Los prejuicios tras nueve años del acuerdo con las Farc

Los periodistas siempre buscamos cifras, datos ‘duros’ y confiables que soporten los hechos sobre los cuales informamos. Esa obsesión, siempre útil, resulta insuficiente cuando detrás de las estadísticas hay miles de seres humanos, cada uno con una historia que los números no pueden expresar.

Una ratificación reciente de esto fue, para mí, la enorme infografía de 15 metros de ancho y 3,7 de alto que en la que, de manera esmerada y juiciosa, la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), a cargo de Alejandra Miller, resumió lo que ha sido el aterrizaje económico, social y comunitario de los firmantes de la paz con las Farc en los nueve años que han transcurrido desde el 24 de noviembre de 2016. En un mapa titulado ‘12 mil razones para continuar la reincorporación’, presentó múltiples datos sobre los excombatientes que apostaron por el adiós definitivo a las armas.

A esa cifra le han ido restando los muertos, los asesinados o los que han abandonado el acuerdo de paz. Hoy son 11.080 los excombatientes de las Farc que se mantienen en el proceso de inserción a la vida civil, según la propia ARN.

Hablé con algunos de ellos hace unos días en Maloka, en Bogotá, durante la conmemoración de los nueve años de la firma del acuerdo, y llama la atención que, de acuerdo con sus testimonios, una parte de la sociedad los sigue viendo como combatientes de las Farc, una exguerrilla que suscita el rechazo de la mayoría de los colombianos por los excesos que cometió en los años de la guerra: secuestros, desapariciones, asesinatos de civiles, atentados terroristas, reclutamiento de menores y muchos otros crímenes de lesa humanidad que también ejecutaron otros actores del conflicto armado.

Los excombatientes de las Farc, que en su gran mayoría han cumplido su parte del acuerdo de paz, se han topado en la vida cotidiana con pequeñas y grandes barreras que los relegan, desde su perspectiva, a una condición de ciudadanos de segunda.

Por ejemplo, los bancos suelen resistirse a abrirles cuentas. Para optar por un empleo, deben ocultar que son firmantes de la paz porque los rechazan cuando lo dicen. Algunos han escuchado a sus vecinos de vereda o barrio decir que “está bien que maten a los desmovilizados, porque fue mucho el daño que hicieron las Farc”.

Alicia Díaz, de 32 años, y quien se unió a la columna Teófilo Forero en el Caquetá cuando apenas tenía 15, afirma: “Cometimos muchos errores, pero escuchar eso es duro cuando uno está firme en la paz”. Con su pareja, otro firmante de la paz, dejó la zona donde se concentraron para la entrega de armas seis meses después, con la ilusión de trabajar un terreno que compraron en el Caquetá con lo que les dieron a los dos para emprender proyectos económicos. Pero pronto los disidentes comenzaron a matar a quienes seguían en el proceso de reincorporación.

Para Alicia y su pareja siguieron dos años de ‘rodar’ por Boyacá, Tolima y el Huila, donde ella, a pesar de la búsqueda, no logró conseguir ningún empleo por ser exguerrillera.

“En Neiva —recuerda—, ya me habían dado trabajo como cocinera en un restaurante, pero el mundo es chiquito y alguien se dio cuenta que yo era firmante y me dijeron que no me podían tener ahí”.

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Es un hecho que muchos excombatientes han enfrentado dificultades en estos nueve años por el hecho de haber pertenecido a las Farc. Pueden ser grandes o pequeñas, según como cada uno las vea, pero esos obstáculos acaban por determinar la vida de muchos de ellos.

“Para mí, que me fui a la guerrilla cuando tenía 16 años, fue más fácil llegar al monte que volver a la vida civil”, dice Alba Milena Gómez, quien estuvo en las Farc durante 14 años, desde que tenía 16. Ahora dirige en Puerto Guzmán, en el Putumayo, un emprendimiento de productos para el cabello del que hacen parte otras ocho mujeres que firmaron la paz, y seis familiares.

Aunque trajo a Bogotá los champús, los acondicionadores y las mascarillas que aprendió a fabricar con productos naturales después de tres meses de aprendizaje en el Sena, solo ha podido venderlos en ferias porque no han logrado obtener los registros del Invima y de la Cámara de Comercio. La siguiente apuesta de Alba Milena es maquilar para una microempresa que sí tenga esos registros.

“Al comienzo queríamos formalizarnos en todo lo que es necesario para competir con las empresas o con las microempresas —relata—, pero no se nos ha dado porque, por ser firmantes del acuerdo de paz, tenemos estigmatización. Por ejemplo, cuando nos desembolsaron los 720 millones de pesos para la cooperativa (a la que un amplio grupo de excombatientes sumaron lo que les dieron para sus emprendimientos económicos), nos congelaban la plata cada mes en el banco. En dos bancos en el Putumayo nos dijeron que no trabajaban con gente como nosotros”.

Al final lograron abrir una cuenta en el Banco Agrario. Ella dice conocer a más de 20 personas que firmaron la paz, se cansaron y se fueron a las disidencias.

Los exintegrantes de las Farc, más que nadie, sabían que el retorno a la civilidad no iba a ser fácil, pero el rechazo que han sufrido en comunidades, en instituciones públicas y privadas, en la búsqueda de empleos o a la hora de buscar la formalización de sus pequeños negocios, lo ha hecho más difícil.

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Todo esto nos ratifica que la paz no es sólo la ausencia de la guerra y que Colombia, además de acuerdos que pongan fin a los conflictos, necesita fomentar con decisión, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las empresas y a través del diálogo en las comunidades, una cultura de paz y tolerancia.

La paz significa mucho más que la firma de un acuerdo.