El gran hermano

En Sincelejo, la reestructuración que la Alcaldía hizo este año no buscó eficiencia ni modernización. Fue una arquitectura de control diseñada para blindar a los familiares en la nómina y aumentar el salario del alcalde. Cada decreto, cada nombramiento y cada firma respondió a una misma lógica, la del apellido que manda.

Vamos por partes. Desde el 1° de enero de 2024, cuando el señor Yahir Acuña Cardales asumió como alcalde de esa ciudad, la administración municipal se convirtió en un laboratorio de empleos temporales, contratos de confianza y favores cruzados. En lugar de reducir la burocracia, la multiplicó; en lugar de corregir la ineficiencia, la organizó jerárquicamente.

La Alcaldía de Sincelejo creó 434 cargos temporales por 12 meses, otros 93 con vigencias de siete y nueve meses y la bicoca de 58 puestos permanentes adscritos directamente al despacho del alcalde. Uno que otro asesor. En los documentos se habla de “plantas transitorias de apoyo”, pero en la práctica fueron la base de un sistema de lealtades.

El costo de esa estructura fue inmediato. Más de 15.000 millones de pesos adicionales en gasto de personal y un incremento del 37 por ciento en funcionamiento frente al año 2023. La excepcionalidad, prevista solo para casos de emergencia administrativa, se volvió norma. Ese gasto adicional representó cerca del 20 por ciento del presupuesto total de funcionamiento del municipio. Es decir, uno de cada cinco pesos destinados a operar Sincelejo terminó financiando cargos de corbatas amarrados al círculo político del alcalde.

No paró ahí. En abril de este año, el Gobierno local pidió facultades extraordinarias para modificar la estructura administrativa. El argumento era casi un chiste. La administración aseguraba tener un déficit causado por las plantas temporales que ella misma había creado. El Concejo aprobó.

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El soporte técnico para esa reforma fue encargado a diez particulares, una práctica no autorizada para este tipo de contratación que reserva esos estudios al propio ente territorial. Pero en Sincelejo, la legalidad también fue tercerizada. El informe resultante justificó la supresión de cargos y la creación de otros nuevos, con salarios más altos. No se trató de ajustar funciones, sino de reacomodar la nómina a conveniencia.

El documento incluso se contradice a sí mismo. En el diagnóstico del estudio técnico, la administración reconoció sobrecarga laboral en los cargos del nivel profesional. Es decir, admitió que ahí hacía falta más personal de ese nivel, no menos. Sin embargo, esos fueron precisamente los cargos que más se suprimieron, sin eliminar las funciones, solo las personas. La supuesta modernización no eliminó necesidades, sino a los trabajadores que no pertenecían al círculo político de Acuña.

Vamos a eso. Antes de posesionarse, una alcaldesa encargada, de su línea política, nombró en provisionalidad a varios familiares directos del mandatario. Con ese antecedente, el nuevo alcalde estaba obligado, por ley, a declararse impedido en el manejo de sus procesos por conflicto de intereses. Nunca lo hizo.

En lugar de seguir la norma, el alcalde comenzó a desaparecer de la escena administrativa. Desde abril, creó un carrusel de delegaciones y encargos sucesivos para que su nombre no quedara registrado en ninguno de los actos clave de la reestructuración. Formalmente, la expedición de los decretos quedó en manos de la Secretaría General. Pero no fue una simple delegación operativa, fue una estrategia calculada para eludir el impedimento que lo obligaba a apartarse del proceso, especialmente porque varios de los cargos afectados o preservados involucraban directamente a miembros de su familia. Así, la delegación no fue un instrumento de gestión, sino un método de absolución.

Los registros civiles y certificaciones oficiales no dejan dudas. Osnar Carlos Acuña Cardales, hermano del alcalde Yahir Fernando Acuña Cardales, fue incorporado el 26 de diciembre de 2023 en provisionalidad como profesional especializado código 222 grado 13 mediante el Decreto 950 de 2023, cuando su hermano ya había sido electo alcalde. Su cargo no fue evaluado en el estudio técnico que sirvió para despedir a los demás. Mientras se hablaba de optimización, su posición se mantuvo intacta. A su lado, el tío del alcalde, César Augusto Cardales Correa, fue trasladado a la planta transitoria sin perder beneficios. La reforma fue quirúrgica, y el bisturí nunca tocó la sangre del clan. Quedaron perfectamente Acuñados.

