El ministro que desafía a la Corte Constitucional

Cuando en abril de 2023 el presidente Gustavo Petro decidió sacar del ministerio de Salud a Carolina Corcho y anunció que en su reemplazo llegaría el médico Guillermo Alfonso Jaramillo, muchos pensamos que ese cambio traería un tono distinto al debate alrededor de la reforma a la salud. La intransigencia radical de Corcho, creímos, pasaría a un segundo plano y si bien el Gobierno insistiría en la misma reforma, las maneras de la discusión podrían ser otras. Aún faltaban dos años largos de mandato, y la oposición podría entenderse mejor con Jaramillo. Estábamos terriblemente equivocados. Jaramillo, en estos años, se ha convertido en un súper poderoso en Palacio, trayendo a funcionarios de su entera confianza no solo al sector de la salud, sino al ministerio de Hacienda con el director de Crédito Público, Javier Cuellar, e incluso a la secretaría jurídica de Palacio con el abogado Augusto Ocampo. Su influencia en el presidente Petro es absoluta, y su poder para hacer lo que le viene en gana también.

Tal vez por esto el ministro Jaramillo, que tiene la característica frecuente de regañar periodistas, sobre todo mujeres, gritándoles y tirándoles el teléfono cuando no le gustan las preguntas, ha decidido también mamarle gallo a la Corte Constitucional. Por ello, la Corte ha decidido abrir un incidente de desacato contra Jaramillo. Porque a pesar de las órdenes repetidas que la Corte ha dado para actualizar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir la plata con la que se financian los servicios que prestan las EPS, Jaramillo y el presidente Petro han decidido ignorarla e insistir, a pesar del sufrimiento de miles y miles de pacientes, que la UPC es suficiente y que el problema es solamente que las EPS malgastan y se roban los recursos. Ese argumento, antes de que el Gobierno interviniera varias EPS, entre ellas la más grande, la Nueva EPS, era poderoso, pero no después de las intervenciones. Hoy, la salud de más de 25 millones de colombianos depende del Gobierno Petro. Con todo, las deudas de las EPS intervenidas solo crecen.

Hace unos meses, el estudio de cartera hospitalaria N° 54 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a junio de 2025, reportó que las EPS intervenidas por el Gobierno adeudan a hospitales y clínicas del país 12,8 billones de pesos, y solo en los primeros seis meses de 2025 su cartera creció casi 3 billones. Si son EPS manejadas por el propio Gobierno y si la plata de la UPC sí alcanza, como argumentan Jaramillo, Corcho y el presidente Petro, ¿por qué cada día deben más plata? ¿Dónde está, como preguntaba el propagandista del Gobierno Vicente Calvo, la plata? La Corte Constitucional había ordenado al ministerio de Salud que el cálculo de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado debía basarse en información suficiente, representativa y de calidad reportada por las EPS, respaldada por estudios técnicos y actuariales, y no solo por la inflación.

Ordenó, entonces, fortalecer los procesos de recolección, verificación y contraste de datos, porque estos reflejan el costo real del aseguramiento, la frecuencia de uso, la siniestralidad (lo que gastan las EPS vs lo que reciben) y los gastos del Plan de Beneficios en Salud; sin estos datos completos y validados no es posible fijar una cifra sostenible. Según dice la misma Corte Constitucional en el regaño al altanero e irresponsable ministro Jaramillo, estas órdenes se encuentran en un incumplimiento general por parte del Gobierno Petro. Le dice la Corte al ministro Jaramillo, y de paso el presidente Petro, que para el 2026 se abstenga de calcular la UPC “únicamente conforme a la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir un estudio técnico de suficiencia de la prima”.

No solo eso, la Corte Constitucional compulsa copias “a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para que, de acuerdo con sus competencias, adelanten los trámites a que haya lugar por el incumplimiento de las órdenes judiciales impartidas por la Sala en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008”. Esto, en un país serio, con respeto a la ley y a la máxima corte del país, sería suficiente para sacar de su cargo al ministro Jaramillo. La decisión, además, está firmada también por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, muy cercano al presidente Petro –fue su primer secretario jurídico en Palacio–, y que siempre, hasta ahora, había votado a favor del Gobierno. Sí, su decisión viene con una aclaración de voto, pero está de acuerdo con la decisión de la mayoría.

¿Respetará el Gobierno Petro la orden de la Corte Constitucional? ¿O se seguirá pasando por la faja lo que ordena el tribunal constitucional de los colombianos? ¿Se volverá costumbre que el Gobierno Petro, y el de su continuismo con el candidato Iván Cepeda, decida simplemente no cumplir las sentencias judiciales que no le gustan? No abramos esa puerta, porque es el primer paso para terminar en una autocracia.