La última milla educativa: entre el acceso que se celebra y las trayectorias que se rompen
En la columna pasada exploré las primeras estaciones de la trayectoria educativa: la educación inicial, la básica, la secundaria y la media. Un recorrido que en el 2025 estuvo lleno de avances, retrocesos y brechas que muestran cómo la desigualdad obliga a millones de niñas, niños y adolescentes a bajarse del camino antes de tiempo. Pero incluso quienes logran llegar hasta el grado 11 —y superar la barrera del Saber 11— enfrentan la etapa más difícil de todas: la última milla, el salto a la educación superior y la permanencia hasta la graduación.
En Colombia, esta última etapa se parece más a una carrera de obstáculos que a un puente hacia nuevas oportunidades. Si queremos que el 2026 sea un año de transformaciones reales —y no un ejercicio más de diagnósticos repetidos— debemos poner el foco en los puntos donde el sistema pierde más estudiantes. Allí se acumulan las desigualdades y las instituciones educativas no alcanzan a responder a tiempo, justo cuando los jóvenes más necesitan apoyo.
Llegar a la educación superior no garantiza terminarla. En este nivel las trayectorias educativas se encuentran con numerosos tropiezos. Aunque se han ampliado los cupos, la proporción de jóvenes que logra graduarse sigue siendo baja frente a otros países de América Latina. Muchos comienzan, pero no todos llegan al final. Las razones se acumulan, comenzando por las brechas académicas desde primaria y secundaria. Le siguen las dificultades económicas para sostener los estudios, problemas emocionales como ansiedad y soledad académica, y debilidades institucionales en los sistemas de acompañamiento, tutorías y nivelación.
Los puntos de quiebre suelen ser predecibles. El primer semestre, la transición a cursos más exigentes, los primeros parciales, los cambios de jornada laboral, la falta de recursos o la ausencia de orientación vocacional. Desgraciadamente las alertas llegan tarde o no llegan. La paradoja es que Colombia celebra cada año la expansión en cupos, pero no habla con la misma fuerza de la expansión en graduados, una medida más robusta de equidad y movilidad social. Sin duda, el completar la educación superior mejora ingresos, estabilidad laboral y oportunidades. La probabilidad de alcanzar esta meta sigue dependiendo más del origen socioeconómico que del talento o la disciplina.
Los jóvenes de colegios oficiales y de zonas rurales enfrentan un riesgo significativamente mayor de deserción en los primeros semestres. Las brechas que comenzaron en la primera infancia y crecieron en primaria y secundaria se vuelven casi insalvables sin apoyos académicos y financieros oportunos.
A este escenario se suma un problema adicional, menos visible pero igual de grave, y es la forma de medir los avances en educación superior. El problema no es solo de resultados. Es también de cómo se los nombra y se los mide. El Plan Nacional de Desarrollo propuso la meta de 500.000 nuevos estudiantes en educación superior, acompañado de estrategias de permanencia y graduación. Sin embargo, las cifras oficiales reportadas a 2024 muestran un avance acumulado de 190.504 estudiantes, apenas el 38,1 por ciento de lo prometido para el cuatrienio. La diferencia con respecto a la meta es de 309.496 estudiantes.
A ello se suman los cuestionamientos ya documentados sobre la transparencia del cálculo del Ministerio de Educación Nacional. Este contraste es revelador: no expresa solo un desacuerdo político, sino una discusión de fondo sobre cómo se mide, qué se mide y qué se comunica cuando se habla de expansión de la educación superior.
El informe de agosto de 2025 del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana muestra que, entre 2014 y 2024, la cobertura bruta en educación superior pasó del 49,82 al 57,53 por ciento. Es un avance, pero insuficiente. Seguimos lejos del promedio de la OCDE y por debajo de países como Chile o Argentina. Aplicando una metodología coherente con los sistemas de información disponibles y con el registro efectivo de matrícula en el SNIES, el crecimiento de nuevos matriculados sería de apenas 125.411 estudiantes y no los 190.504 reportados por el Gobierno.
Aquí aparece el núcleo del problema. En el debate público y político se habla de “cupos” como si fueran sinónimo de oportunidades reales, cuando el sistema oficial no mide cupos, sino estudiantes que efectivamente se matriculan por primera vez. Y esa diferencia cambia toda la conversación. Se celebra la capacidad potencial, no la experiencia concreta de quienes ingresan, permanecen y se gradúan.
Algo similar ocurre con la presentación de los avances: se suman resultados anuales como si fueran acumulables, cuando el dato más reciente ya incorpora los anteriores. El resultado es un optimismo estadístico que dificulta responder la pregunta central: ¿se están ampliando oportunidades sostenibles o maquillando el acceso?
Más preocupante aún es la ausencia de indicadores intermedios que permitan evaluar la gestión pública: cuántos cupos reales se crearon, cuánta infraestructura nueva se puso en funcionamiento, qué tan efectivos han sido los apoyos a la permanencia y cómo evolucionan las tasas de graduación. En lugar de sistemas de seguimiento claros y comparables, la ciudadanía recibe comunicados esporádicos. Cuando esto ocurre, la política pública pierde la brújula y el debate educativo se desplaza de las trayectorias reales de los estudiantes hacia la disputa por los anuncios. Sin buena medición no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas no hay corrección de rumbo. Por eso, no basta con abrir cupos universitarios. El país necesita garantizar que quienes entran puedan quedarse, aprender y graduarse. Una política de acceso sin una política sólida de permanencia es un puente que no llega a la otra orilla. Y si, además, las metas se comunican de manera confusa, el riesgo es doble: se pierden estudiantes y se pierde la capacidad de exigir mejores resultados.
