El valor y el precio, tesoro
Escribo esta columna con la salvedad de que participé como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de este Gobierno, y que hablo, entonces, desde una parte interesada. En ese sentido, hay muchos asuntos a los que no me puedo referir, por haber firmado un acuerdo de confidencialidad que prometí honrar.
El galeón San José fue una de las naves de la Corona española que se hundió en la batalla de Barú, en 1708, con una carga de varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, así como de joyas y piedras preciosas, muchas de ellas provenientes de Bolivia y Perú.
La historia del galeón en nuestra época reciente comienza en 1980, cuando una compañía estadounidense de nombre Glocca Morra Company —que traspasó sus derechos a Sea Search Armada (SSA), de la misma nacionalidad—, realizó una exploración en aguas colombianas en búsqueda de la inmensa embarcación y declararon, en 1982, que habían encontrado las coordenadas exactas del navío hundido, entregando dicha ubicación en un informe confidencial a las autoridades colombianas de la época.
Desde entonces, los rumores, las demandas y las prospectivas de un rescate comenzaron a cuantificarse en dinero, lo que representaba para muchos abogados y miembros de la élite colombiana la ilusión colonial de estar ante el nuevo Dorado, aquel que llenaría las arcas de estos prometedores hombres de empresa y que en el delirio auguraba alcanzar hasta para pagar la deuda externa del país. Sobrevinieron demandas, los rumores crecieron, España entró en el debate y Nelson Fredy Padilla publicó un libro después de varias crónicas y reportajes sobre el tema llamado El galeón San José y otros tesoros. Relatos de intrigas y conspiraciones (Aguilar, 2016).
Pero en 2015 ocurrió un punto de giro de esta historia que ahora, diez años después, ha regresado para hablarnos de asuntos culturales a los que me gustaría referirme. Según me contaron algunos de sus protagonistas, estando en una recepción en la casa del consulado de Nueva York, el expresidente Juan Manuel Santos fue abordado por un hombre llamado Roger Dooley que, después de haber pertenecido a algunas empresas de extracción de estos mal nombrados tesoros, había encontrado la ubicación exacta del galeón San José en el Archivo de Indias de Sevilla, y que echaba por el suelo la tesis de las coordenadas que había estado rondando desde los años ochenta en Colombia.
Santos emprendió entonces, junto a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Ernesto Montenegro, la misión para constatar si esa localización correspondía al pecio arqueológico. Cuando tuvieron certeza, según le dijo Dooley al periódico El País de España, “[se] firmó un contrato [en 2015] con la empresa suiza Maritime Archeology Consultants (MAC) por el cual esta se quedaba con el 50 por ciento de todo lo encontrado al correr la sociedad con los gastos de la excavación”.
Antes de continuar con esta historia, hay que recordar que en 2007 la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo reconociéndole a SSA que la mitad de dicho hallazgo —que no estaba allí donde se había insistido— le pertenecía a la mencionada empresa, es decir, que se podría quedar con la mitad del sedimento, las rocas y los corales que estuvieran en el punto exacto de las declaradas coordenadas del informe confidencial de 1982. Cuatro años más tarde, en 2011, en el primer Gobierno de Santos (2010-2014), Sea Search Armada sufre un nuevo revés, puesto que en un pleito que había presentado contra Colombia, en el distrito de Columbia, en el que insistía en el hallazgo y su propiedad, se falló en una corte de Washington afirmando que el galeón era propiedad de nuestro país. Esto hizo que en España se despertara el debate y que se comenzara a insistir en que era una embarcación con bandera del reino español, cuando éramos una colonia, y que el yacimiento, además de tener un tesoro invaluable, era un camposanto en el que reposaban más de seiscientos oficiales y soldados de la Armada española. En 2013, el Congreso colombiano, mediante la Ley 1675, reglamentó los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución sobre patrimonio cultural sumergido.
