Salarios no tan mínimos
La decisión sobre el salario mínimo tiene repercusiones sobre las finanzas públicas que no siempre son tenidas en cuenta. En varias ocasiones he planteado que los salarios tienen una doble función en el sistema económico: de una parte, son uno de los costos de producción que pueden inducir inflación; de otra, son determinantes de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y, por lo tanto de la demanda agregada y del crecimiento de la producción y el empleo.
En los últimos años ha sido más fuerte el segundo efecto pues el aumento de los precios ha sido menor que el del salario mínimo y ha bajado el desempleo, mientras que si ha aumentado el consumo de los hogares que se ha convertido en el principal motor de una economía con exceso de capacidad instalada y capacidad de absorber la mayor demanda. No siempre es así y, aunque en general pienso que es una política progresista adecuada que el salario mínimo se aumente por encima de la inflación, no se puede exagerar pretendiendo que su aumento duplique o triplique la variación del IPC.
Los efectos fiscales del salario mínimo
Aunque en la mayoría de las discusiones se habla de los efectos del salario mínimo sobre las empresas privadas, la realidad es que su aumento también tiene efectos fiscales tanto directos como indirectos. Entre los primeros está el incremento a los funcionarios públicos y contratistas de servicios que ganan 1 SMLV o un poco más, el cual incluye no solo el salario directo sino las prestaciones sociales. Se sabe que hay 1.4 millones servidores públicos que hoy trabajan en el Gobierno nacional, las entidades territoriales, las ramas judicial y legislativa y los organismos de control, pero no conozco la cifra de cuántos están en ese nivel salarial. Sin embargo, es presumible que sea un grupo minoritario.
No hay duda de que es cuestión de justicia que este grupo de funcionarios reciba el incremento definido, aunque de nuevo el contexto debe tenerse en cuenta en la decisión, pues no es lo mismo tener que aumentar el gasto cuando la situación fiscal está en equilibrio que cuando el déficit fiscal es del 7 por ciento del PIB.
El otro efecto directo se da en el sistema pensional, pues la pensión mínima está atada al salario mínimo. Un aumento real del mínimo eleva el subsidio implícito que paga el Estado, especialmente en los regímenes con fuerte componente fiscal. El aumento de la pensión mínima que está atada al salario mínimo, por lo cual todo aumento del mínimo eleva el subsidio implícito que paga el Estado, especialmente en los regímenes con fuerte componente fiscal.
El efecto indirecto se da en los salarios del resto de empleados públicos, pues el aumento del salario mínimo es un punto de referencia en las negociaciones con los sindicatos estatales que presiona la subida de toda la escala salarial del sector público, en general muy por encima de la inflación. Además, una parte de estos aumentos salariales no solo son innecesarios sino que contribuyen a la desigualdad social pues acaba beneficiando a quienes no lo necesitan.
El caso más significativo es el de los congresistas. Los magistrados de las altas cortes y los directivos de los órganos de control, que tienen ingresos mensuales cercanos a 38 salarios mínimos, es decir personas que no son pobres, ni vulnerables, y que para mantener su capacidad adquisitiva solo necesitarían incrementos iguales a la variación del IPC.
El origen del problema es la norma constitucional que obliga a que el salario de los congresistas debe ajustarse anualmente en proporción al aumento promedio de los salarios del resto del sector público; además, aunque no hay norma escrita, se acostumbra que los salarios de la rama judicial y los órganos de control se ajusten de la misma manera. Por eso, los ingresos de estos funcionarios se han duplicado en la última década pasando de 26 a 52 millones de pesos mensuales.
Desde una perspectiva de equidad, es difícil justificar que una política diseñada para proteger ingresos bajos termine aumentando en términos reales los ingresos de quienes están en la cima del sector público. Así, lo que se presenta como una política pensada para proteger a los trabajadores más vulnerables termina siendo un mecanismo que expande el gasto en salarios altos del Estado y, entonces, una política progresiva termina teniendo efectos regresivos dentro del propio Estado.
El impacto fiscal del aumento del salario mínimo se puede disminuir si se desligan totalmente de esta decisión los incrementos salariales del resto del sector público y sobre todo los de los funcionarios cuyos salarios no son tan mínimos.
ADENDA: La semana pasada expliqué por qué tener atado el precio de la vivienda VIS al salario mínimo ha generado un enorme margen de utilidad adicional, pues los costos de construcción de la VIS han crecido mucho menos. Varios constructores me señalaron, con razón, que parte de ese margen se queda en los bancos, pues los costos financieros tienen una incidencia grande en los proyectos y no están incluidos en el índice de costos del DANE.,
