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En Colombia, las escaleras de contactos no solo suben. También bajan a sótanos oscuros que conectan al poder. Esta, por ejemplo, arranca con un exagente del Gaula condenado por homicidio, sigue con su comandante en 2001 acusado de estar involucrado en esos delitos y termina en el actual jefe de Seguridad del presidente de la República.
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Así es la historia. En mayo de 2024, el exagente del Gaula Flower Argeny Torres, quien ya fue condenado por el secuestro y asesinato del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero en 2001, rindió una nueva declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En su testimonio, Torres reveló cómo las operaciones del Gaula en Barranquilla actuaban de forma coordinada con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Lo más grave de su declaración, sin embargo, fue la sindicación de su superior, el coronel en retiro José Leonel Sánchez Montenegro, quien era en ese momento el comandante del Gaula Urbano de Barranquilla. “Reconozco y reconoceré mi participación como coautor en las conductas relatadas (...) la participación de mi comandante inmediato (el coronel Sánchez) y de otros oficiales y miembros de instituciones que participaron en la colaboración y trabajo con las Autodefensas”, dijo ante la jurisdicción.
Esa declaración, incorporada formalmente a la JEP, vinculó por primera vez a un oficial superior de la Policía Nacional con el engranaje criminal que permitió el secuestro, la tortura y el asesinato del profesor Freytter, un defensor de derechos humanos cuyo caso fue declarado crimen de lesa humanidad por la Fiscalía en 2020.
Recordemos, porque recordar es morir. El 28 de agosto de 2001, el profesor Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados y sometido por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte al día siguiente a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza. Espeluznante.
Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por más de 20 años, tiempo durante el cual también habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical. Gracias a evidencia mostrada en esta columna, se ha podido determinar que, en su secuestro, tortura y asesinato, intervinieron mancomunadamente agentes de operaciones especiales del Gaula (unidad de lucha contra el secuestro) del departamento del Atlántico, miembros del DAS y estructuras paramilitares del Bloque Norte de las AUC controladas por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
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Este homicidio se suma a una serie de crímenes que se cometieron en contra de miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que manifestaron ser opositores de la administración del ente educativo y que se caracterizaron por denuncias de irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución pedagógica.
Pues bien, dos días después de la desaparición y asesinato del profesor Freytter, el entonces comandante del Grupo Gaula Urbano de Barranquilla, el coronel Sánchez, pidió a la Dirección Antisecuestro y Extorsión de Bogotá condecorar al agente Flower Torres. Así lo demuestra una solicitud del 30 de agosto de 2001, dirigida al coronel Rafael Hernán Cely Vega, director antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional.
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En la solicitud de condecoraciones, el coronel Leonel Sánchez Montenegro se incluye una para sí mismo y después otra para el teniente coronel Flower Argeny Torres Sánchez por su “profesionalismo demostrando en las actividades de inteligencia, investigativas y operativas”. Pues bien, esto se conecta con otro documento posterior, no de condecoraciones, sino de recomendaciones. Me explico.
Esta columna tiene en su poder una versión de la hoja de vida del coronel Sánchez de 2013, ahora acusado de participar en el asesinato de Freytter. En esa, aparece, fuera de su experiencia laboral, una referencia personal muy interesante de alguien que puede dar fe de su conducta: el general en retiro Humberto Guatibonza, actual jefe de Seguridad de la Casa de Nariño. Es una escalera de condecoraciones y recomendaciones que conecta desde Flower Argeny Torres con el coronel Sánchez, y a este con Humberto Guatibonza, el hombre encargado hoy de proteger al presidente Gustavo Petro.
No para ahí. En esa misma hoja de vida aparece otro nombre como posible persona para dar palabras valiosas de su trabajo que amplía la gradería. El del señor Óscar Franco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto ya que, tras su paso por el Gaula, el coronel Sánchez Montenegro también trabajó en la DIAN en ese gobierno, en la seccional de Urabá, donde desarrolló una carrera administrativa de 8 años. De Guatibonza a Guatepeor.
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Una escalerilla que, como tantas en Colombia, sube hacia los despachos del Estado, pero empieza en los sótanos de la impunidad. Y por más alta que suba, conserva la sombra de su primer peldaño. En esta historia, ese escalón que conduce de las oficinas alfombradas del Estado, empieza en una bodega con piso de cemento y paredes de miedo. Ahí terminó el profesor Freytter, y ahí también comienza la parte de esta historia que el país sigue negándose a mirar.
El periodista Daniel Coronell lo recordó el miércoles pasado, al revelar nuevos detalles de un informe elaborado por investigadores colombianos y europeos, que reconstruye con precisión quirúrgica cómo ese inmueble, ubicado en la carrera 62 con calles 68A y 69, fue utilizado como centro clandestino de detención, tortura y ejecución extrajudicial durante el auge del paramilitarismo en la costa Caribe. Como un salón de juegos para más de un flamante gestor de paz.
Allí, según testimonios judiciales y académicos, operaban de manera conjunta miembros del Gaula, del Ejército y del Bloque Norte de las AUC, en una alianza que transformó un predio urbano de 2.400 metros cuadrados en un laboratorio de terror. Los testigos la llamaban simplemente La Bodega.