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Pero no se limitó a eso. La secretaria jurídica, Yeimis Urzola Torres, otra pieza del círculo cercano de Acuña, tiene a dos hermanas vinculadas en la administración: Lisbeth Urzola Torres, en la Secretaría de Salud pese a no cumplir los requisitos del cargo, y su media hermana, María Angélica Gómez, incorporada también en provisionalidad.

Y no es la única. La administración se fue llenando de apellidos que se repiten como eco. Leisver Moya, secretario de Infraestructura, tiene a su esposa, Lilibeth Mercado Bula, nombrada inspectora de Policía. El director de Catastro, Cristian Blanquiceth Támara, tiene en la Alcaldía a su hermano Yoseth David, y a su esposa, Andrea del Carmen Pérez Caballero, como secretaria ejecutiva de libre nombramiento. El director del Imder, Robinson Gómez, tiene a su esposa, Xiomaris Torres, en un cargo provisional. La cuñada del alcalde, Doris Pérez Doria, no solo está en la nómina: sus dos hermanos, Alveiro y Oswaldo Miguel Pérez Doria, también fueron nombrados en cargos profesionales en julio de 2024. Y el director de Talento Humano, Marcos Tulio Cárdenas Ruiz, tiene a su hermano, Never Santiago, vinculado como auxiliar administrativo. Gran talento humano que demuestra que, en Sincelejo, la hoja de vida más valiosa no es la experiencia, es el árbol genealógico.

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Como dijimos, con esto la Alcaldía no se reorganizó, se reacomodó en familia. No fue una reestructuración administrativa, fue una redistribución de cercanías. Y el corazón de la reforma no estaba en la supresión, sino en la redistribución de beneficios. Un análisis conjunto del Decreto 1057 de 2025 y su par, el 1056 de escala salarial, revela que la austeridad fue un discurso para justificar un reacomodo interno. El propio alcalde Acuña pasó de código 005 grado 07 a grado 09, con un aumento en su salario de 4.347.320 pesos mensuales.

En el papel, se anunció la reducción de asesores. En la práctica, esos mismos cargos reaparecieron con nuevos nombres y categorías, ampliados y mejor pagados. La supuesta austeridad no recortó funciones, solo reorganizó la nómina para mantener, e incluso reforzar, los cargos de confianza del alcalde.

Lo mismo ocurrió con los cargos directivos y técnicos. Se crearon niveles salariales que no existían, se suprimieron otros sin registro en el decreto y, en algunos casos, los números simplemente nunca cuadraron. En los técnicos administrativos código 367 grado 04, por ejemplo, el Decreto 1209 de 2024 establecía siete cargos. El 1057 eliminó tres, debían quedar cuatro, pero aparecen cinco. La matemática de la administración resultó ser más creativa que técnica.

Pero vamos a un tema más polémico y es la fecha del decreto. Porque esa esconde otra ilegalidad. La secretaria jurídica, Yeimis Urzola Torres, certificó que el Decreto 1057, el que suprimió 136 empleos, fue publicado el 7 de julio, antes de la creación del sindicato municipal. Un detalle importante pero falso. Esa certificación fue el soporte con el que la Alcaldía justificó el despido de los 21 trabajadores que organizaron la asociación sindical. Me explico. Con ese certificado en mano, la Alcaldía tuvo el argumento jurídico que necesitaba para ejecutar una de las represalias más graves en la historia laboral reciente de Sincelejo: el despido de los 21 fundadores del sindicato municipal, apenas unos días después de su creación.

