Las deudas heredadas

En el Senado de la República, los cierres de gerencia dejan papeles, actos administrativos, cambios de equipos, informes y ceremonias simbólicas. Pero la jefatura de Efraín José Cepeda Sarabia, ahora candidato presidencial, dejó algo más concreto: una cartera de 23 contratos sin pagar, por más de 834 millones de pesos, registrados en la hoja oficial de obligaciones de la Presidencia del Senado. La cifra no es el misterio, ni el escándalo. El mecanismo sí. 

En teoría, la noción de ‘cuentas por pagar' tiene una función administrativa clara, que es permitir el desembolso de obligaciones devengadas durante la vigencia, siempre y cuando cumplan los requisitos legales y estén debidamente presupuestados. Pero los documentos del Senado muestran otra cosa. Los 23 contratos que dejó amarrados la administración de Cepeda, algunos sin el soporte mínimo de informes de gestión y otros con certificaciones fragmentadas, quedaron firmados para ser asumidos por la siguiente presidencia. Una práctica que, según las constancias internas, vulnera el protocolo institucional y desordena la disciplina presupuestal.

Según la comunicación oficial enviada por la Jefatura de Presupuesto al secretario privado el 19 de agosto de 2025, la lista de obligaciones pendientes ya estaba identificada y advertida formalmente antes del cierre administrativo. En ese documento, la Sección de Presupuesto dejó constancia de que existían cuentas de cobro sin legalizar, registros presupuestales incumpliendo los planes de pago pactados y riesgos de generar reservas presupuestales por compromisos sin atender al finalizar la vigencia fiscal. También señaló que estos retrasos afectaban la disponibilidad real de recursos y contrariaban los procedimientos internos de ejecución presupuestal del Senado. Todo quedó por escrito. Pero no importó. 

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La matriz de compromisos oficiales obtenida por esta columna, que reúne los pagos programados, los valores pendientes y los documentos de soporte, muestra un patrón repetitivo. La mayoría de los contratos fueron suscritos entre enero y junio de 2025, todos bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales con la Presidencia del Senado. Y todos, sin excepción, fueron programados para cubrirse entre mayo y julio, semanas después de que el congresista Fincho Cepeda, como le dicen sus amigos, dejara el cargo.

El problema no es la fecha, es la práctica. El cierre fiscal del Senado exige que los pagos pendientes estén plenamente justificados y certificados, conforme a los procedimientos internos. Pero en la revisión cruzada entre los contratos y sus informes, aparece un vacío significativo ya que varios no registran informes finales visibles. Otros presentan certificaciones parciales y algunos, según la hoja oficial, quedaron con validaciones firmadas por funcionarios que no aparecen como supervisores directos.

La relación oficial de obligaciones, la misma base contable que usa la Presidencia del Senado para registrar compromisos pendientes, muestra que las 23 cuentas por pagar corresponden a contratos suscritos con 16 personas naturales y dos personas jurídicas. Todos para ejecutarse hasta el 19 de julio de 2025, un día antes de que Cepeda entregara el cargo. No es una casualidad, el cronograma quedó diseñado para que las deudas vencieran en el límite exacto de la transición administrativa.

Esa misma matriz revela otro patrón, en la mayoría de los acuerdos figura como supervisor el señor Santiago Huertas Gracia, secretario privado del presidente del Senado. En términos administrativos, a ese cargo le correspondía certificar la ejecución de las actividades, validar los informes y dar luz verde al trámite de pago. Y, sin embargo, varios de estos contratos, como dijimos antes, aparecen sin la constancia de cumplimiento que debía acompañar el trámite, o con observaciones que indican que la documentación no estaba completa al momento de dejar las obligaciones amarradas como “saldo por pagar”.

Según fuentes internas del Congreso que conocen este proceso, la situación dejó una molestia evidente al interior del Senado. Los 834.748.304 pesos, que legalmente debían ser financiados con vigencias anteriores, terminaron en manos de la presidencia entrante, ahora a cargo del senador Lidio García. “Las cuentas se han ido pagando, creo que solo restan las del magistrado Sierra Porto”, dijeron fuentes que prefirieron guardar su identidad, y que, además, dejaron una pregunta en el aire: ¿dónde están los informes de gestión que justificaron esos desembolsos y quién autorizó cada certificación?

