El pacto entre dos dinastías involucradas en el escándalo de la UNGRD

En las fiestas de la Virgen del Pilar, a mediados de octubre, en Barrancas, La Guajira, se selló una alianza política entre dos clanes poderosos de historia paralela, los Manzur y los Soto. Sus caras visibles, los representantes a la Cámara Wadith Manzur Imbett y Juan Loreto Gómez Soto, posaron durante el servicio religioso junto con sus esposas y luego difundieron las imágenes en Instagram, mientras, puertas adentro, amarraban un acuerdo que le abriría a Manzur el camino hacia el Senado y le permitiría a Gómez buscar de nuevo la curul en la Cámara, con el aval del Partido Conservador.

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No es la primera vez que el nombre de estos dos caciques aparece junto. A finales de 2024, en medio del escándalo de corrupción que estalló alrededor de la UNGRD y que terminó irradiando el manejo de la obra pública, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides Soto rindió interrogatorio como indiciada ante una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su declaración, practicada en varias sesiones, quedó consignada en un informe de policía judicial y se enmarca en una colaboración orientada a obtener un principio de oportunidad.

En el expediente aparecen listados agrupados en dos conjuntos, rotulados como “RECIBIDOS” y “ENTREGADOS”, estructurados como matrices por comisiones económicas del Congreso, Comisión Tercera y Comisión Cuarta, tanto de Cámara como de Senado. En esos cuadros se consignan, fila por fila, proyectos de obra pública con su trazabilidad básica, departamento y municipio, un identificador como RAD, SVR o número de convenio, una descripción del objeto, el valor y una marca de estado que permite saber si el ítem ya salió, si está pendiente, si es nuevo o si corresponde a una adición.

En esas matrices, el nombre de Wadith Manzur queda asociado a un registro en Cotorra, Córdoba, con referencia a convenios interadministrativos de 2021 y un código SVR, cuyo objeto corresponde a la construcción de pavimento rígido en la vía que comunica la cabecera municipal con caseríos, por un valor de 15.605 millones de pesos, con estado “Ya salió”. En el caso de Juan Loreto Gómez Soto, el listado registra un proyecto en Barrancas, La Guajira, ligado al Convenio Interadministrativo 2210 de 2023, con el objeto de aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio, por 26.000 millones de pesos, marcado como “Adición”. El patrón se repite: nombres propios asociados a obras concretas y cifras verificables, dentro de un inventario que sugiere un seguimiento minucioso de lo que se solicitaba, lo que se tramitaba y lo que finalmente se concretaba.

En un artículo publicado el 1° de noviembre de 2025, la revista Semana dio cuenta del modus operandi del joven congresista Wadith Manzur, retratado como un operador central dentro de la Comisión de Crédito Público que presionaba por resultados en contratación asociada a la UNGRD antes de momentos decisivos para el Gobierno, como la ponencia del Presupuesto de 2024 y la aprobación de créditos. Con base en la confesión de Benavides y en chats leídos en diligencias, el medio describe reclamos directos, exigencias de interlocución y una lógica de reparto de cupos, incluso con porcentajes para los “más influyentes”, así como el intento de Manzur por desligarse del paquete colectivo para asegurar su propia tajada. También menciona presiones para la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y una incidencia en la organización de reuniones, bajo la advertencia implícita de que, sin avances, el trámite legislativo podía trabarse.

El caso de Manzur y Gómez Soto ilustra cómo ciertos clanes regionales, aun con un pasado judicial a cuestas, logran mantenerse vigentes y proyectarse en alianzas de alcance nacional. En Córdoba, el apellido Manzur quedó marcado por la condena por parapolítica del exsenador Julio Manzur, padre del representante Wadith Manzur. Del lado guajiro, el clan Soto también arrastra antecedentes, incluidos los procesos judiciales que han rodeado a María ‘Tina' Soto, madre del representante Juan Loreto Gómez Soto. En ese mismo círculo aparece Iván Mauricio Soto Balán, exalcalde de Barrancas y primo del congresista, señalado como ficha política del grupo en el municipio y hoy bajo cuestionamientos por contratos de vivienda y por obras inconclusas, como la Plaza de Barrancas, proyectos que, pese a anticipos millonarios, no se habrían terminado.

Hace apenas unas horas, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía radicará este miércoles la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD. Ese paso reordena el tablero y vuelve inevitable la pregunta de fondo: qué ocurrirá con los congresistas mencionados en listados y conversaciones del expediente y si la justicia alcanzará a actuar antes de que algunos lleguen, orondos y lirondos, a los comicios que se avecinan.