Política social, la otra cara del Gobierno Petro

Es un hecho: durante el Gobierno de Gustavo Petro —que llegó al poder prometiendo un cambio para millones de colombianos históricamente excluidos— la pobreza y la desigualdad han disminuido. Las cifras divulgadas por el DANE en julio pasado, y ratificadas recientemente por la Cepal en su Panorama Social 2025, confirman esa tendencia.

Según el organismo regional, la pobreza en Colombia cayó el año pasado a 31,8 por ciento, el porcentaje más bajo desde el año 2020, el punto crítico de la pandemia.

El índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad de un país, también mostró mejoría: se ubicó en 0,559 puntos, una reducción de 1,2 por ciento frente a la medición de 2021. En total, el Gobierno Petro ha logrado disminuir la pobreza en 2,7 puntos porcentuales y la pobreza extrema en un punto entre 2022 y 2024.

Son avances modestos para un Gobierno que prometió transformaciones profundas en un país lleno de cinturones urbanos de miseria y de comunidades rurales atrapadas entre el conflicto armado y la violencia criminal. Pero, aun siendo modestos, son avances reales. Y constituyen uno de los pocos logros verificables de la administración Petro. Su origen es claro: la política salarial.

Cuando Petro asumió la presidencia en 2022, el salario mínimo era de un millón de pesos mensuales. Con el aumento previsto para 2026 —alrededor del 10 por ciento— superará el millón y medio de pesos. En términos nominales, el incremento acumulado supera el 50 por ciento. Esto ha sido posible porque los ajustes salariales han estado por encima de la inflación, lo que ha generado un aumento del salario mínimo real sin precedentes en la historia reciente del país.

Empresarios y un importante sector de economistas han advertido que estos incrementos podrían presionar la inflación y aumentar la informalidad laboral. Hasta ahora, no hay evidencia de ello. Lo que sí muestran los datos es que el aumento real del salario mínimo ha sido decisivo para reducir la pobreza y la desigualdad en los últimos tres años.

La Cepal lo señala con claridad en su informe del pasado 26 de noviembre: “el crecimiento de los salarios fue clave para reducir la pobreza” en Colombia y en otros países de la región. Los ingresos laborales tuvieron “un papel predominante” en esa reducción.

México ofrece un ejemplo ilustrativo. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado 54 por ciento en términos reales, sin detonar una espiral inflacionaria. Ese incremento ha sido un factor central en la reducción de la pobreza, que pasó de 35 por ciento a 22 por ciento entre 2018 y 2024, según la Cepal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido esa política: en 2026 el salario mínimo subirá 13 por ciento, muy por encima de la inflación del último año, que fue de 3,57 por ciento.

Colombia arrastra una deuda social histórica y necesita respuestas efectivas para sacar de la exclusión a millones de ciudadanos. Hasta ahora, nada indica que la política salarial de Petro haya tenido efectos nocivos sobre la inflación o el empleo formal. En contraste, los datos muestran que ha contribuido a hacer del país un lugar menos desigual.

Pero el desafío sigue siendo monumental. El Panorama Social 2025 confirma que Colombia continúa figurando como el país más desigual de América Latina. El 10 por ciento de la población más rica concentra el 43,9 por ciento del ingreso nacional —casi diez puntos por encima del promedio regional—, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas recibe el 0,9 por ciento, la mitad del promedio latinoamericano.

La violencia persistente, el conflicto armado en múltiples regiones y la fragilidad institucional están íntimamente ligados a esa inequidad estructural. Enfrentarla debe ser una prioridad nacional que trascienda los ciclos políticos y la creciente polarización.