Volver a Convivir
El negacionismo no es el camino ante la posibilidad de un acuerdo político, social y cultural para Colombia que establezca la verdad, la justicia, y la reparación como políticas de Estado. Cuando la historia cuenta con suficientes elementos para establecer esas tres condiciones, con la perspectiva necesaria, a través de documentos, testimonios, investigaciones periodísticas y fallos judiciales —como el que se produjo el pasado martes 25 de noviembre en contra de Santiago Uribe Vélez—, hay que aceptar que lo ocurrido desde mediados de los años ochenta, hasta el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), fue la creación de una estructura paramilitar pensada y organizada bajo el supuesto de combatir a las insurgencias guerrilleras y señalar sin discriminación a civiles incómodos para ese poder, articuló a Fuerzas Armadas, Policía, carteles de narcotraficantes y clase política, dejando como resultado cientos de miles de muertos y millones de personas desplazadas en Colombia.
La condena a Santiago Uribe Vélez tardó veintisiete años en producirse, y aún tiene un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez ha sido encontrado culpable en segunda instancia y condenado a veintiocho años y tres meses de prisión por crear y financiar el grupo paramilitar de ultraderecha Los Doce Apóstoles. “Responsable de masacres y otros crímenes atroces en su guerra contra las organizaciones insurgentes de izquierda: Uribe Vélez es penalmente responsable por un concurso de delitos de lesa humanidad, uno de homicidio agravado y otro de concierto para delinquir agravado”.
La responsabilidad de quienes participaron en la conformación de estos grupos, legitimados en 1993 por la Ley 61, que otorgó facultades extraordinarias “para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”, se establece en innumerables investigaciones periodísticas, testimonios de participantes en estos hechos, testigos de excepción de lo sucedido en las haciendas Guacharacas, La Carolina, y muchas otras, en las cuales se planeó una estrategia de arrasamiento, una empresa criminal comparable a la realizada en la Alemania nazi, cuando se burocratizó desde el Estado la operación de aniquilamiento de miles de personas por razones ideológicas, por su condición social, entre otras razones no justificables.
El laberinto del parqueadero Padilla, el más reciente libro que alude a estos hechos, una muy documentada investigación de la periodista Diana Salinas, viene a sumarse a cientos de libros, investigaciones, reportajes, documentales, columnas, pódcast y expedientes judiciales en los que reposan las pruebas que deben dejar de negarse para que por fin abramos una conversación que reconozca esta empresa criminal creada desde el corazón del Estado colombiano, y que debemos comenzar a aceptar, tal como se hizo en Alemania tras la derrota de Adolfo Hitler. Debemos enfrentar como sociedad los hechos de sangre que asolaron a nuestro país, que tuvo, desde el primer ciclo de violencia contemporáneo, aquél sucedido entre 1948 y 1962, un pensamiento sobre la tecnología del asesinato que el libro de la antropóloga María Victoria Uribe recogió bajo el título de Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la Violencia en Tolima 1948-1964: cortes de franela devenidos en hornos crematorios, casas de pique, motosierras, ríos de fondos humanos amarrados a piedras, soluciones químicas para deshacerse de la carne y de los huesos, circuitos empresariales para optimizar el rendimiento del aparato asesino, negocios de armas cubiertos por empresas de cueros, vajillas o bananos, creación de leyes y de senadores y representantes para defender la estructura, infiltración a las cortes y cooptación de la justicia a través de magistrados y magistradas al servicio del horror. Conquistas de poder político se habían comenzado a imaginar desde mucho antes, por allá en los años sesenta, y gracias a una mentalidad imperial fueron copando el espacio de las fuerzas militares hasta convertirlas en parte de una guerra anticomunista, que terminó por crear el narcoparamilitarismo neoliberal que hoy, gracias a todas esas voces y archivos, podemos conocer mejor, y entender para detenernos ante la evidencia.
