El error de estigmatizar a los “megaricos”

Escuché la alocución presidencial del pasado 23 de diciembre en la que el presidente Gustavo Petro defendió, con vehemencia, su reforma tributaria al amparo de la emergencia económica, tras el hundimiento del proyecto en el Congreso. En ella apareció la ya familiar consigna del presidente: “los megaricos deben pagar más”. Suena popular. Pero un jefe de Estado no gobierna con consignas; gobierna con señales. Y la señal de convertir a los ricos en antagonistas políticos puede costarle al país más de lo que recauda.

La medida concreta, además, es menos épica de lo que vende el presidente Petro. El decreto transitorio para 2026 vuelve el impuesto al patrimonio más progresivo: tarifa marginal que llega al 5 por ciento sobre el excedente de 2.000.000 de UVT (Unidad de Valor Tributario), con umbral desde 40.000 UVT. Con la UVT para el año 2026 fijada en 52.374 pesos, esos 2.000.000 de UVT equivalen a unos 104.700 millones de patrimonio líquido: activos menos deudas. Es decir: el “mega rico”, en la narrativa oficial, no está definido en términos económicos (productividad, inversión, creación de empleo), sino en un corte patrimonial que sirve para el titular y la confrontación populista.

Vamos a lo esencial: el recaudo. En este año 2025, el recaudo del impuesto al patrimonio ronda 1.2 billones de pesos frente a un recaudo total anual del orden de 250 billones: menos de 0.5por ciento del total. El propio Gobierno ha sugerido que, con la nueva tabla, ese recaudo subiría a 1.78 billones en 2026, que sería el 0.67 por ciento del total proyectado. En plata blanca: el esfuerzo político y la tormenta retórica serían para conseguir, en el mejor escenario, unos 500.000 a 600.000 millones de pesos adicionales. En términos fiscales cifras marginales.

“…la señal de convertir a los ricos en antagonistas políticos puede costarle al país más de lo que recauda”.

¿Vale la pena el costo político e institucional? Porque aquí aparece el punto que el presidente Petro omite: el impuesto puede ser “pequeño” en caja, pero “grande” en mensaje. La caja se mide en pesos; el mensaje se mide en confianza, permanencia de capital, decisiones de inversión y expectativa regulatoria. Y la señal de convertir al contribuyente de alto patrimonio en antagonista público puede ser más cara que el recaudo marginal que se persigue.

La experiencia internacional es menos romántica que el discurso. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de la que es parte Colombia, documentó cómo muchos países europeos abandonaron impuestos recurrentes al patrimonio (Austria, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, entre otros) por problemas de eficiencia, administración, litigios y baja relación costo-beneficio. No es que en esos países amen a los ricos: los gravan, sí, pero con reglas estables, bases amplias, mejor fiscalización y —sobre todo— sin convertir al contribuyente adinerado en enemigo.

“La OCDE documentó cómo muchos países europeos abandonaron impuestos recurrentes al patrimonio…”.

Y hay un dato que debería incomodar la narrativa populista de Petro: los países más prósperos suelen tener más ricos —más personas con patrimonio alto— porque han creado ecosistemas de productividad, innovación, capital humano e institucionalidad. No hablo de magnates: hablo de millonarios no famosos, gente que por ahorro e inversión acumula un patrimonio de al menos un millón de dólares, sin pertenecer a esa élite minúscula de quienes tienen miles de millones de dólares.

El Global Wealth Report 2025 de UBS muestra, por ejemplo, que Estados Unidos concentra cerca de 23.8 millones de millonarios (alrededor de 39.7 por ciento del total mundial del estudio) y China cerca de 6.3 millones —en buena medida por su tamaño—; mientras países industrializados como Australia y Canadá rondan los dos millones cada uno. En Europa y Asia, Italia, Corea del Sur, Países Bajos y España se ubican entre 1.2 y 1.4 millones de millonarios por país, y economías como Japón y Alemania superan los 2.6 millones. En comparación, en Colombia, según los agregados de la DIAN, 27.524 declarantes del impuesto al patrimonio en 2024 reportaron patrimonios brutos por encima de 72,000 UVT, un umbral cercano al millón de dólares según la conversión UVT–TRM de ese año.

Aquí es donde el debate del Gobierno colombiano se descarrila. Generar dinero no es pecado ni merece estigmatización; al contrario, en una economía que quiera desarrollarse, crear valor es una obligación. Y el Estado debería distinguir entre riqueza productiva (la que invierte, innova y emplea) y renta capturada (la que se amarra a privilegios, contratos amañados o corrupción). Si el Gobierno quiere hablar de eficiencia y justicia tributaria, el lugar más persuasivo para empezar no es la estigmatización del contribuyente próspero, sino la disciplina fiscal y el control del gasto.

“Generar dinero no es pecado ni merece estigmatización; al contrario, en una economía que quiera desarrollarse, crear valor es una obligación”.

Colombia, bajo el liderazgo del presidente Petro, no se merece mantener una guerra confrontacional y populista contra los ricos; necesita una cultura —y unas reglas e instituciones— que impulsen la creación de la riqueza: más empresas formales, más productividad, más inversión, más movilidad social. En suma: aspirar a que haya más colombianos prósperos, y que cualquiera pueda serlo bajo reglas claras, estables y legales. Cobrar impuestos es legítimo. Estigmatizar la creación de riqueza es suicida. Atacar a los ricos no enriquece a nadie ni ordena las finanzas públicas; lo que sí empobrece al país es espantar el capital y, sobre todo, la esperanza de prosperar.

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