¿A quién sirve el señor procurador?
La Procuraduría General de la Nación, según la Constitución, tiene como mandato “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, “defender los intereses de la sociedad”, “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”. Es decir, ante todo su misión es la de velar por los intereses colectivos, garantizar el debido proceso, proteger los recursos públicos, vigilar a los funcionarios y en esencia defender la democracia.
El procurador general es la cabeza de lo que se conoce, no en vano, como el “ministerio público”. La palabra ministerio viene del latín ministrare que significa servir, por lo que el ministerio público tiene la obligación de servir al populus y a nadie más. Solo se debe a los ciudadanos y su única lealtad debería ser para con el bienestar colectivo y la protección de las instituciones.
Hasta ahora esto suena muy bien. Un alto e independiente representante del pueblo, que puede ejercer el poder de investigar, sancionar, destituir, procesar y condenar a los funcionarios públicos. La realidad ha sido bien distinta. Esta institución se ha convertido en un fortín burocrático. Hoy en día esta entidad tiene más de quince mil personas a su servicio, entre empleados, temporales, asesores y contratistas, y crece cada año en presupuesto, contratos y asesorías mientras que simultáneamente la corrupción ha crecido exponencialmente en especial en este gobierno.
Otro pecado original en el diseño de la Procuraduría es la conformación de la terna de la cual el Senado elige quién ocupará el cargo. La Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente de la República tienen el poder nominativo. La injerencia del presidente mediante la nominación de un candidato, a favor de quien además moviliza todos sus recursos de influencia, es perniciosa dado que es la rama ejecutiva el objeto principal de la acción de vigilancia de la Procuraduría. Sin embargo, depende también mucho del talante y el carácter del procurador respectivo. Por ejemplo, Alfonso Gómez Méndez, Edgardo Maya y Fernando Carrillo son reconocidos como procuradores valientes, eficaces, independientes y sobrios.
El inmenso poder que tiene la Procuraduría ha sido distorsionado con frecuencia al ponerlo al servicio de aspiraciones presidenciales o de ideologías o de intereses non sanctus. El propio Petro fue víctima del procurador Alejandro Ordoñez, que cometió el error político y jurídico de destituirlo cuando era alcalde de Bogotá.
Ahora el país estrena procurador general. Se trata de Gregorio Eljach, quien fuese secretario general del Senado de la República por más de una década. Reemplazó a Margarita Cabello, quien fue ternada por el presidente Iván Duque.
¿A quién servirá el Señor Procurador Eljach? Su cargo lo obtuvo al ser elegido por una abrumadora mayoría de una terna para la cual lo nominó el propio presidente Petro. Esa última condición despierta cierta inquietud sobre su independencia frente al actual gobierno en momentos en que hay un temor generalizado ante la feroz ofensiva gubernamental contra las Cortes, el Congreso y las instituciones.
Gregorio Eljach llega a la Procuraduría en uno de los momentos más delicados de la historia nacional. El país está viviendo una situación extremadamente delicada en cuanto a la supervivencia de las instituciones. Quizás tan grave como la que le correspondió vivir al sacrificado procurador general Carlos Mauro Hoyos. La responsabilidad que recae sobre los hombros del procurador Eljach es inmensa: en particular, le corresponderá garantizar el avance de los procesos de corrupción, la viabilidad de las elecciones y la continuidad de la democracia en 2026.
Tendrá que enfrentar a un gobierno decidido a hacer todo lo que sea necesario para que se reelija su proyecto político. Un gobierno lleno de funcionarios que abiertamente son candidatos y manejan billones del presupuesto, como es el caso de Gustavo Bolívar. Un gobierno que gasta miles de millones movilizando pueblo y comprando respaldos. Un gobierno que, con el artilugio de una consulta popular, va a brincarse el régimen de garantías y gastarse cientos de miles de millones de pesos en su realización. Un gobierno que permite una violencia desbordada que pone en jaque las elecciones en buena parte el territorio nacional y al que la oposición no puede ingresar.
Hasta ahora, el procurador Eljach ha caminado del lado correcto de esa tenue línea que divide la independencia de la obsecuencia, la responsabilidad de la complicidad, la grandeza de la entrega. Ha tenido posiciones firmes, respetuosas como debe ser, frente a decisiones, acciones y actitudes del alto Gobierno. También se destaca su entereza en los difíciles procesos por corrupción que involucran a familiares del presidente y altos dignatarios. Sin embargo, las arbitrariedades y desafueros ocurridos son poco frente a lo que ya se anuncia en el horizonte. Pronto llegará la hora de la verdad para el procurador Eljach. Tendrá que decidir entre amilanarse ante la aplanadora petrista, que ayudó a elegirlo, o ser el garante de la democracia, como ordena la Constitución.
@gabrielsilvaluj
