Tristes ‘jugaditas’ en la UN, parte 2
En el último año y medio, la Universidad Nacional ha vivido una de las crisis institucionales más dolorosas de su historia reciente. Lo digo no solo como profesora y egresada, sino como alguien que ama profundamente esta institución, que es faro intelectual del país desde hace más de un siglo y medio. El daño causado por la confrontación política, las presiones externas y las decisiones improvisadas se siente en los pasillos, en las facultades y en la confianza de miles de estudiantes, profesores, investigadores y servidores públicos.
La disputa por la rectoría, que nunca debió convertirse en un pulso de poder ni en un botín político, terminó revelando una verdad amarga. Cuando se desconocen los procedimientos y se fuerza la interpretación legal, no solamente se altera la autonomía universitaria, sino que también se erosiona la democracia. En Colombia, la protección de las universidades públicas es una de las bases del Estado de derecho. Porque allí donde se vulneran las reglas, se desdibujan también las garantías democráticas que sostienen la vida institucional.
Hace un año y medio, en esta misma revista, escribí una columna titulada ‘Tristes jugaditas en la UN’. Lo que entonces advertí —las presiones políticas, las decisiones improvisadas y la instrumentalización de la universidad— no solo se repitió, sino que se agravó. Hoy, con dos fallos del Consejo de Estado y una evidente crisis institucional, esas ‘jugaditas’ han dejado de ser episodios coyunturales para convertirse en una amenaza estructural a la autonomía universitaria.
Los hechos están hoy claros. Las dos sentencias recientes del Consejo de Estado —que deben acatarse sin ambigüedades ni interpretaciones acomodadas— dejaron establecido que la elección del profesor José Ismael Peña, realizada el 21 de marzo de 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU), fue válida, legal y ajustada al Estatuto General de la Universidad. La sentencia del 4 de septiembre de 2025 desmontó uno a uno los cargos de nulidad. El CSU tenía competencia para definir la metodología de la votación, la mayoría requerida se cumplió, y no hubo ninguna irregularidad jurídica que afectara el proceso de elección.
La segunda sentencia, del 20 de noviembre de 2025, fue aún más categórica. La designación posterior del profesor Leopoldo Múnera, realizada el 6 de junio de 2024, fue nula por falta de competencia del CSU y por la violación del debido proceso. El CSU no podía ‘corregir’ una elección concluida, ni reabrir un proceso electoral que ya se había cerrado por un acto administrativo en firme. Mucho menos podía hacerlo respondiendo a presiones políticas externas a la Universidad.
La Procuraduría General de la Nación lo dijo sin rodeos. La intervención indebida del Gobierno Nacional en el proceso de designación puso en riesgo la autonomía universitaria, la separación de poderes y la seguridad jurídica. Y advirtió algo esencial. Las universidades no pueden quedar sometidas al capricho del Gobierno de turno ni a interpretaciones artificiosas del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que pretendan revivir procesos ya agotados.
Por eso, la conclusión jurídica, institucional y democrática es inequívoca. No ha existido vacancia en la rectoría; jurídicamente, esa figura no aplica en este caso. El acto que nombró al profesor Peña está vigente. El que nombró al profesor Múnera dejó de existir tras la sentencia de nulidad.
Sé que hay posiciones distintas, incluso entre personas valiosas. El profesor Rodrigo Uprimny —a quien respeto por su trayectoria y aporte al debate público— ha sostenido que las sentencias no “restablecen” al profesor Peña, que la Universidad estaría acéfala y que la salida sería declarar la vacancia, nombrar un encargo e iniciar un nuevo proceso. Con la serenidad de quien ha estudiado con rigor ambos fallos, considero que esa interpretación, expresada en su columna del 23 de noviembre en El Espectador, no se sostiene ni jurídica ni institucionalmente. Cuatro razones lo explican:
Primero, porque parte de una premisa incorrecta. La Universidad sí tiene rector. El acto que designó al profesor Peña nunca perdió vigencia. El Consejo de Estado no tenía que “restablecerlo”: bastaba con declarar nula la actuación del 6 de junio. En derecho administrativo, cuando un acto válido existe y el acto que busca sustituirlo es anulado, la consecuencia no es la vacancia. Es la permanencia del acto que ya se juzgó como válido.
Segundo, porque las causales de vacancia son taxativas. No existe la “vacancia por desacuerdo interpretativo”, ni la “vacancia por conveniencia institucional”. Crear una causal inexistente abriría un precedente gravísimo para todas las universidades públicas, que quedarían sometidas a presiones y arbitrariedades.
Tercero, porque reiniciar el proceso profundizaría la crisis. Significaría prolongar la incertidumbre, aumentar la polarización y mantener a la universidad en un limbo jurídico que las sentencias justamente quisieron cerrar. No es razonable que tras un año y medio de desgaste y dos fallos, se proponga volver al punto de partida. Además, ello contradeciría frontalmente el fallo en contra de la designación de Múnera, que dijo expresamente que el CSU perdió competencia para nombrar rector para el periodo 2024-2027. Lo que propone Uprimny es, sencillamente, desconocer, de nuevo que hay un rector electo para estos tres años y que, por tal razón, el CSU no puede otra vez iniciar un proceso electoral para este período.
