La reforma tributaria periclitante
Esta semana se juega la suerte de la reforma tributaria. No son buenos los pronósticos.
La manera descomedida como ha tratado el Ejecutivo al Congreso y los permanentes insultos que les lanza, están pasando su factura. Nunca habían estado en condición tan deplorable las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. En vez de construir puentes y entendimientos, el Gobierno Petro ha creído que a punta de agravios se construye un mínimo de convivencia en la vida parlamentaria. No es éste, entonces, un buen momento para tramitar una reforma tributaria.
Los impuestos no se tramitan a punta de coñazos verbales ni tampoco en los momentos agónicos de un gobierno. Petro ha escogido muy mal el tono y el momento para insistir en cambios a la legislación tributaria que deberían recaudar 16 billones de pesos.
¿Por qué lo hace? Por torpeza política. En la vida democrática, donde hay congresos e instituciones como se supone que existen en la nuestra, los congresistas (cuando no hay un partido mayoritario en las cámaras ni coaliciones que obliguen a tramitar un programa común de gobierno, como es nuestro caso) no tienen obligación de votar según dispongan los caprichos presidenciales. En democracia, los gobiernos proponen los impuestos: pero es el Congreso quien dispone finalmente.
Pero, además, si la reforma tributaria que está sobre la mesa fuera hipotéticamente aprobada esta semana (que parece que no lo será), su producido no resultaría suficiente para colmar el inmenso hueco fiscal que el Gobierno Petro ha dejado acumular irresponsablemente. En efecto, según observadores tan serios como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el faltante real en las cuentas fiscales está cercano a los 50 billones de pesos. O sea: en el mejor de los casos, esta reforma recogería un tercio de lo que nos falta en la hacienda pública. El déficit fiscal está llegando al 8 por ciento del PIB, y el nivel de endeudamiento público ronda el 60 por ciento. Los más altos en la historia reciente del país.
Desde el último Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno ha dicho con todas las letras que no hará ningún esfuerzo para corregir este monumental desajuste fiscal. Sigue gastando a manos llenas y financiándolo todo con más y más endeudamiento. La suspensión de la regla fiscal dio al traste con la última muralla de responsabilidad que quedaba.
Los mercados son los primeros en darse cuenta de esta anormalidad desbocada por la que nos ha lanzado el Gobierno Petro. Los bonos colombianos a largo plazo están teniendo que pagar 13 por ciento de interés anual para colocarse: la más alta tasa de interés entre todos los países miembros de la OCDE. La falta de credibilidad de una política fiscal se expresa por las astronómicas tasas de interés que deben pagarse para colocar los títulos de deuda pública. A menor credibilidad mayores tasas de interés. Eso es precisamente lo que está sucediendo: somos el país de la región al que le resulta más costoso endeudarse.
Ante la sequedad de liquidez que enfrenta, el Gobierno ha tenido que recurrir a tomar dinero de los contribuyentes a cero costos a través del mecanismo de las retenciones y anticipos compulsivos que ha ordenado. Sobre este tema escribí la semana pasada en esta columna. Según estudio que apareció recientemente en La silla vacía, a la fecha, el Gobierno debe devolver a los contribuyentes cerca de 12 billones de pesos en los casos en los que los impuestos a pagar resultan inferiores a lo que ya se han anticipado a la DIAN vía retenciones y anticipos. Dicho en otras palabras: la reforma tributaria ya la hizo el Gobierno, pero al revés: mediante una modalidad de empréstitos forzosos que han tenido que extender los contribuyentes al Gobierno sin recibir de éste remuneración alguna.
El primer punto en la agenda del próximo Gobierno tendrá que ser, inexorablemente, volver a poner orden en las finanzas públicas destrozadas que entregará el Gobierno Petro.
