La caja menor de la Agencia
La foto parecía una broma. Una comparsa cuidadosamente vestida, con sombreros idénticos, chaquetas recién compradas y maletas de ruedas que contrastaban con el supuesto arraigo rural que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) quería proyectar como imagen institucional. Al centro, una bandera de Colombia extendida como telón, sostenida con precisión por varios de los viajeros, completaba la escena.
Un retrato que parecía más pensado para un afiche de feria turística que para representar a miles de familias campesinas. La imagen, divulgada como símbolo de la delegación que asistiría a la Exposición Internacional de Importaciones de China, en Shanghái, mostraba un grupo heterogéneo donde campesinos se mezclaban con funcionarios, contratistas y acompañantes disfrazados de tradición. Era folclor empaquetado para exportación: la bandera sin la patria, el sombrero sin el campo, la ruana sin el frío y una foto sin realidad.
Pero lo más revelador no estaba en el vestuario coordinado ni en la bandera desplegada, sino en la composición misma del grupo. Entre los supuestos representantes del campesinado apareció el señor Miguel Ángel Aranguren Ortiz, técnico de asistencia de la ADR y conductor personal del presidente de la ADR, César Pachón. Su presencia, disfrazada de representación campesina, abría una pregunta inevitable: ¿cómo está pagando la ADR estas delegaciones?
La respuesta está en el documento que sostiene buena parte del andamiaje financiero de la ADR: el Convenio de Cooperación Internacional No. 12262023 de 2023, suscrito entre la agencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un acuerdo por $175.863.506.497. Barajemos esa cifra de otra manera. Un contrato por casi 176.000 millones de pesos.
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De ese dinero, la ADR aporta 135.161 millones de pesos, destinados exclusivamente a la formulación, estructuración y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). El anexo técnico es explícito: los recursos deben invertirse en asistencia técnica, fortalecimiento asociativo, insumos, maquinaria, adecuación productiva y actividades propias del desarrollo agrícola con enfoque territorial. Nada en el convenio, ni en sus anexos, ni en sus obligaciones, autoriza a financiar viajes internacionales de funcionarios administrativos, conductores, contratistas o acompañantes ajenos a la ejecución técnica de los Pidar. Pero ¿quién lee la letra chiquita de esos contratos? Parece que nadie.
Polémico. Pero no para ahí. Según fuentes al interior de la agencia, varias de las comisiones al exterior que la ADR ha pagado con esos recursos comparten un mismo problema: no cuentan con la autorización del Ministerio de Agricultura, al cual está adscrita la entidad, ni del Dapre, como exige el debido proceso para los desplazamientos internacionales de los servidores públicos.
En algunos casos, incluso se habría incluido en las delegaciones a contratistas sin justificación técnica, cuyas funciones no guardan relación alguna con las actividades misionales de la entidad ni con las obligaciones contempladas en el Convenio 12262023. Un patrón que no solo viola las reglas administrativas más básicas, sino que desvía recursos diseñados para el campo hacia itinerarios internacionales que nada tienen que ver con los Pidar. No confundir con dilapidar.
Sigamos. La delegación a Shanghái tenía otra particularidad que no aparecía en los comunicados oficiales. Entre los viajeros se encontraba también el asesor de la Presidencia de la ADR que, además de sus funciones institucionales, ejerce como pastor y consejero espiritual de varios funcionarios, incluido el propio presidente de la agencia.
Su presencia en la comitiva no respondía a ningún rol técnico en la ejecución de los Pidar, pero sí encajaba con el clima religioso que se ha venido documentando al interior de la entidad: reuniones de corte devocional, oraciones en espacios laborales y un discurso espiritual que se mezcla sin pudor con decisiones administrativas. En Shanghái, el sombrero y la ruana eran el atuendo; en la ADR, la fe del presidente parece haberse vuelto parte del organigrama.
No se trata de un caso aislado. Esto ha sido denunciado en el pasado en esta columna. Según testimonios recogidos al interior de la ADR, la presencia de pastores religiosos en espacios decisorios se ha vuelto habitual. Todo esto pese a no ocupar un cargo técnico ni cumplir funciones relacionadas con la misión agrícola de la entidad.
En ese contexto, su inclusión en la delegación a Shanghái no fue una excepción, sino una extensión natural de un modelo de gestión donde la frontera entre lo institucional y lo religioso se ha ido desdibujando. Y mientras la ADR se dedica a exportar folclor, también parece estar transportando devoción. Todo pagado con el millonario convenio de cooperación internacional 12262023. Al que viatica, Dios le aplica.
Otro ejemplo de estos abusos se repitió esta vez con destino a México. Según documentos internos, la ADR solicitó autorización para enviar, en comisión oficial, a José Luis Valenzuela, secretario general y vicepresidente encargado de Gestión Contractual, y a César Augusto Ramírez, jefe de la Oficina de Planeación, al 7.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, un evento diseñado para mandos policiales y autoridades de seguridad ciudadana.
El congreso tuvo lugar en Nezahualcóyotl los días 28 y 29 de agosto de 2025, y la solicitud fue radicada por el propio presidente de la ADR, César Pachón, el 19 de agosto. La autorización, sin embargo, fue denegada.
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A pesar de la negativa del Ministerio de Agricultura y de la ausencia de autorización del Dapre, ambos funcionarios viajaron. Según las fuentes consultadas, lo hicieron bajo la figura de permisos remunerados, mientras los gastos de tiquetes, viáticos y logística se cargaron al mismo convenio que debe financiar los Pidar. Y lo más grave es que no existe evidencia de que esa comisión dejara resultados verificables para el desarrollo rural, ni informes técnicos que justificaran el desplazamiento. Era, en esencia, otra delegación sin sustento misional que terminó financiada con recursos diseñados para transformar el campo colombiano.
