistas de la región, como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por lo menos hasta ahora, no han despertado en el Gobierno Trump la malquerencia que sí suscita Petro.
Al margen de que no estoy de acuerdo con entablar diálogos con narcotraficantes que no sean estrictamente para su sometimiento a la justicia, el presidente colombiano no puede considerarse “facilitador del narcotráfico” -la principal acusación que le hizo el Departamento del Tesoro para incluirlo en la Lista Clinton- por abrir diálogos con grupos que trafican cocaína.
El expresidente Álvaro Uribe dialogó y firmó la paz con los grupos paramilitares, que también traficaban cocaína hacia Estados Unidos, y el expresidente Juan Manuel Santos firmó la paz con la Farc, una organización guerrillera que también estaba involucrada en el negocio de la cocaína. Y a ninguno de los dos expresidentes lo consideraron “facilitadores del narcotráfico” por esos diálogos quienes gobernaban a Estados Unidos en cada momento.
¿Será que ahora bastará una foto con un narcotraficante, como la que se tomó en 2018 Iván Duque con el ‘Ñeñe’ Hernández para que Estados Unidos incluya en la Lista Clinton a un presidente? ¿O esto dependerá del signo político del mandatario en cuestión, si es de izquierda o de derecha?
Hasta ahora no se le ha ocurrido a Trump considerar facilitadora del narcotráfico a la presidente Sheinbaum por dirigir un país con organizaciones de narcotráfico ampliamente conocidas en Estados Unidos.
El clarísimo trato diferencial que el mandatario estadounidense les está dando a los presidentes de México y Colombia, aunque los dos gobiernan países productores de las drogas ilícitas que inundan las calles de Estados Unidos, pone en evidencia la politización de su lucha contra las drogas.
Esto, además de restarle credibilidad a la lucha contra el narcotráfico de Trump dentro los sectores demócratas, académicos y entre las agencias antidrogas de su país que llevan décadas combatiendo ese delito a través de procesos judiciales, se la resta a nivel internacional.
Si en algo está de acuerdo el mundo es en la necesidad de combatir el narcotráfico, pero ni Europa ni Canadá lo combaten con criterios políticos, sino estrictamente judiciales.
Desde luego, el hecho de que Trump haya politizado la guerra antidrogas no quiere decir que el caso contra Nicolás Maduro por narcotráfico en Estados Unidos se pueda equiparar a la inclusión de Petro en la Lista Clinton.
Contra Maduro hay cargos penales por ese delito desde el 2020, además de que existen procesos judiciales contra él y contra la cúpula militar y política del régimen chavista llenos de evidencia sobre su participación en el narcotráfico.
Con excepción de Petro, nadie que conozca el mundo del tráfico de cocaína puede negar que el Cartel de los Soles sí existe y que de él dan cuenta los policías más experimentados de Colombia, lo mismo que antiguos chavistas, como los generales Clíver Alcalá y Hugo Carvajal, ambos presos en Estados Unidos.
En septiembre pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta al Consejo de la Unión Europea (UE) a incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.
Maduro también está acusado y sancionado por la UE, Reino Unido y Canadá de haberse robado las elecciones presidenciales de julio de 2024 y de haber socavado la democracia y el Estado de derecho en su país.
Pero la politización e ideologización que ha hecho Trump de la lucha antidrogas también puede afectar estos esfuerzos internacionales para recuperar la democracia en Venezuela, pues les da argumentos a quienes acusan a Washington de no guiarse por principios en sus relaciones internacionales, sino por intereses de otra naturaleza, como el económico: querer apropiarse del petróleo venezolano.
Los nuevos énfasis que marcan la lucha contra las drogas del Gobierno Trump pasan también por su interés geopolítico de controlar el mayor número de países posibles en este lado de las Américas, para hacerle contrapeso a China.
En esta última obsesión del actual Gobierno estadounidense, cabe, como hemos visto, declarar narcotraficantes, sin presentar evidencia, a quienes critiquen y se opongan a ese objetivo, como acaba de probarlo la arremetida contra Petro, un presidente que, por lo demás, sigue sin dar señales de asumir que no se representa a sí mismo, sino a los colombianos, cuando se trata de emprender camorra contra Trump.