Volviendo a 2015, el 27 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se había encontrado la ubicación del galeón San José que, dicho sea, proviene de la hipótesis de Dooley y el uso de modernos equipos del instituto Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), con la participación de la Armada y el ICANH. Y que por fin, tras años de leyendas, se sabía a ciencia cierta la posición. Ante la promesa hecha a MAC, debía entonces procederse a reconocer que la mitad de lo que se extrajera les pertenecía. Sin embargo, al haberse reglamentado el patrimonio sumergido, correspondía entonces modificar la ley de patrimonio de Colombia, para sostener algo que han discutido arqueólogos de todo el mundo y es que, al haber piezas repetidas, podía considerarse que se conservaba una muestra y lo demás podía venderse. Se hizo de esa manera y desde 2016 hasta 2018 comenzó a construirse lo que la ministra Garcés y el presidente Santos llamaron una hoja de ruta clara para la extracción, mediante la celebración de una alianza público-privada (APP). Meses antes de terminar el Gobierno Santos, dicha alianza no se firmó. La razón que se arguye fue falta de tiempo.
El 23 de enero de 2020, en el Gobierno de Iván Duque, se expidió la Resolución 0085 “por la cual se declara Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional el Pecio del Galeón San José”. Y el 4 de marzo de 2022, a finales de esa presidencia, la Resolución 113 por medio de la cual se declara desierto el proceso MC APP 001 de 2018. Es decir, la APP y la hoja de ruta, que ahora la exministra Garcés dice que estaba lista, era un proceso licitatorio declarado como desierto en el pasado Gobierno.
Cuando me reuní con el presidente Petro, el día que me contó cuáles eran sus prioridades para la cartera de Culturas —que dirigí desde agosto de 2023 hasta febrero de 2025—, me habló del galeón. Hablé con Roger Dooley. Durante un año (2022-2023), mis colegas, desde el ICANH, la Dimar, la Armada, la Dirección de Patrimonio del Ministerio y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, me presentaron tres escenarios distintos. Entendí entonces que la discusión seguía puesta sobre una idea que es, quizá, la que debatiría, pues no me interesa entrar en el juego que han protagonizado algunos de los involucrados, en menospreciar la tarea del Estado que se ha hecho desde entonces. Supe que la Armada colombiana se había preparado con infraestructura, muchos de sus oficiales habían entrado a estudiar la Maestría en Patrimonio de la Universidad Externado, y estaban convencidos de que nuestro país, de manera soberana, podía hacerse cargo de esta misión, puesto que por ley tienen el deber de garantizar la seguridad del yacimiento arqueológico, pero además porque al cerrarse el incentivo de pagar la intervención y el museo con parte de la carga, el Estado se quedó sin alternativas u hojas de ruta viables bajo el modelo de APP.
Desde ese momento pensamos que era la oportunidad para establecer una conversación con el mundo sobre la historia, la colonialidad y el reconocimiento de culturas que, como la nación Qhara Qhara de Bolivia, reclamaban el oro y la plata procedentes de sus territorios. Hablé con el embajador de España. Y cuando en diciembre de ese año me reuní con la Armada, supe que estábamos frente a una tarea en la cual podíamos subirnos muchas instituciones, países y especialistas, para insistir en varias ideas que han sido materia de burla por parte de algunos locutores de radio de las mañanas: la primera, que Colombia y sus Fuerzas Armadas eran capaces de disponer las capacidades técnicas y científicas; segundo, que tanto el ICANH como el Ministerio estaban preparados, tanto así que propusimos incorporar a Ernesto Montenegro, director del ese instituto en la época de Santos, y tercero, que se trataba no de una extracción, que equivalía a destruir y socavar el naufragio de una manera intensiva, sino de una oportunidad para investigar, conocer y establecer a Cartagena como uno de los centros de investigación submarina en patrimonio sumergido, y un verdadero tesoro biocultural de la humanidad, pues en el pecio había especies marinas y toda suerte de vida que podíamos estudiar.
