El salario mínimo como ‘regalo’

Subir el salario mínimo es popular; ignorar sus efectos, costoso. Si un aumento desmedido se vuelve consigna del Gobierno, la economía lo cobra en inflación, informalidad y menos empleo formal.

Subir el salario mínimo siempre es deseable y, por esa misma razón, suele ser irresistible. Nadie hace campaña prometiendo “moderación salarial”; nadie gana aplausos diciendo “calculemos elasticidades de un aumento desmedido del salario”. Pero un gobierno serio —y un país serio— no puede confundir lo popular con lo sostenible, ni lo deseable con lo ilimitado.

En Colombia, y parece que pocos lo saben, el salario mínimo ya ha crecido por encima del costo de vida durante varios años. Como escribí en una columna reciente, titulada ‘Cuando las buenas intenciones encarecen el empleo’, subir el salario siempre es deseable —y desde luego popular—, pero hacerlo sin medir su impacto sobre la base empresarial puede terminar siendo contraproducente. Entre 2015 y 2025, el salario mínimo nominal aumentó cerca de 121 por ciento (y alrededor de 62 por ciento desde 2020), mientras la inflación acumulada en esos mismos periodos fue aproximadamente 85 por ciento y 47 por ciento, respectivamente. 

En octubre hice esos los cálculos usando una proyección de inflación para 2025 de 5,3 por ciento; esa cifra terminó coincidiendo con el dato anual a noviembre reportado por el DANE, lo que sugiere que la inflación se aceleró en el tramo final del año y que el cierre podría quedar algo por encima de ese nivel. 

Un aumento desmedido del salario mínimo no “protege” automáticamente el ingreso; también puede alimentar nuevas rondas de aumentos de precios, es decir, más inflación, que al final opera como el impuesto más duro —y más injusto— para quienes menos tienen.

Dicho sin triunfalismo: el salario mínimo real ha crecido muy por encima del costo de vida. Eso es un avance social innegable. Pero también es una señal de alerta: cuando el salario mínimo real sube de forma sostenida, la economía no solo se “vuelve más justa”; también se vuelve más costosa de operar para el pequeño empresario que vive al día, para el comercio que compite contra la informalidad y para el empleador que quisiera contratar… pero termina aplazando decisiones.

“Lo responsable es otra cosa: subir el salario con criterio, sin convertirlo en un trofeo político de fin de gobierno”.

Aquí es donde el debate se desordena. Los defensores de un aumento fuerte suelen presentar dos opciones: o se sube “sin miedo”, o se está en contra de los trabajadores. Esa dicotomía es una caricatura del lenguaje que funciona muy bien en un mitin, pero es un pésimo método para diseñar política pública. Lo responsable es otra cosa: subir el salario con criterio, sin convertirlo en un trofeo político de fin de gobierno.

The Economist advirtió en dos artículos que publicó a finales del pasado noviembre un punto que incomodaría al Gobierno Petro: los aumentos grandes pueden distorsionar el mercado laboral de maneras que no aparecen de inmediato en la cifra agregada de empleo. Y pone un ejemplo concreto: la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, donde hubo un salto relevante del salario mínimo por hora en 2015 y 2016. La evidencia reseñada mostró que no necesariamente se produce un “despido masivo” (que es lo que todos buscan para ganar la discusión), pero sí un ajuste más silencioso: se frenó la contratación en la parte baja de la pirámide laboral y, al mismo tiempo, muchos trabajadores conservaron el puesto, pero con menos horas de trabajo (porque en Estados Unidos el salario mínimo se reconoce y paga por horas) o con cambios en la calidad del empleo, como por ejemplo eliminación de beneficios extralegales en salud. En otras palabras: el empleo no se destruye de golpe; se va adelgazando por los bordes.

“En otras palabras: el empleo no se destruye de golpe; se va adelgazando por los bordes”.

Esa es la clase de efecto que en Colombia se nos puede venir encima sin que lo notemos… hasta que sea tarde. La razón es simple: un país con informalidad alta, el “ajuste” suele tener nombre y apellido: menos vacantes formales, más contratación por días, más tercerización, más rotación, más emprendimientos de necesidad y, al final, más trabajadores “por fuera” del sistema que se supone queríamos fortalecer.

Ahora bien, incluso si uno creyera —por fe o por estadística— que el empleo formal aguanta, queda el otro problema: los precios. Cuando una empresa no puede absorber el costo, lo traslada. The Economist es enfático en mencionar que ese traslado a los precios finales al consumidor puede ser particularmente regresivo: termina golpeando más a los hogares de bajos ingresos, incluso más que ciertos impuestos al consumo. Y ahí aparece la ironía más amarga de todas: el aumento del salario mínimo, mal calibrado, puede convertirse en un impuesto escondido para los más pobres. Se celebra en el decreto, pero se cobra en la tienda.

Y ahí es donde el debate se vuelve más serio —y más incómodo para el Gobierno de Gustavo Petro—: ¿qué se ha hecho para que el aumento salarial sea consecuencia de mayor productividad, y no un mandato que empuja costos? ¿Dónde está el “ecosistema empresarial robusto” para la economía popular? ¿Cuáles fueron los incentivos a la formalización, el alivio real al microempresario o a las pymes, la normatividad laboral que invita a contratar? Subir el salario por decreto, mientras se multiplica la incertidumbre y se insiste en más presión tributaria, no construye prosperidad: la reparte por anticipado y luego la cobra con intereses.

En esto, el ministro Antonio Sanguino debería recordar el nombre del despacho que dirige. Es el Ministerio del Trabajo, no el Ministerio de los Trabajadores. La diferencia no es semántica: implica balancear derechos laborales con sostenibilidad empresarial, y pensar en el empleo que existe y en el que todavía no existe. Recuerde ministro, su cargo no es aplaudir el salario; es cuidar y promover el trabajo.

“Es el Ministerio del Trabajo, no el Ministerio de los Trabajadores”.

Subir salarios importa. Pero el verdadero triunfo social no es un número celebrado en diciembre: es un país donde el ingreso suba porque crece la productividad y la formalidad, no porque se vuelve consigna popular del Gobierno. Si el salario mínimo se usa como pancarta política, termina siendo una factura; y esa factura casi siempre la paga el que menos tiene.

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