El contrato que superó la ley

En Colombia, la corrupción suele tener dos velocidades: la de los funcionarios que corren a encubrirla y la de las instituciones que avanzan a paso de tortuga para sancionarla. Pero hay casos en los que ambas se combinan y crean una zona de impunidad perfecta. Cúcuta está viviendo uno de esos capítulos.

El 31 de octubre de 2025, la Contraloría General de la República dejó ejecutoriado un fallo con responsabilidad fiscal contra Aguas Kpital Cúcuta S.A. ESP, operador del contrato 030 de 2006, el mismo que controla desde hace casi dos décadas el acueducto y alcantarillado de esa ciudad. La decisión fue clara, definitiva y sin posibilidad de revisión adicional. Solo un detalle: la compañía fue del corrupto grupo empresarial de los primos Nule. Kpitalismo salvaje.

Como hemos dicho antes, este megacontrato fue pactado inicialmente por un plazo de 15 años y seis meses. Sin embargo, si el operador cumplía con ciertas condiciones técnicas, especialmente la reducción del Índice de Agua No Contabilizada y la ampliación de la oferta de agua potable en al menos un metro cúbico por segundo, podría extenderse por cinco años más. Esas condiciones nunca se cumplieron. Nunca. Aun así, la extensión se otorgó gracias a la falta de vigilancia y a la complacencia de la interventoría y la supervisión.

La propiedad de la compañía ha vivido de todo. Hubo una cesión de hecho de la participación del socio operador original donde figuraba la mano de los Nule, Aguas Kpital S.A. ESP, que debía mantener el 51 por ciento del capital accionario durante la ejecución del contrato. Esta participación fue cedida sin autorización a otra empresa de ellos mismos, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Para colmo, Aguas Kpital entró en liquidación judicial desde 2010 y su matrícula fue cancelada en 2018. Desde entonces, no puede mantener la obligatoria solidaridad en la ejecución del contrato.

%%imagen%%1

La propiedad de las acciones pasó luego a manos de una fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo, es decir, en otras palabras, el contrato quedó en manos de nadie, sin operador real ni responsable directo, sin autorización, sin control y sin consecuencias. Cucutapen tapen.

Pero volvamos al fallo de la Contraloría, ya que en cualquier lugar del mundo donde funcione un mínimo de institucionalidad, eso habría puesto en movimiento una reacción automática: la caducidad del contrato. Y no por capricho administrativo, sino porque así lo ordena expresamente el artículo 61 de la Ley 610 de 2000. “Ipso facto”, como diría mi profesor de derecho penal cuando no quiere dejar espacio a interpretaciones.

Pero en Cúcuta, las cosas funcionan distinto. La ley se cumple solo cuando conviene, las sanciones se aplican solo a los débiles y los poderosos siempre encuentran una grieta para seguir operando como si nada hubiera ocurrido. Tras la ejecutoria del fallo, la Contraloría Delegada de Responsabilidad Fiscal expidió el Auto URF2-1611 del 14 de noviembre de 2025, en el que ordena expresamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, EIS Cúcuta S.A. ESP, declarar la caducidad del contrato 030 de 2006, celebrado con Aguas Kpital. No sugiere, ordena.

%%imagen%%2

Y, aun así, pese a la claridad del auto, pese a la ejecutoria del fallo, pese al mandato legal, pese al escándalo acumulado durante casi 20 años, la EIS Cúcuta no ha hecho absolutamente nada. Ni el gerente Diego Fernando Mora Arango ni la junta directiva, que preside el alcalde de la ciudad, han movido un solo dedo para cumplir la ley. Y lo más grave, conocen la obligación. Se les notificó. Se les requirió. Se les insistió. Pero, prefirieron ignorar todo. EIScandaloso.

Así, el gerente de la EIS Cúcuta actúa como si la orden de caducidad, clara, ejecutoriada y de cumplimiento inmediato, fuera una simple recomendación, un saludo a la bandera. Recordemos que desobedecer un mandato legal expreso no es un error técnico, es abrir la puerta a responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales, sobre todo cuando la omisión termina favoreciendo a un operador ya declarado responsable fiscalmente. Pero amparado en su comodidad política, el gerente decidió desafiar a la institucionalidad. Y mientras él juega a la indiferencia, los cucuteños siguen pagando tarifas crecientes y padeciendo autoridades que, ante un deber legal, prefieren mirar al techo.