Cuando el Ministerio de Agricultura negó la comisión de servicios al exterior, el viaje a México no se canceló, se rebautizó. En lugar de una comisión formal, con sus controles y obligaciones, los dos altos funcionarios de la ADR salieron del país amparados en una cadena de permisos remunerados y licencias ordinarias, otorgados el 26 de agosto de 2025.
Las resoluciones internas hablan de “permiso” y de “licencia”, nunca de una comisión oficial en representación de la entidad. En el papel, Valenzuela y Ramírez se ausentaron por motivos personales; en la práctica, viajaron como voceros de la ADR a un congreso internacional. Es la magia de la administración creativa, en donde lo que no se puede por la puerta de las comisiones se hace por la ventana de los permisos.
Ese juego de palabras no es un tecnicismo menor. El propio Departamento Administrativo de la Función Pública ha sido claro: los permisos y licencias responden a necesidades personales y no generan ni viáticos ni comisiones, mientras que las comisiones de servicio sí son desplazamientos oficiales, con fines institucionales, que pueden justificar el pago de viáticos y exigen un informe ejecutivo al regreso.
La trama se completa con los correos electrónicos cruzados entre la ADR y la UNODC. Días antes de que el ministerio negara la comisión, la vicepresidencia que supervisa el convenio pidió a la UNODC apoyo financiero para cubrir los desplazamientos. La solicitud incluía los tiquetes y los viáticos no solo de Valenzuela y Ramírez, sino de tres personas adicionales: dos contratistas cercanos a los directivos y otro funcionario, que también viajarían a México.
La respuesta de la UNODC no dejó dudas: “empezaremos a trabajar para realizar los remites pertinentes (tiquetes y viáticos)”. Y así fue. Pocos días después, la oficina regional remitió los pasajes para los cinco viajeros. Era el mismo viaje, la misma delegación y el mismo convenio. Lo único que había cambiado era la fachada. Viaticar, viaticar y viaticar, que el gobierno se va a acabar.
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Lo ocurrido en México con delegaciones infladas, permisos disfrazados de comisiones y financiación internacional sin control, no es un desvío aislado. Es exactamente el tipo de práctica que la Contraloría General ya había alertado en su evaluación del Convenio 12262023.
En su auditoría financiera más reciente, de junio de 2025, el órgano de control encontró que el acuerdo 12262023, el mismo que está financiando sombreros en Shanghái y permisos disfrazados de misiones internacionales en México, presenta fallas estructurales que van mucho más allá del mal uso de los viáticos. Un hallazgo administrativo con posible alcance disciplinario describe un escenario en el que los recursos del convenio se ejecutan sin claridad técnica, sin supervisión adecuada y sin correspondencia con los fines agrícolas que lo justifican.
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Como si fuera poco, la supervisión del convenio, una responsabilidad indelegable del Estado terminó diluida en documentos elaborados conjuntamente por la ADR y la propia UNODC, es decir, por la entidad contratante y la entidad contratada. La Contraloría concluyó que el supervisor incumplió sus funciones básicas. Por ejemplo, no verificó el avance técnico, no exigió informes independientes, no vigiló el uso de los recursos y no garantizó el cumplimiento del objeto contractual. En la práctica, la supervisión terminó siendo un acto de fe. Quizá por eso el pastor terminó siendo más visible que el supervisor.
El resultado es tan predecible como inquietante. Un convenio millonario que debía transformar el campo colombiano, pero que no muestra resultados verificables en los territorios; una ADR que gira recursos sin tener claridad de a quién llegan; y una estructura técnica debilitada mientras crece el número de viajes, comitivas, permisos especiales, delegaciones internacionales y “misiones” que parecen beneficiar más a funcionarios y contratistas que a los campesinos.
Pero, en el fondo, la historia no va de sombreros en Shanghái ni de congresos policiales en México. Va de un contrato diseñado para transformar el campo y que, en manos de esta administración, terminó reducido a la institución más primaría del Estado colombiano: una caja menor. Un instrumento creado para los campesinos, convertido sin pudor en la billetera de viaje de quienes deberían servirlos. Ese es el verdadero desequilibrio. Los campesinos esperando el apoyo, y la alta dirección llenando de sellos sus pasaportes.
La Contraloría ya dejó claro que este no es un problema de forma, sino de fondo. La ADR está ejecutando recursos sin diagnóstico, sin control y sin medir resultados. Un modelo de gestión en el que la devoción sustituye la planeación, la improvisación reemplaza la supervisión y el convenio, el mayor en la historia de la entidad, se convierte en una chequera sin contrapartida.
Quizá por eso la foto inicial resulta tan reveladora. No era una puesta en escena folclórica. Era una metáfora. La bandera sostenida como telón central, el vestuario impecable, las ruanas reemplazadas por chaquetas recién compradas, las sonrisas de aeropuerto. Todo en la imagen era utilería, pura representación. Y como en toda función teatral, lo importante no estaba en el escenario, sino detrás del telón. El problema es que, una vez más, mientras los funcionarios actuaban, los campesinos, los supuestos destinatarios de los recursos, volvieron a quedar sin recibir un solo peso, esta vez del gobierno que juró protegerlos.
@yohirakerman; [email protected]