Ese plan se lo presentamos al presidente, con la voz emocionada de uno de los contralmirantes. Soñamos con que los niños de Bocachica se convirtieran en investigadores, pensamos en crear un laboratorio y en equiparnos mejor para seguir adelante con la misión. Sacar el galeón del secreto más grande y exclusivo del Estado, a compartirlo con cada colombiano. Por esa idea, aprobada entonces por el presidente de la República, se decidió que el dinero provendría de los ministerios de Defensa y Culturas, en una alianza inédita que muestra un verdadero cambio en la manera de enfrentar desafíos como el que el galeón suponía.
Entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, la operación científica ‘Viaje al Corazón del Galeón San José’ generó una exposición mediática global sin precedentes para el Estado colombiano. Su exhibición supera el valor de cualquier campaña de promoción de ‘marca país’ a nivel mundial y posiciona a Colombia como referente global en ciencia y patrimonio cultural. Más allá de la cifra, el mensaje al mundo es claro: Colombia no es un país con un ‘tesoro’, sino una nación con sólida capacidad tecnológica y científica, comprometida con los principios universales de protección del patrimonio cultural sumergido.
Es doloroso escuchar ahora que todo queda reducido a decir que para sacar cuatro baratijas este Gobierno invirtió dos millones de dólares, sin entender que en una alianza inédita a nivel global, en la que defensa y cultura se unieron en una forma diferente de buscar la paz, hicimos una inversión para fortalecer las capacidades técnicas y científicas de las Fuerzas Armadas y del ICANH para poder explorar hacia el futuro más de cien naufragios, fortificaciones, asentamientos prehispánicos y otros yacimientos en contextos marinos y lacustres de nuestro territorio e ir mucho más allá del galeón; producto de la investigación se publicaron nueve artículos científicos en prestigiosas revistas como Antiquity, de Cambridge –hay un número similar en revisión–, se realizaron 34 eventos académicos nacionales e internacionales, y se hizo la declaratoria de la primera área arqueológica protegida submarina en aguas profundas de Latinoamérica –y el respectivo plan de manejo arqueológico–, y presentamos a expertos de todo el mundo nuestro proyecto de manera clara y transparente, con el que insistimos en quitar de la ley y del imaginario la idea de que el patrimonio de los colombianos se puede dividir y convertir en mercancía y, más importante aún, que los colombianos no podíamos administrar y proteger nuestro patrimonio, tal como lo han repetido personajes influyentes que siguen creyendo que somos un pueblo incapaz, que se merece la suerte de ser invadido por el fascismo trumpista.
Es muy diciente que quienes informaron desde emisoras como La W no se hayan tomado el trabajo de hablar con la Armada, en lugar de menospreciarla, de insistir en que estamos desaprovechando el precio de un pecio cuyo valor cultural está por encima de cualquier consideración neoliberal. El cambio de mentalidad es complejo. Todos quieren tener la razón, defender una idea del mundo patriarcal: pocos quieren entender que esta empresa, en la que seres humanos de muchas instituciones han puesto su vida, su saber, su cuidado y su inteligencia, queda reducida, una vez más, a una pelea desde el poder y a una condescendencia con los colombianos a quienes, en últimas, consideran seres de menor valía, por no ser parte de su ethos y clase social.
Colombia hoy, desde la Armada, el Ministerio de Culturas, la Dimar, el ICANH y la Presidencia de la República, puede decir que prefirió apostar al futuro, extraer para entender cuál iba a ser el comportamiento de materiales sumergidos hace tres siglos, compartir con expertos del mundo, acoger a la nación Qhara Qhara, sentarla con el Gobierno español, y vencer la idea de que las guerras, las batallas y el dinero son el único destino para la ciencia y la cultura. Pero claro, siempre es bueno reírse a costa de los demás cuando no se ha obtenido el triunfo que el Gobierno Santos podría reclamar, y que tumbó el Gobierno Duque, al declarar desierta una APP, que la empresa MAC podía o no ganar, y que, como ya se dijo, se proclamó sin adjudicatario por haber incluido el galeón como un BIC nacional, lo cual hacía el proyecto inviable.
Pero claro, una cosa es el precio y otra el valor del pecio, tesoro.
