Bogotá, atrapada en el laberinto predial del IDU

En Bogotá, la compra de predios para obras de infraestructura no es un trámite más. Es el punto de quiebre que define si el proyecto avanza o termina en desastre.

Cuando la gestión predial falla, la factura que paga la ciudad es doble. La primera se mide en millones de pesos. La segunda se mide en años de escombros, desvíos eternos, ruptura de redes, comercios quebrados y barrios convertidos en corredores de vallas oxidadas, asediados por la inseguridad.

A finales de septiembre de 2025, la Contraloría de Bogotá publicó las cuentas del desastre. El ente de control reportó hallazgos por 151.498 millones de pesos en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por irregularidades y retrasos en la adquisición de más de cien predios destinados a proyectos viales. La cifra más delicada es la de 106 predios cuya compra quedó inconclusa entre 2020 y 2022 pese a los pagos realizados, con un detrimento patrimonial asociado de 121.771 millones de pesos. A esto se sumaron 29.726 millones en mayores costos de obra e interventoría por no entregar los predios a tiempo a los contratistas. Eso alarga los frentes de trabajo y dispara las cuentas.

Ese es el daño contable, el que se mide en balances. El daño ciudadano se vive en el día a día. La escena es cíclica. El contratista no puede culminar porque el predio no está liberado, o lo recibe tarde, o se lo entregan a cuentagotas, y la obra se vuelve una ruleta de prórrogas. El resultado es tan predecible que genera indignación. Más tiempo de cerramientos, trancones monumentales, mayor gasto público y una pérdida casi total de la fe en que “ahora sí” la obra será entregada. En la práctica, una adquisición predial mal ejecutada es el permiso tácito para que Bogotá viva en obra gris de manera permanente.

Lo más diciente es que el propio Distrito conoce el estándar que debería prevenir esta debacle. El IDU, según reportó El Tiempo, afirma que para nuevas megaobras se exige un concepto de viabilidad predial que garantice tener disponible al menos el 80 por ciento del área requerida y el 100 por ciento de los predios ofertados. El problema, entonces, no es la falta de fórmula. El problema es que la fórmula llega tarde, cuando ya hay dinero invertido, contratos amarrados y la ciudadanía pagando con creces la factura de la improvisación.

Incluso cuando la adquisición se fuerza a través de la expropiación, la batalla cambia de forma, pero el problema de fondo persiste. En agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente actos de expropiación del IDU en un pleito relacionado con la avenida Boyacá con calle 127, al concluir que el avalúo oficial no garantizó una indemnización plena, previa y justa. El Tribunal ordenó un nuevo avalúo con criterios técnicos verificables y el reconocimiento de perjuicios. Este caso ilustra otra arista. Una gestión predial defectuosa no solo causa demoras, también desata pleitos que se extienden por años, enfrenta a la administración con los ciudadanos y siembra la percepción de que el Estado paga mal, calcula mal o se defiende mal.

Y el patrón se repite. En otras obras cruciales, el factor predial sigue siendo la piedra en el zapato. En febrero de 2024, El Espectador identificó líos jurídicos en la adquisición de predios como uno de los factores que retrasaban la troncal de la avenida Ciudad de Cali, con alertas sobre pleitos que podrían dilatar la ejecución. Antes, en 2023, la Personería de Bogotá ya había advertido demoras en las troncales de la carrera 68 y la Ciudad de Cali vinculadas, entre otras causas, a retrasos en la adquisición de terrenos. Cuando dos fuentes distintas, en momentos diferentes, reportan el mismo comportamiento, ya no se trata de un tropiezo. Se trata de un modo de operar.

A esta cadena se suma otro elemento que suele pasar inadvertido. La gestión predial también atrae estafas. Desde hace años existen alertas oficiales por falsos funcionarios que se presentan como enviados del IDU para “ayudar” con trámites o cobrar por gestiones. La Alcaldía ha sido enfática en que esos procesos son gratuitos y no requieren intermediarios. Pero si el Estado no actúa con eficiencia y claridad, otros ocupan ese vacío con engaños.

Y ni hablar de las compras mal hechas y del pago a terceros que no son los dueños reales. Hoy hay una controversia por un predio ubicado en la autopista Norte en la que, según la denuncia de sus propietarios, el IDU pagó una expropiación para la construcción de un puente peatonal a quien no era el dueño del inmueble. Esto habría ocurrido, entre otras razones, por fallas en la verificación de la titularidad.

No es un caso menor. Es un predio de alto valor y el asunto ya está bajo investigación de la Fiscalía. Recientemente, apoderados de la sociedad copropietaria del lote ampliaron su denuncia y pidieron que se vincule a la investigación a Martha Liliana González Martínez, subdirectora general jurídica del IDU, como presunta partícipe o por favorecimiento.

Los denunciantes sostienen que la funcionaria ha defendido el pago hecho por el IDU en 2013, y que lo ha hecho desconociendo decisiones de la Oficina de Registro sobre la titularidad del inmueble.

Una cosa es que la gestión predial sea lenta, torpe o ineficiente. Otra, mucho más delicada, es que el Estado termine pagando donde no debía y, cuando los documentos de la autoridad competente confirman los errores, se insista en los mismos, como si el certificado de tradición y libertad no existiera.

Pareciera leerse un mensaje peligroso. No solo que la plata pública esté expuesta a perderse en el laberinto predial, sino que a propietarios se les expropien sus terrenos, se les pague a otros, y todo quede como si nada.