Tres propósitos inaplazables para el 2026
Si queremos que la educación sea un motor de transformación —y no un laberinto donde solo algunos encuentran la salida— el país debe concentrar sus esfuerzos en por lo menos tres tareas esenciales durante el próximo año.
Uno. Terminar de aterrizar la Ley de Competencias con claridad y responsabilidad. La transformación normativa aprobada en el Acto Legislativo de 2024 debe convertirse en una buena Ley de Competencias y en un mapa operativo para los territorios. Las reformas pedagógicas no funcionan sin un andamiaje institucional, financiero y administrativo sólido. El Gobierno nacional, los departamentos y los municipios necesitan clarificar responsabilidades, establecer reglas claras de financiación, priorizar la inversión en calidad, jornada única y los tres grados de preescolar, y fortalecer la capacidad de gestión educativa local. Sin esa claridad, el riesgo es que la reforma se quede en buenas intenciones sin impacto real. Hacerlo en 2026 no es opcional. Es condición para que las demás apuestas educativas no sigan naufragando.
Dos. Recuperar la lucha contra la deserción como una política de Estado, no como un programa pasajero. La deserción no es un porcentaje: es un niño que se pierde, una adolescente que asume tareas de cuidado, un joven que abandona sus estudios porque la pobreza le ganó la partida. El país cuenta con sistemas de información y alertas tempranas, pero falta que se usen de manera consistente, que se integren con transferencias monetarias, PAE y transporte escolar, que cada territorio tenga equipos para intervenir caso a caso y que cada estudiante en riesgo tenga un nombre y un plan de acompañamiento. Recuperar la permanencia como política de Estado es una de las medidas más rápidas, baratas y efectivas para mejorar la equidad educativa.
Tres. Bajarle a la controversia en educación superior. Subirle a las trayectorias. La polarización entre lo público y lo privado ha capturado la agenda y desplazado lo esencial: los estudiantes y su permanencia. El país necesita reenfocar la conversación en orientación vocacional desde la secundaria, programas de nivelación para estudiantes de colegios oficiales y rurales, acompañamiento académico y financiero en los primeros semestres, expansión ordenada de la oferta y una articulación real entre la educación media y la superior como política estructural, no como piloto. No basta con abrir la puerta de la universidad; hay que asegurarse de que quienes entran puedan cruzarla hasta el final. Mientras esa discusión siga capturada por la polarización, la última milla seguirá siendo un privilegio y no un derecho.
De otro lado —y lo digo con preocupación, más que con expectativa—, ojalá el gobierno respete el concepto de autonomía universitaria. Sin autonomía universitaria tampoco hay trayectorias protegidas, y lo que está ocurriendo en los procesos de elección de rectores en varias universidades públicas, particularmente en la Universidad Nacional, es doloroso y lamentable. Lo mismo sucede con las sesiones del Consejo Superior Universitario de varias instituciones del país. Son episodios tristes en donde la academia parece ceder el paso a intereses políticos. Esta fragilidad institucional también termina impactando la última milla.
Un cierre para el año
Colombia ha avanzado en muchas cosas y retrocedido en otras. Hay señales alentadoras, pero también alertas urgentes. El vaso puede verse medio lleno o medio vacío, pero el verdadero problema es otro: la trayectoria educativa del país sigue pareciéndose demasiado a un laberinto, donde la desigualdad define quién avanza y quién se detiene. El desafío de 2026 no será solo mejorar un indicador o inaugurar más cupos, sino asegurar que cada niño, niña y joven pueda recorrer su camino educativo sin que la pobreza, la exclusión o la falta de acompañamiento lo obliguen a bajarse antes de tiempo. Ese es el compromiso pendiente. Ese es, también, el horizonte que debemos reconstruir. Mientras no resolvamos la última milla, la educación seguirá prometiendo puentes que muchos nunca logran cruzar.
Posdata. 1. Afortunadamente, la educación también nos permite celebrar y soñar. Este año, Bogotá tuvo sus primeros graduados con Bachillerato Internacional. Entre 2022 y 2025, los diez colegios oficiales que implementaron el programa aumentaron en promedio 4,31 puntos en las pruebas Saber, pasando de 282,88 a 287,19. El avance más visible fue el del Liceo Femenino de Cundinamarca, con un aumento de 27,02 puntos, junto con mejoras de dos dígitos en el Julio Flórez y el IT Industrial Francisco José de Caldas. Estos resultados recuerdan que las transformaciones educativas son posibles cuando hay diseño serio, continuidad y compromiso de las comunidades educativas. Felicitaciones a Bogotá. Un buen regalo de Navidad.
Posdata. 2. La promoción 2025 del Programa Crédito Beca de Colfuturo será la última financiada con recursos del Gobierno nacional, cerrando una política que durante más de dos décadas permitió formar a cerca de 25.000 colombianos en posgrados de alto nivel. Es una decisión equivocada. Ojalá el próximo gobierno sepa preservar este legado, y se encuentren nuevas vías para que el talento siga formándose y aportándole al futuro del país.
