Se aleja el Tren de Cercanías
“Más que una equivocación, fue una estupidez” o una frase parecida usó el famoso diplomático francés, Talleyrand, refiriéndose a una decisión de su jefe, Napoleón Bonaparte. Aunque el contexto es totalmente diferente, se puede decir lo mismo de la decisión del presidente Petro de frenar el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, decisión que va a demorar un año el proyecto, pero no lo va a impedir.
El Tren de Cercanías del Valle del Cauca
El Tren de Cercanías es el proyecto de infraestructura más importante del área metropolitana de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira que, con una extensión de unos 73 km debe unir a estos municipios con posibilidad de ampliación futura hacia Buga, Tuluá y el norte del Valle, y eventualmente conectar con el Eje Cafetero, convirtiéndose en la primera columna vertebral férrea moderna del suroccidente colombiano.
El proyecto es un sistema de movilidad eléctrica sostenible y de alta capacidad, que atenderá la creciente demanda de transporte de la región mejorando las posibilidades de movilidad de una población de más de 3 millones de personas, en su mayoría de estratos medios y bajos. Su aporte a la transición energética es significativo por la disminución esperada del tráfico vehicular movido por gasolina o diésel, lo cual debe evitar la emisión de más de 300.000 toneladas de CO2 durante los primeros 10 años de operación del proyecto.
La primera fase del Tren cubre el tramo Cali-Jamundí y comprende la construcción de 23,14 km de vía férrea en trocha estándar utilizando el antiguo corredor del ferrocarril, de 2 viaductos, 10 puentes y 54 intersecciones, y de 21 estaciones, además de adquirir los 40 trenes ligeros que deben transportar más de 50 millones de pasajeros/año. El costo estimado de esta fase es de 12 billones de pesos, de los cuales, de acuerdo con la Ley de Metros, el Gobierno central debe cofinanciar el 70 por ciento, mientras que el 30 por ciento restante ya ha sido comprometido por la Gobernación del Valle y los municipios de Cali y Jamundí.
Lo absurdo de frenar la iniciación del Tren es que esta primera fase es un proyecto maduro listo para comenzar. En el proceso de estructuración liderado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ya se han invertido más de 34.000 millones de pesos en todos los estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad, el diseño conceptual y los estudios ambientales y sociales. Además, se contaba con el aval técnico del Ministerio de Transporte, así como el concepto previo favorable del Ministerio de Hacienda sobre las vigencias futuras de la Nación y el DNP tenía listo el documento CONPES para declarar la importancia estratégica del proyecto. Inclusive se contaba con un borrador del acuerdo de cofinanciación.
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Las razones de la sinrazón
La decisión presidencial fue la de no autorizar la firma del acuerdo de cofinanciación por el cual la Nación se comprometía a aportar recursos para financiar el 70 por ciento del primer tramo. Este acuerdo debía ser firmado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías para poder culminar la estructuración financiera, publicar los pliegos de licitación, adjudicarla y firmar los contratos de construcción, proceso que puede demorar unos 12 meses.
Las razones aducidas por el presidente para su decisión son equivocadas o cuestionables. Decir que se deben priorizar otros proyectos estratégicos como el tren a Buenaventura, es un sofisma de distracción porque ese proyecto ni siquiera tiene estudios de factibilidad. Pretender que la información “no era suficiente” carece de sustento técnico frente a un proyecto que lleva más de diez años de preparación y que ya estaba listo para la firma del convenio. Argumentar que no hay recursos suficientes no tiene sustento cuando si se autorizó la cofinanciación del tren regional del norte en la sabana de Bogotá, que vale 17 billones de pesos.
Lo cuestionable es la razón política detrás de la decisión, que es cobrar revancha por el no apoyo de algunos parlamentarios del Valle a los proyectos de ley del Gobierno, como el de salud y el de financiación. Y lamentable que además se haya justificado esta postura con el apoyo de algunos congresistas de la región, que apoyan el proyecto, pero por enfrentamientos políticos se oponen a que sea adelantado por la actual gobernadora del departamento.
El Valle del Cauca hizo lo que el país necesita que hagan sus regiones: planear, estructurar y financiar con rigor. Retrasar este proyecto por razones políticas coyunturales debilita la descentralización, castiga la eficiencia, contradice la promesa de impulsar los trenes regionales y retrasa la transición energética en el país. El departamento y los municipios afectados no están pidiendo un favor, sino exigiendo su derecho a que se cumpla la Ley de Metros y se avance en un proyecto que ya ha cumplido todos los requisitos técnicos exigidos por el propio Gobierno nacional.
El resultado del freno presidencial es claro: al menos un año de atraso, aumento de costos, pérdida de confianza de los financiadores internacionales y un impacto directo sobre la movilidad de la región, que seguirá atrapada entre la congestión, el transporte informal y un sistema masivo presionado más allá de su capacidad.
No es solo una equivocación: es una estupidez, porque de todas maneras el Tren de Cercanías se va a construir, y la decisión del presidente lo único que va a hacer es demorar su iniciación, que ya no se hará en el segundo semestre del año entrante. Como no hay razones reales para objetarlo, el acuerdo de cofinanciación lo firmará el próximo gobierno, cualquiera que sea, y se podrá abrir la licitación. El presidente pasará a la historia como el que demoró un proyecto estratégico para el Valle del Cauca y su sucesor cobrará la victoria de haberlo reactivado. Por ahora se aleja el Tren de Cercanías, pero no hay duda que se construirá.
