¿Masacre o meritocracia en el Ministerio del Trabajo?

El Ministerio del Trabajo, encargado de velar por el empleo digno y la meritocracia, enfrenta hoy un concurso de méritos que ha generado más dudas que confianza. Funcionarios de la entidad lo llaman una “masacre laboral” y podrían estar en lo cierto.

El 24 de mayo de 2024, el Ministerio expidió la Resolución 1780, con la que cambió su manual de funciones: el documento que define qué hace cada cargo y qué requisitos debe cumplir quien lo ocupe. Hasta ahí, nada irregular. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la Circular Externa 100-006 de 2023 (del 29 de septiembre), recordó a todas las entidades del Estado que no deben modificar sus manuales de funciones durante los seis meses previos a la apertura de un concurso de méritos, sea este de ascenso o abierto. Esta directriz, surgida del Acuerdo Nacional Estatal de 2023 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, busca garantizar la transparencia, la estabilidad y la igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

Pero en este caso, el detalle está en el calendario: apenas ocho días antes de ser publicada la Resolución 1780, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante acuerdo número 20 de 2024 (Proceso de Selección No. 2618 de 2024), abrió la convocatoria al proceso de selección en las modalidades de ascenso y abierto para el Ministerio del Trabajo con el objetivo de proveer 1.300 cargos. Es decir que el espíritu de dejar un manual de funciones, sin cambios, seis meses antes de abrir una convocatoria, no se cumplió. ¿Por qué no se respetó una directriz diseñada para garantizar transparencia?

El cese de actividades de 2024, declarado por funcionarios del Ministerio entre mayo y julio de ese año, estuvo motivado, entre otras razones, por esta inconformidad. Lo que significa que la protesta no fue solo una manifestación sindical o laboral, sino también un reclamo de legalidad y transparencia frente a un proceso de selección que muchos consideran apresurado e irregular.

“¿Por qué no se respetó una directriz diseñada para garantizar transparencia?”.

Vale la pena detenerse en un matiz que parece menor, pero no lo es. El Ministerio del Trabajo calificó lo ocurrido como una “huelga”, mientras los funcionarios insistían en que fue un “cese de actividades”. Esa diferencia semántica permitió al Gobierno tratar el hecho como una huelga ilegal, con todas sus consecuencias: posibilidad de retención de salarios, la intervención de autoridades y hasta la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU) para atender lo que se catalogó como un asunto de orden público. Incluso se llegó a hablar de “secuestro de actividades” dentro de las instalaciones del propio Ministerio.

Paradójicamente, las mismas prácticas que el Ministerio suele cuestionar en empresas privadas cuando enfrentan paros laborales, se aplicaron dentro de su propia casa. Una ironía: la entidad que debe proteger la protesta laboral y mediar en los conflictos del trabajo terminó comportándose como algunos empleadores a los que ella misma investiga o sanciona por enfrentar los ceses de actividades de sus trabajadores.

Pero volvamos al concurso de méritos. Del 1° al 30 de octubre de 2024 se abrieron las inscripciones y las pruebas escritas se realizaron el pasado 18 de agosto de 2025. Los funcionarios que se sometieron a ellas describen una experiencia desconcertante. Los ejes temáticos anunciados no coincidieron con las preguntas realizadas y, en algunos casos, se incluyeron situaciones propias de empresas privadas que poco o nada tienen que ver con el quehacer de la entidad. A ello se suman casos mal redactados, con tecnicismos laborales mal empleados que inducían al error en las respuestas. 

La consecuencia es grave: algunos estiman que más del 90 por ciento de la planta en provisionalidad y en ascenso quedará por fuera del Ministerio del Trabajo. Es decir, una masacre laboral. ¿Qué ocurrirá si el 90 por ciento del personal sale de un solo golpe? 

La respuesta es obvia: el Ministerio se quedará sin la capacidad mínima para atender a los ciudadanos. Eso significaría, por ejemplo, retrasos o parálisis en trámites tan sensibles como permisos de trabajo para menores, desvinculación de mujeres en estado de embarazo, expedición de certificaciones sindicales, pago de nóminas y proveedores, o la simple radicación de correspondencia. En otras palabras, el corazón administrativo de la entidad quedará prácticamente paralizado. 

“Los funcionarios que se sometieron a ella (las pruebas) describen una experiencia desconcertante”.

A esto se suman rumores que circulan dentro de la entidad sobre la supuesta venta de cartillas de preguntas por sumas millonarias. No tengo pruebas concretas, pero sí testimonios coincidentes. ¿Qué puede llevar a alguien a pagar tanto por un examen? La respuesta parece obvia: la promesa de estabilidad laboral y el acceso a beneficios estatales que pocos están dispuestos a perder.

El concurso, además, resultó costoso. El contrato con la Universidad Libre se adjudicó por 11.954 millones de pesos. La otra oferente, Uniandina, presentó una propuesta apenas 21 millones más baja, pero obtuvo menores puntajes en la evaluación y quedó por fuera. El techo de la licitación era de 11.968 millones, lo que llama la atención por la cercanía entre el valor máximo y las ofertas presentadas. 

Conviene aclarar que este contrato se compartió con la Contraloría General de la Nación, quien tuvo su propio concurso de méritos, de modo que al Ministerio del Trabajo le correspondieron 4.917 millones de pesos. Pero ahí no termina la cuenta: si buena parte de los 1.300 funcionarios en provisionalidad son desvinculados, habrá que pagarles liquidaciones y, además, estabilizar casi desde cero una nueva planta de personal. En total, la factura para el Estado puede escalar en varios miles de millones adicionales.

Y, como suele ocurrir en estos casos, el componente político no está ausente. Funcionarios señalan que exministros y exdirectivos recientes buscaron dejar “listos” centenares de cargos para personas cercanas al Gobierno de Gustavo Petro y a fuerzas del sindicalismo más radical. Así, el discurso del mérito podría estar sirviendo de fachada para una reconfiguración ideológica del Ministerio del Trabajo.

“Así, el discurso del mérito podría estar sirviendo de fachada para una reconfiguración ideológica del Ministerio del Trabajo”.

Si eso se confirma, el país estaría frente a una peligrosa paradoja: el uso del mérito para disfrazar la militancia. Cambiar experiencia por ideología no fortalece el Estado; lo debilita. Cuando la lealtad política pesa más que el conocimiento, lo que se destruye no es solo una entidad: es la confianza en la meritocracia que debería sostener el servicio público.

Si usted, lector, conoce más sobre este proceso, su testimonio puede ser clave para entender qué está pasando dentro del Ministerio del Trabajo en un proceso que, irónicamente, compromete la credibilidad del Estado en materia laboral.

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