Advertencias desde la Contraloría, nervios en Ecopetrol
Esta semana, este columnista publicó dos noticias sobre Ecopetrol y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Ambas estás relacionadas con circulares que la Contraloría envió a Ecopetrol durante las últimas semanas de octubre. La primera, pidiendo cuentas y aclaraciones jurídicas y conceptuales sobre el contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. Y la segunda sobre una supuesta intención de vender la participación de Ecopetrol en el Permian, el negocio que tiene junto a la Oxy en Estados Unidos. Es cierto que son dos asuntos distintos, pero que terminan unidos por un hilo fundamental: la necesidad de claridad, trazabilidad y responsabilidad en las decisiones de la principal empresa del país, así como la importancia de entender si en Ecopetrol existe todavía un gobierno corporativo.
La Contraloría envió una Comunicación de Observación al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, relacionada con el contrato CW207382 y su Otrosí 01, que buscaba asesorar a la junta directiva sobre los riesgos que las investigaciones contra Roa pudieran generar en Estados Unidos, especialmente frente a la SEC. La firma Covington & Burling LLP debía determinar si la permanencia de Roa al frente de la petrolera podía tener efectos reputacionales y regulatorios, además de orientar a la junta directiva sobre cómo proceder en caso de que la conclusión de la firma fuera que, en efecto, el señor Roa era un problema para Ecopetrol. Lo que la Contraloría, en su control preventivo encontró, es que una parte del contrato avanzó y se realizaron pagos por 1,5 millones de dólares, pero que el 21 de marzo de 2025 se suspendió.
Esto es medianamente cierto. Lo que acá podemos afirmar es que fue el miembro de junta directiva, y cercano a Ricardo Roa, Álvaro Torres Macías, presidente del Comité de Auditoría, quien suspendió el contrato el 3 de febrero sin tener competencia para hacerlo, porque esa facultad correspondía únicamente al funcionario Ludwig Wilson Mejía. Luego, el 21 de marzo, fue Torres quien recomendó a la junta directiva suspenderlo formalmente, legalizando una decisión que él ya había tomado de hecho. Esa suspensión, dice la Contraloría ahora, ocurrió sin informes finales, sin alcance definido y sin un acta formal de suspensión en el expediente contractual, lo que iría en contra del propio Manual de Contratación de Ecopetrol.
La Contraloría advierte, además, que una parte significativa de los pagos se realizó con base en horas reportadas por Covington & Burling LLP, sin soportes verificables de la prestación del servicio. Y si no hay evidencia de beneficio para la empresa, entonces puede haber riesgo de detrimento patrimonial. Por eso la advertencia de una posible Alerta de Control Interno. Sabemos que Ecopetrol ya contestó a la Contraloría, y sería transparente conocer el contenido de esa respuesta. ¿Será que ya la conocen todos los miembros de la junta directiva de Ecopetrol? Recordemos esto: el único beneficiado con la interrupción –¿ilegal?– de las investigaciones de Covington & Burling LLP fue el propio investigado, ni más ni menos que Ricardo Roa Barragán. Esto, por cierto, ha sido advertido por el exdirector de Cumplimiento, Alberto Vergara, que ya rindió testimonios en distintos organismos de control.
A este oscuro escenario, se suma el segundo episodio: la posible venta del Permian. El 22 de octubre, la Contraloría le pidió a Ecopetrol documentos, actas y análisis sobre una eventual desinversión en ese activo, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro insinuando esa posibilidad y diciendo, en contra de toda evidencia, que el Permian va a quebrar a Ecopetrol y que es un negocio “chimbo” para la petrolera. La realidad es que el Permian no es un activo cualquiera: representa aproximadamente el 15 por ciento de la producción de la compañía y es una fuente clave de caja de la principal empresa del país. Para beneficio de los colombianos, la respuesta de Ecopetrol fue tajante.
El 23 de octubre, contestó que no existe ninguna propuesta formal ni análisis en curso sobre la venta del Permian. No hay estudios, no hay actas, no hay evaluaciones de impacto porque —afirma la compañía— no se ha discutido el tema en la junta directiva. La Vicepresidencia Jurídica ratificó, además, que la junta no ha considerado esa posibilidad en ningún escenario. En otras palabras: no hay venta en proceso, ni en preparación, y la pataleta desinformada del presidente Petro se quedará en eso: en anuncios irresponsables en entrevistas y en trinos mal escritos en X.
Que así sea.