Esa inacción no es inocente. Es una forma de favorecimiento indebido al operador sancionado. Una omisión con consecuencias fiscales, disciplinarias y penales. Una omisión con nombre, rostro y responsabilidades concretas.

Ante esa parálisis institucional, ciudadanos han presentado acciones de cumplimiento ante los juzgados administrativos de Bogotá para obligar judicialmente a la EIS Cúcuta a cumplir la ley. Las demandas, una de ellas radicada con veintitrés folios y anexos probatorios, expone con rigor cada incumplimiento, cada silencio y cada maniobra evasiva de la entidad.

Esa acción de cumplimiento no se presentó por deporte. Solo procede cuando una autoridad incumple un deber legal claro, expreso y exigible. Y aquí las tres condiciones se cumplen a la perfección: hay fallo ejecutoriado, hay mandato legal específico y hay una orden expresa de la Contraloría.

Pero, como dijimos, en Cúcuta, la institucionalidad parece cautiva. Las decisiones de los órganos de control no pasan de ser documentos para archivar; las advertencias se pierden en la maraña burocrática; las órdenes se diluyen en silencios administrativos infinitos. Por eso mismo, y como segundo mecanismo de control, fue presentada también una queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Cúcuta contra el gerente de la EIS. La denuncia es contundente. Lo acusa de omitir, retardar y no declarar la caducidad del contrato, favoreciendo indebidamente a Aguas Kpital.

La Procuraduría tiene ahora la responsabilidad, y las pruebas, para actuar sin titubeos. La omisión de la EIS podría constituir falta gravísima por desobedecer un deber legal expreso y favorecer indebidamente a un operador sancionado. No hay excusa posible. La Procuraduría no puede hacerse la desentendida, debe abrir indagación, adoptar medidas preventivas para terminar con este lastre de corrupción que dejaron hace casi 20 años los Nule y evaluar si compulsará copias a otros organismos. Este caso no solo examina a la EIS. Examina si la disciplina administrativa puede imponerse, por una vez, sobre los silencios calculados del poder local.

Todo esto debería ser suficiente para que cualquier autoridad actuara de inmediato. Pero en Cúcuta, cada vez que aparece un documento, surge un obstáculo; cada vez que se exige un deber, responde el silencio; cada vez que el Estado habla, el operador privado parece más fuerte. La sensación es clara y es que hay miedo. A enfrentarse al operador. Miedo a asumir las consecuencias políticas. Miedo a tocar un contrato que ha sobrevivido a escándalos, sanciones, investigaciones y fallos. Un contrato blindado. Y descarado.

Porque hay que decirlo sin rodeos, Aguas Kpital se ha comportado como un actor intocable. Ninguna sanción parece afectarle. Ninguna advertencia lo incomoda. Ningún reproche de la ciudadanía lo altera. Casi dos décadas después, sigue operando como si la ciudad fuera su feudo y el acueducto su patrimonio privado. Por eso aguas que no has de esclarecer, déjalas torcer.

Mientras tanto, los usuarios siguen pagando tarifas sin saber que, detrás del silencio oficial, se acumulan riesgos ambientales y sanitarios que la Contraloría Municipal de Cúcuta y esta columna llevan advirtiendo: vertimientos incontrolados, ríos contaminados, captaciones deficientes y afectaciones graves a las fuentes hídricas.

%%imagen%%3

Y, aun así, la administración municipal permite que un operador sancionado fiscalmente siga manejando un servicio esencial como si nada hubiera ocurrido, como si en Cúcuta el agua fuera un negocio privado y no un derecho público.

Pero los documentos son tercos. El fallo existe. La ejecutoria está firmada. La orden de la Contraloría es explícita. La obligación legal es inmediata. La omisión es evidente. Se acumula un billón de pesos en pérdidas. Y el daño institucional ya es inocultable.

@yohirakerman; [email protected]