Al revisar uno a uno los nombres contratados, aparece un mosaico político y administrativo que refuerza la inquietud. Como dijo la fuente al interior del Senado, en la lista está el exmagistrado Humberto Antonio Sierra Porto, con cuatro pagos pendientes derivados del acuerdo 0058-2025. También aparece Casimiro Cuello Cuello, excongresista conservador en La Guajira; Martha Lucía Rodríguez Lozano, secretaria general del Partido Conservador; Fabio Miguel Paternina Escobar, excandidato conservador a la Alcaldía de Ayapel; y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, exmagistrado de la Corte Constitucional. Togados hasta el cuello.

La lista continúa con otros perfiles igualmente sorpresivos: Martha Yadira García Córdoba, jefe de Control Interno de Corabastos; Lulio Manuel Suárez Bedolla, funcionario en Córdoba y también con trayectoria en la Procuraduría; Iván Antonio Ovalle Poveda, compositor reconocido; y otros varios asesores, cuya experiencia no siempre se relaciona de manera clara con las funciones específicas de la Presidencia del Senado. 

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El problema no es únicamente de gestión. Según los manuales de procedimientos internos, incluido el RF-Pr03 de ejecución presupuestal citado en los oficios, ningún pago puede trasladarse sin trazabilidad completa y sin la documentación requerida. Por eso resulta relevante que varias dependencias advirtieran formalmente que estas obligaciones no debían desplazarse. La amonestación quedó en papel. Y, aun así, quedaron registrados como obligaciones ciertas, exigibles y a cargo de la administración siguiente. En cualquier entidad, eso sería suficiente para frenar un pago. Aquí, fue suficiente para heredarlo.

En términos administrativos, lo que ocurrió tiene implicaciones mayores: al dejar obligaciones armadas con piezas sueltas, sin la cadena documental completa exigida por los procedimientos internos, la Presidencia del Senado trasladó responsabilidad jurídica a la administración entrante. En la práctica, la nueva administración se vio obligada a pagar compromisos construidos con información incompleta, con riesgos contables y con supervisiones que no coinciden. Lo que en algunos sectores llaman “heredar la casa en orden”, aquí fue exactamente lo contrario.

Hay un punto adicional que llama la atención. Como dijimos anteriormente, se ve el uso reiterado de la figura de prestación de servicios para funciones que, por su naturaleza, parecen corresponder a cargos de planta o a actividades permanentes. Varios de los contratistas figuran como asesores en “gestión presidencial”, “apoyo administrativo” o “acompañamiento institucional”, categorías amplias que suelen convertirse en una puerta giratoria para cuotas políticas y no en instrumentos de fortalecimiento técnico.

Así, la práctica de heredar cuentas sin soporte completo no fue un tecnicismo contable, fue un síntoma. Un reflejo de que la Presidencia del Senado puede operar sin controles efectivos, sin trazabilidad ni consecuencias reales. La nueva administración terminó pagando obligaciones que no estructuró, con documentos incompletos y con advertencias internas desoídas. Y mientras tanto, el debate público sigue orbitando alrededor de discursos, ceremonias y aspiraciones electorales. En el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, decía mi abuelita.

Pero en el detalle administrativo, en esas “cuentas por pagar” dejadas sobre el escritorio del que llegó, está la verdadera fotografía de una gestión. Un retrato que, a diferencia de los actos protocolarios, no admite maquillaje. Está firmado, fechado y registrado en los propios sistemas del Senado. Las cifras, los nombres y los documentos hablan por sí solos y lo que dicen no es menor.  

Aunque los pasivos no son solo contables, sino políticos, es claro que el Senado seguirá funcionando. Y quizá la actual administración también deje deudas heredadas a la siguiente. Pero el método, la forma, la despreocupación por los requisitos mínimos y la tranquilidad con la que se trasladaron obligaciones incompletas conforman un espejo incómodo. Porque, a veces, las campañas no comienzan con discursos encendidos, sino con la manera en que se cierra una oficina y con las cuentas pendientes, administrativas y políticas, que se dejan atrás.

@yohirakerman; [email protected]