De pronto porque ese lugar no solo sirvió como centro de tortura y ejecución. También funcionó como base secreta de operaciones logísticas de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge 40. De acuerdo con informes judiciales, allí se almacenaban aeronaves y armamento utilizados por las Autodefensas, incluidos dos helicópteros modelo Hughes 500, con matrículas HK-4321X y HK-4322X, que permanecieron estacionados durante meses bajo la custodia de un vigilante empleado por la compañía Uniapuestas S.A. Ahora vamos allá.
En el mismo inmueble se guardaban una lancha rápida, repuestos para aviones, equipos de comunicación satelital y provisiones de los paramilitares. Todo esto a tan solo 679 metros de la base militar ASPC No. 2 Cacique Alonso Xeqie del Ejército Nacional, una cercanía que fue más que física en ese momento.
Por eso, volvamos al informe publicado por la Universidad del País Vasco y la Asociación Jorge Freytter, puesto que este documenta que el lugar no solo fue escenario del asesinato del profesor, sino también de una serie de crímenes contra estudiantes, sindicalistas y docentes de la Universidad del Atlántico que se atrevieron a denunciar la toma paramilitar de la institución. Uniapuestas con las botas puestas.
Aunque la Fiscalía declaró el asesinato del profesor Freytter crimen de lesa humanidad, el inmueble sigue en un limbo jurídico, ya que fue embargado, liberado y hoy está bajo custodia de la Fiscalía 38 de Extinción de Dominio, aunque debería haber pasado hace tiempo a la Sociedad de Activos Especiales para su resignificación como Centro de Memoria Histórica.
La historia de ese inmueble tiene dueños con nombres propios. Los registros de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla muestran que el predio donde funcionó La Bodega perteneció a Gustavo Adolfo Rey Soto, un narco piloto y testaferro de Salvatore Mancuso.
Tras su asesinato en 2003, la propiedad pasó a manos de la compañía que les pagaba el salario a sus vigilantes hace años, Uniapuestas, que era una de las empresas de Enilce López, alias La Gata. Esa empresa era utilizada para lavar dinero del Bloque Norte de las AUC. Recordemos que, en el año 2002, Uniapuestas le hizo un aporte de cien millones de pesos a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, un dato que refuerza el puente entre los movimientos paramilitares, la economía ilícita y la financiación política formal.
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Sigamos con la línea de tiempo. En 2014, la Fiscalía 38 de Extinción de Dominio embargó el bien por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Sin embargo, diez años después, el 11 de julio de 2024, la misma Fiscalía, levantó las medidas de embargo y secuestro sobre varios bienes, entre ellos La Bodega. La resolución ordenó trasladar el inmueble al Fondo para la Reparación de las Víctimas, pero en la práctica reabrió la puerta para que los antiguos dueños reclamaran su propiedad. Extinción de Memoria.
La Gata fue condenada por lavado de activos y concierto para delinquir, pero su sombra sigue apareciendo en los documentos oficiales de esos momentos oscuros. Aún después de su muerte, sus empresas sobreviven bajo nuevas razones sociales, sus propiedades cambian de manos y su red de poder continúa adaptándose. Su historia, esa mezcla de negocios, apuestas, política y sangre, se reescribe una y otra vez en los registros públicos
El 12 de julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras anunció la recuperación de un extenso predio que pertenecía al gatico, el exsenador Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López. El terreno, incautado por lavado de activos y vínculos con el paramilitarismo, fue presentado como ejemplo de reparación y restitución de tierras. El gatico, excongresista que durante años ha sido investigado por sus nexos con las redes criminales y que aún enfrenta procesos judiciales pendientes.
Y no es el único nombre de senadores que aparece en esta escalera. Los tentáculos de esta historia tampoco terminan en los sótanos ni en los registros de propiedad, también se extienden hasta los curules del Congreso. Jorge Freytter-Florián, hijo del profesor asesinado, señaló al exsenador Álvaro Ashton, hoy compareciente ante la JEP, como uno de los responsables políticos del entramado criminal que operó en la Universidad del Atlántico.
Según él, Ashton hizo parte de la alianza entre paramilitares, miembros del Gaula, políticos, autoridades universitarias y empresarios de Barranquilla que permitió la persecución, la tortura y el asesinato de su padre. La Asociación Freytter Elkartea, en una comunicación enviada a la JEP, pidió que se interrogue al exsenador sobre su conocimiento del lugar de tortura conocido como La Bodega y sobre los posibles vínculos de agentes públicos y particulares con su funcionamiento. Una solicitud que, hasta ahora, no ha recibido respuesta.
Por eso cerremos con los informes sobre esas bodegas que también tienen escaleras: las que bajan al pasado y suben al poder. Los autores del informe solicitaron a la Fiscalía colombiana que autorice el desplazamiento de autoridades españolas para realizar un análisis forense en el lugar, utilizando tecnología europea capaz de determinar con precisión las condiciones en que fueron asesinadas las víctimas y los puntos exactos donde pudieron ser torturadas dentro de la bodega.
Una solicitud concreta, científica y urgente que, sin embargo, sigue sin respuesta. Porque en Colombia las condecoraciones se firman rápido, pero las recomendaciones, cuando apuntan a la verdad, se archivan en silencio.
@yohirakerman; [email protected]