Pese a la certificación, la realidad fue otra. Las notificaciones comenzaron a circular en la madrugada del 18 de julio, cuando la mayoría de los funcionarios ya dormía. Algunos recibieron el correo de su despido o el llamado a las 12:30 de la noche, otros se enteraron el lunes 21, cuando intentaron ingresar a sus puestos y se encontraron con puertas cerradas y actas listas. Para sostener la maniobra, la administración declaró laboral el sábado 19 de julio mediante un decreto extraordinario que no fue publicado sino semanas después, una maniobra cronológica que buscó dar apariencia de legalidad a un acto de evidente retaliación sindical.

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El mensaje era claro: en la Alcaldía de Sincelejo no había espacio para la organización de los trabajadores. Y la pieza que permitió esa cadena de hechos fue, precisamente, la certificación firmada por la secretaria jurídica, quien hoy forma parte del círculo cercano del alcalde.

La excusa era una fecha. Pero las fechas, cuando se manipulan, se vuelven pruebas. Por eso, la empresa responsable del portal donde se publican los actos administrativos, llamada 1cero1 SAS, confirmó el 2 de septiembre de 2025 que el Decreto 1057 se publicó el 17 de julio, a las 17:27 horas; es decir, nueve horas después de que el sindicato notificara su existencia al alcalde, y no el 7 de julio, como la secretaria jurídica decía. Tremenda asesora legal.

Tras esa revelación, la Alcaldía envió comunicaciones intimidatorias a la empresa para que no volviera a emitir respuestas sobre los tiempos de publicación. Desde entonces, 1cero1 cambió su versión, y salieron decretos reeditados, fechas movidas y resoluciones ajustadas retroactivamente. La Resolución 1775 de 2025, que adoptó el nuevo Manual de Funciones, apareció primero publicada el 22 de julio y luego con fecha retroactiva del 11 de julio.

Por estas irregularidades, el Ministerio de Trabajo, evidentemente, abrió proceso sancionatorio contra el alcalde por despido de trabajadores con fuero sindical. En el acta del 20 de agosto de 2025, el propio director de Talento Humano admitió que no se tramitó ante la justicia laboral el levantamiento de los fueros, como exige la ley. También fueron despedidas madres cabeza de familia amparadas por el retén social en un acto que fue tan ilegal que algunas de ellas tuvieron que ser reintegradas.

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Cerremos por donde empezamos y fue con el famoso estudio técnico hecho por privados que justificó todo esto. Este reconocía una caída del recaudo municipal durante 2024, pero el alcalde creó nuevos empleos adscritos a su despacho por 467 millones de pesos, certificados el 13 de junio de 2024 por el director técnico de Presupuesto. Demostrando que la austeridad fue un discurso y el clientelismo, una práctica.

Para ese momento, las proyecciones financieras internas ya advertían un déficit que podría superar los 120.000 millones de pesos. Es decir, la ciudad se desangraba fiscalmente mientras la administración ampliaba su nómina familiar. No era una reestructuración, era un drenaje sostenido del erario.

El Acuerdo que le otorgó las facultades para reestructurar la Alcaldía fue demandado. El Juzgado Octavo Administrativo de Sincelejo decretó suspensión provisional por ilegalidad, pero la estructura política sigue intacta. Esto porque los organismos de control también están entrelazados. El director seccional de Fiscalía encargado en Sucre, José Darío Moreno Daza, tiene a su hijo, José Darío Moreno González, como asesor del alcalde, y a su exesposa, Paola Chica, contratada como arquitecta del municipio. Ninguno fue tocado por la supresión.

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La denuncia por esos vínculos ya llegó a la Dirección de Fiscalía de la Corte Suprema, pero reposa en el mismo archivo donde duermen los casos incómodos. Porque en Sincelejo, la modernización administrativa terminó siendo una coreografía familiar. Un sistema de favores que se reproduce como si los presupuestos fueran herencia. Aquí la meritocracia cedió ante el parentesco, la transparencia ante la edición, la función pública ante el apellido. Y en el centro un alcalde rodeado por su consanguíneo en la nómina, su cuñada en la administración, su tío en los contratos y su círculo íntimo en los cargos de confianza. Las autoridades tendrán que definir si es corrupción, pero lo que por ahora queda claro es que se trata de: un gran hermano.

@yohirakerman; [email protected]