De la fiesta al bombardeo
En la noche del 19 de junio de 2022, el Movistar Arena estaba de fiesta. Tambores, cantos, abrazos, lágrimas y celulares en alto celebraban los más de once millones de votos que acababan de convertir a Gustavo Petro en presidente. Afuera, bocinazos y euforia; adentro, un ambiente de victoria y triunfo.
De esta manera, la izquierda colombiana, apoyada por sectores de centro, llegaba por primera vez a la Casa de Nariño luego del desgaste del Gobierno de Iván Duque, ungido por Uribe en las elecciones anteriores.
Esa noche todo era euforia: sonaba al comienzo de una fiesta larga, de esas en las que nadie se pregunta todavía quién va a pagar la cuenta ni cómo se verá la casa al amanecer.
Petro prometió una “política del amor”, un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas, cero tolerancia a la corrupción, respeto a la juventud que marchó en las calles y una Paz Total que hiciera de Colombia “potencia mundial de la vida”. Hoy, casi tres años y medio después de aquel discurso, la política del amor es un ring permanente en X: ataques a periodistas, choques con las cortes y un Congreso al que se le achaca permanentemente ser perpetrador de un “golpe blando” y al que, cada vez que frena una reforma, se le fustiga desde la plaza pública.
De esta manera, el acuerdo nacional se rompió después de la primera reforma y la cero tolerancia con la corrupción naufragó entre audios, contratos, financiamiento de campaña bajo sospecha y el hijo del presidente imputado por corrupción. Y la Paz Total, que debía desmontar las violencias, convive hoy con un mapa de grupos armados más fragmentado, más territorios bajo control ilegal y más comunidades atrapadas entre balas, y la “potencia de la vida” ya ni siquiera parece asomarse en los discursos.
En este panorama de contradicciones y promesas incumplidas hay dos eventos recientes de difícil justificación, incluso para los exégetas más avanzados del petrismo. Se trata de la compra de aviones de combate a Suecia y los recientes bombardeos por parte del Ejército en los que 15 menores de edad perdieron la vida en Guaviare, Amazonas y Arauca.
Entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre de 2025, tres bombardeos ordenados por el presidente Petro contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC dejaron, según el propio presidente, 4 adolescentes muertos en Caquetá el 1° de octubre, 7 menores en Calamar, Guaviare, el 10 de noviembre y 1 adolescente en Arauca el 13 de noviembre. Después, Medicina Legal completó la cuenta: 15 niñas, niños y adolescentes muertos en cuatro operaciones desde agosto en Guaviare, Amazonas y Arauca, todos reclutados a la fuerza por esas estructuras armadas. La contradicción es brutal si se mira hacia atrás un poco: en 2019, tras el bombardeo del Gobierno Duque en Caquetá en el que murieron 8 menores, Petro escribió que, si el Gobierno sabía de su presencia, estábamos ante un “crimen de guerra” y un crimen contra la humanidad; en 2021, calificó el bombardeo del Guaviare como “el bombardeo a los niños” y pidió que “sus planificadores renunciaran de inmediato”; ya como presidente prometió que “no iban a morir más niños bombardeados en Colombia” y que no habría más ataques a campamentos donde hubiera menores. Hoy, ante los cuerpos de esos 15 menores, el mismo hombre se aferra a otra frase: que eran “menores combatientes” y que los bombardeos no se suspenden.
Es claro que los primeros culpables de esta situación son los grupos ilegales que reclutan niños, pero también es claro que durante este Gobierno ese execrable delito ha venido en aumento. Según la ONU, los casos verificados de reclutamiento pasaron de 130 en 2022 a 263 en 2023, es decir, se duplicaron. La Defensoría del Pueblo reportó 184 niñas, niños y adolescentes reclutados en 2023 y 409 en 2024, con más de la mitad de las víctimas pertenecientes a pueblos indígenas. Y el propio ICBF ha informado que en 2025 el número de adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados creció un 172 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, otro indicador de la magnitud del problema bajo el actual gobierno.
Lo que era una fiesta, el 19 de junio de 2022, va terminando como esas celebraciones que se van de largo: peleas, platos rotos y una cuenta impagable. Lo que era un baile de cambio hoy se parece más a una casa en desorden: instituciones enfrentadas, la confianza de los electores traicionada y, en un rincón de esa casa, la ausencia de 15 niñas, niños y adolescentes que nunca debieron ser reclutados y mucho menos bombardeados, curiosamente en el Gobierno que presentaba a Colombia como “potencia mundial de la vida”.
