El condenado que pide desclasificar su sentencia para aclarar caso Petro
El 7 de octubre de 2024, un juez en Tampa, en la Florida, condenó a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, también conocido como ‘Caco’, a 33 meses de prisión por narcotráfico. El caso que llevó a Restrepo a la cárcel ocurrió el 23 de mayo de 2021, cuando un avión ligero que salió del aeropuerto de Guaymaral aterrizó en Providencia y luego fue inspeccionada por la Policía. Esa aeronave, de matrícula N722KR, había sido autorizado en plena pandemia con el argumento de transportar medicamentos e insumos para la isla, pero, en cambio, las autoridades encontraron 446 kilos de cocaína escondidos en 28 cajas, así como 102 millones de pesos en efectivo. En el expediente, además de Restrepo, aparecen dos policías, el piloto y el mecánico de la aeronave, todos señalados de participar en la operación.
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Restrepo, de 42 años, es el mismo empresario que aparece en chats y coordinaciones logísticas de la precampaña presidencial de Gustavo Petro relacionados con los vuelos realizados por la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS, y que están siendo investigados por el CNE y la Corte Suprema de Justicia. Sadi es la empresa de la familia Restrepo, fundada cuando Carlos Eduardo tenía siete años. Él, por su parte, fue gerente de Sadi hasta el 2019. Los documentos del caso en Estados Unidos también recuerdan que ‘C_aco’_ se entregó a la justicia estadounidense en 2023. Es cierto que su condena no tiene relación alguna con estos hechos electorales, pero sí existe un vínculo suyo con la logística aérea de la campaña Petro que mantiene abiertas las dudas sobre la transparencia en la financiación y contratación de esos servicios aéreos. No olvidemos que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fuera el gerente de la campaña Petro Presidente (y otros como Guillermo Alfonso Jaramillo) terminó embargado después de que un juzgado de Bogotá aceptó la solicitud de la Sociedad Aérea de Ibagué para actualizar la deuda que la campaña presidencial de Gustavo Petro mantiene con esa compañía.
No solo eso, recientemente la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, concluyó que la campaña Petro Presidente sí habría ocultado y dividido gastos para no superar los topes electorales fijados por el CNE. Según la Corte, el contrato de vuelos con la empresa Sadi, por 2.324 millones de pesos, habría sido partido en dos: una parte cargada a la campaña presidencial y otra a la lista del Pacto Histórico al Senado, aunque todos los vuelos fueron usados por la campaña de Petro. Esta maniobra contable (sobre la cual escribí también en CAMBIO en mayo de 2024) permitió que la campaña no excediera el tope permitido por la ley en más de 2.000 millones de pesos.
Por todo esto que acá resumo, algunos en Colombia han afirmado que detrás de las sanciones OFAC al presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior, Armando Benedetti, está un supuesto testimonio del piloto Carlos Eduardo Restrepo, ‘Caco’, que entregó a las autoridades en Estados Unidos y que permitirían comprobar que la campaña del presidente Petro fue financiada, en parte, con dineros de la mafia. Una persona que me contó esta versión añadió: “Restrepo, con esto, está buscando un acuerdo con la justicia gringa”. Pero la verdad, lamento decirles, no es esa. Esta semana contacté a su abogado en Estados Unidos, el conocido penalista Rick Díaz (que ha defendido a criminales como ‘Macaco’, Mancuso, Alex Saab, ‘Don Berna’ y Gordolindo', entre otros) para preguntarle por esta versión. Su respuesta fue contundente: “Tú crees”, me dijo, “que si eso fuera cierto, si mi cliente tuviera información relacionada con el presidente Petro o su familia, ¿hubiera pagado un solo día de prisión”? Luego añadió en un español muy fluido: “además, Restrepo ya es un hombre libre, él ya cumplió los 33 meses de prisión”.
Pero Díaz no paró allí. Me dijo que el viernes 31 la defensa solicitó al juzgado en Tampa que desarchivara y les entregara una copia certificada del acta completa de la audiencia de sentencia, que permanece aún bajo sello judicial. El argumento es claro: los beneficios obtenidos por Restrepo no tuvieron relación alguna con el presidente Gustavo Petro. Por el contrario, sostiene Díaz que la reducción parcial de su pena se debió a criterios ordinarios del proceso penal federal, y no a entrega de información sobre campañas políticas en Colombia. Pero, ante la circulación de versiones públicas que señalan a su cliente como un supuesto informante en contra de Petro, Díaz cree que eso pone en riesgo la seguridad de su defendido y la de su familia. La petición del abogado Díaz, que ustedes pueden ver acá, es clara al respecto: “La transcripción de la sentencia demuestra de manera concluyente que la reducción de la pena de Restrepo no tuvo absolutamente nada que ver con ninguna “colaboración” por su parte en contra del presidente Petro y/o con la reciente acción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su contra y en contra de dos de sus familiares”.
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En una siguiente columna espero poderles contar qué dice el documento judicial que Rick Díaz, abogado de Carlos Eduardo Restrepo, pidió a la corte de Tampa desclasificar. Esto, de ser cierto, desmontaría la versión de que dineros ilegales vinculados a este caso entregaron recursos para la campaña. Todavía, sin embargo, queda la duda de la violación de los topes electorales, que hace parte de otra historia.