Hace dos años, en una bodega alquilada a 4-72 por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, en la zona industrial de Funza, una veintena de bolsas de basura abandonadas tienen buena parte de esa evidencia. Allí estaban los archivos de las llamadas Convivir, las cooperativas de seguridad privada legalizadas en la mencionada ley, que permitió constituir empresas de seguridad. “El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994 promulgó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que, entre otras cosas, ordenó los servicios de seguridad, les asignó algunas responsabilidades, les dio varias autorizaciones, entre ellas la de portar armas de uso privativo de la fuerza pública, y habilitó a los gobernadores para otorgar personerías jurídicas a todas aquellas asociaciones que se conformaran bajo esas normas”. Ese decreto definió los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos que “en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren de un nivel de seguridad de alta capacidad”.
La norma también precisó que se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, “cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional”. Asimismo, definió los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada como aquellos organizados por las comunidades “en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”. Adicional a ello, precisó que “solo podrán operar en la modalidad vigilancia fija y/o vigilancia móvil, con o sin armas y limitada al área de operación autorizada para el servicio”, siempre según el portal Verdad Abierta.
En dichas bolsas, listas para ser descartadas, que por fortuna se salvaron del destino de la escombrera, hay miles de documentos oficiales como solicitudes de Cámara de Comercio, autorizaciones de la DIAN, permisos para empresas de telecomunicaciones, conformaciones de juntas directivas, operaciones comerciales, nombres propios que, amparados por la mencionada ley, actuaron bajo el marco legal para alimentar al monstruo que desataría la muerte en todo el país de una manera, insisto, sistemática, como un plan de negocios macabro. Al repasar algunos de estos documentos públicos se hace evidente que quien investigue ese archivo, como ya lo han solicitado algunos senadores y periodistas a través de derechos de petición al Archivo General de la Nación, donde están resguardados estos doce metros lineales de información, entenderá la dimensión de los inventarios del aparataje de guerra, las transacciones, las sedes donde operaban, los vagos territorios donde se autorizó su operación violando, por ejemplo, la idea de que debían circunscribirse a lo departamental, los representantes legales y todo aquello que solo dos años después, encontraría el correlato subterráneo en el famoso Parqueadero Padilla.
La oportunidad de acceder e investigar esta información sobre las Convivir, como a la del extinto DAS —que ha suscitado nuevas estigmatizaciones muy peligrosas sobre funcionarios, acusándolos de pertenecer a viejas guerrillas hoy inexistentes y usar estos documentos para revanchismos que hacen parte de una anacrónica cultura que debemos superar—; así como al fondo de más de quince mil documentos recolectados por la Comisión de la Verdad —de los cuales se usaron unos tres mil para la redacción del _Informe final_—, y muchos otros que se encuentran en el AGN y que el archivo además territorializará, es fundamental. Hacerlo, dará un mensaje de futuro a una sociedad que no soporta más secretos y pactos en la sombra que han producido dolor, injusticia social y una práctica inmoral que consiste en vivir permanentemente en la oscuridad utilizando toda suerte de artimañas para esconder una verdad que cada vez es más profunda y evidente para una sociedad que debe pasar de la venganza a la comprensión de que vivimos sumergidos en un horror del que también fuimos parte como testigos, víctimas, ciudadanos o funcionarios.
La práctica de esta máquina de guerra tiene que ver también con emociones e historias personales que se han inventado para esconder verdades dolorosas, como la connivencia entre la política y el narcotráfico en Colombia. Por ejemplo, el crimen de Alberto Uribe Sierra, padre de Santiago y Álvaro Uribe Vélez, que el expresidente ha atribuido desde hace cuarenta años a las FARC, y es motivo de justificación para apoyar a las Convivir. Los jefes máximos de esta guerrilla, que produjo muerte y dolor en Colombia, y que firmó la paz con el Estado colombiano hace casi diez años, han negado esa versión. Eso quizás explica por qué el expresidente se opuso a los Acuerdos de La Habana: al entender que los máximos jefes de dicha organización tendrían que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, comprendió que su coartada iba a comenzar a desmoronarse. Estratagema que ya había sido desmentida por el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, que evidenciaba las relaciones entre Uribe Sierra y el Clan Ochoa.
