El Gobierno busca el 51% de la Nueva EPS, sin saber cuánto vale
El viernes pasado se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está muy cerca de convertirse en el accionista mayoritario de la Nueva EPS con el 51 por ciento de las acciones. La Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 12 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024 y desde entonces la situación financiera y de servicio de esa EPS no ha hecho más que empeorar. Recordemos que el informe de septiembre de la Contraloría sobre la Nueva EPS reveló, por ejemplo, un deterioro acelerado: en solo 27 meses, antes y durante la intervención, el pasivo creció 198 por ciento, y dentro del Plan de Beneficios en Salud el aumento llega al 208,2 por ciento.
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La jugada del Gobierno, que comenzó a calentarse hace varios meses con una resolución de la Superintendencia de Salud, consiste en que las cajas de compensación, socias de la entidad y aún accionistas mayoritarios con el 50,1 por ciento, le cedan al Gobierno una parte sus acciones para que obtenga una mayoría del 51 por ciento. El problema para el Gobierno, y esto no ha logrado resolverse todavía, es que dentro del Ministerio de Hacienda hay dudas sobre las consecuencias de la cesión para la nación: ¿habría, acaso, un detrimento patrimonial? Paso entonces a explicar lo que me dicen varias fuentes:
Primero, es claro que el propósito del Gobierno al tomar el control de la Nueva EPS: convertirla en el gran receptor de los usuarios que quedarían a la deriva por liquidaciones futuras de otras EPS. La Nueva EPS, con sus desastres contables y financieros, se convertiría en el vehículo oficial para absorber a toda esa población sin depender de terceros. Segundo, se trataría de lograr habilitar una figura financiera que no es una capitalización a la Nueva EPS por parte del Estado, sino un traslado de recursos desde el Ministerio de Hacienda a través de la figura de un crédito interinstitucional. Esta maniobra permitiría darle liquidez inmediata a la Nueva EPS para cubrir los atrasos en pagos a hospitales y clínicas, que se cuenta por billones de pesos.
Ahora, todo esto implica un problema gigantesco: ¿cuánto vale la Nueva EPS? Nadie sabe porque no existen estados financieros de 2023 ni de 2024. La empresa, por cierto una de las más grandes del país, no ha presentado cifras sobre su patrimonio, nivel de endeudamiento, pérdidas y capacidad de operación. Sin esa información, indispensable, es imposible conocer el valor real de la compañía, y por tanto es imposible determinar cómo adelantar una negociación que no termine en problemas no solo para el Estado y sus funcionarios, sino para las mismas cajas de compensación que también deben responder ante sus juntas directivas. El Estado estaría entrando a ciegas a adquirir una empresa cuyo pasivo está en billones de pesos y cuyo balance es un misterio.
Por estas razones, el Ministerio de Hacienda se ha tardado en aceptar la cesión de acciones, que se está discutiendo desde hace varios meses con las cajas de compensación. Aceptar esto sin la información financiera básica podría constituir un detrimento patrimonial para la nación que seguramente sería del interés de la Contraloría, que dicho sea de paso tan inquieta ha estado últimamente con posibles irregularidades en Ecopetrol. Una buena manera de resumirlo sería: lo que para el Gobierno del presidente Petro es una jugada estratégica para su modelo de reforma a la salud, para funcionarios de Hacienda es un riesgo por la celebración irregular de un contrato: otorgar un crédito interinstitucional sin tener los números claros.
Las cajas de compensación, por su parte, están dispuestas a ceder un porcentaje pequeño, pero suficiente para que el Gobierno alcance el control. Ese gesto, también, abre frentes jurídicos. ¿Deben las cajas entregar esas acciones de manera gratuita? ¿Cómo justifican, financieramente, una cesión gratis de acciones? Ahora, supongamos que las ceden a título oneroso, es decir a un precio X, ¿estaría el Estado pagando por unas acciones cuyo valor real es desconocido? Esta operación, vista desde cualquier punto de vista, no tiene bases sólidas y podría terminar en consecuencias incluso jurídicas para las partes involucradas.
En efecto, si esta transacción es onerosa, o sea pagando por la cesión de las acciones, Hacienda tendrá que justificar por qué decidió comprar un pasivo mayor. Si es gratuita, deberá explicar por qué considera que asumir la deuda sin contraprestación alguna es beneficioso para las finanzas de la nación. Aunque la transacción está, en teoría, acordada, no ha sido firmada todavía. Y en medio de todo esto, que no es sencillo, aparece un elemento adicional: la designación de un nuevo interventor, Luis Óscar Galves, (¿el cuarto, quinto?…) que ha sido acusado de malos manejos en otras entidades. Su llegada a la Nueva EPS abre preguntas inevitables: ¿Galves ha estado en problemas con la Unidad de Análisis Financieros, la UIAF? ¿Cómo está su situación en el SARLAFT, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo?