Cuarto, porque las sentencias ya estudiaron —y descartaron— las supuestas irregularidades del 21 de marzo, el método Borda de votación, y las acusaciones de manipulación. Cuando el máximo tribunal electoral se pronuncia, la discusión jurídica termina. Lo que corresponde es cumplir, no reinterpretar.
La sesión del CSU del pasado 20 de noviembre confirmó una preocupante disposición a ignorar estos límites y a evidenciar el interés del Gobierno Nacional en incidir políticamente sobre la Universidad Nacional. Aprecio los aportes del profesor Uprimny al debate jurídico, pero su propuesta fue asumida como una hoja de ruta por el CSU, con consecuencias institucionales preocupantes. Fue un grave error convertir una interpretación controvertida en una decisión de gobierno universitario.
En esa misma sesión, el profesor Víctor Moncayo ejerció un liderazgo determinante, orientando decisiones que exceden su rol como consejero y llevando al CSU por rutas jurídicamente improcedentes. Moncayo, aunque es exrector de la Universidad, no es el representante de los exrectores, pues perdió esa posibilidad. Actualmente es el representante del Consejo Nacional de Educación Superior de Colombia (CESU), que es un organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional. No es la primera vez que su actuación tensiona una transición rectoral. Es importante recordar que cuando Marco Palacios fue elegido rector, el contendor fue el rector saliente, Víctor Moncayo, quien aspiraba a un tercer período. Moncayo no le entregó la rectoría a Palacios, quien tuvo que posesionarse en el Observatorio Astronómico. En aquel momento se organizó una “tutelatón” a favor del tercer período de Moncayo que, aunque fracasó, obstaculizó el primer año del mandato de Palacios. Ese episodio deterioró gravemente la gobernabilidad universitaria y derivó en un cierre prolongado que afectó a toda la comunidad académica. Hoy, lamentablemente, se observan patrones similares de bloqueo y presión indebida.
Los demás miembros del Consejo, salvo el representante profesoral Diego Torres, acompañaron estas decisiones sin examinar sus implicaciones.
La decisión adoptada por el CSU podría configurar una usurpación de funciones y un desacato a las sentencias, como han advertido juristas y observadores independientes. En todo caso, constituye un desconocimiento abierto de la legalidad vigente.
Y mientras continúa el debate, la Universidad paga los costos. Semanas sin clases, proyectos detenidos, acreditaciones aplazadas. Los órganos de gobierno están fracturados, se han deteriorado las relaciones y se ha ampliado el clima de desconfianza. También son notorios los costos económicos. Se han realizado eventos políticos financiados con recursos públicos, se han detenido convenios, y los aliados internacionales están preocupados por la inestabilidad. Desde el punto de vista reputacional, de nuevo, la universidad pública es injustamente reducida a un conflicto político estéril. Y están los costos humanos, quizás los más profundos. La estigmatización de profesores, la instrumentalización de estudiantes y las presiones inadecuadas de algunos actores sindicales que deterioran la convivencia universitaria y profundizan la fractura emocional de la comunidad. Estos costos los está pagando la comunidad universitaria en su vida cotidiana, en su trabajo, en sus proyectos académicos y en su derecho a estudiar y enseñar en un entorno estable y respetuoso. Estos no son costos abstractos. Están minando la misión académica, la estabilidad emocional y el proyecto educativo de la comunidad universitaria.
Todo esto explica por qué proteger a la Universidad Nacional —y a todas las universidades públicas— es proteger la democracia. Las universidades son lugares donde se forma la ciudadanía crítica, se resguarda la ciencia y se cuida la palabra libre. No está en juego el triunfo de un nombre sobre otro. Es más grave. Se ha puesto en tela de juicio la vigencia misma de las reglas.
La Universidad Nacional no puede ser un botín político ni un tablero donde se ensayan maniobras jurídicas. Debe volver a ser un bastión de la República, un espacio de excelencia académica y un patrimonio colectivo que trasciende cualquier gobierno. Y para eso, el camino es uno solo: cumplir las sentencias, sin atajos, sin presiones y sin dilaciones. Porque una universidad donde prevalece la arbitrariedad no puede formar ciudadanos libres. Y un país que renuncia a su universidad renuncia a su democracia.
Posdata. En los últimos días se ha conocido información muy preocupante para la seguridad e inteligencia del país, en la que el señor Wilmar Mejía aparece mencionado. Fue nombrado por el presidente de la República como representante del gobierno en el CSU de la Universidad de Antioquia. El país merece una explicación clara sobre las personas que representan al gobierno en estos órganos. Las universidades públicas pertenecen al Estado y a la sociedad. Su gobernanza no puede convertirse en un instrumento de control político.
