Pasaportes: dimes, diretes e ineficiencia
En medio del intenso debate por el “fracaso” que le augura la excanciller Laura Sarabia al plan del Gobierno para garantizar los pasaportes después del 31 de agosto -cuando se vence el contrato con la empresa que los provee-, y de la reiteración del jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, de que los colombianos podrán contar con estos documentos, lo único que queda claro es la gran ineficacia y el desorden de esta
administración.
Han transcurrido casi dos años desde que el presidente Gustavo Petro se propuso sacar del negocio a la empresa Thomas Greg & Sons -que elabora los pasaportes desde hace 17 años y a la cual acusó de corrupción- y transferir a la Imprenta Nacional la expedición de los documentos. Y en nada avanzó en ese tiempo la tarea para hacer la transición.
Han sido exactamente 21 meses de inacción desde septiembre de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para un nuevo contrato de producción de los pasaportes porque solo quedó como proponente Thomas Greg & Sons.
Como el cambio de proveedor no podía ni puede ocurrir de la noche a la mañana, por la complejidad tecnológica, jurídica y financiera del proceso, y por la obligación que tiene el Estado de mantener pasaportes para la demanda de los colombianos, a Leyva le tocó declarar la urgencia manifiesta y prorrogarle el contrato a esa firma hasta octubre del 2024.
Y apenas en octubre del 2024, cuando estaba a punto de vencer el plazo de esa prórroga a Thomas Greg & Sons, la Cancillería, ya en cabeza de Luis Gilberto Murillo, firmó con Portugal un memorando para que la Casa de la Moneda de ese país apoyara a la Imprenta Nacional en la expedición de los pasaportes.
Pero ese plan tampoco prosperó y Murillo tuvo que prorrogar de nuevo el contrato con Thomas Greg & Sons hasta el 31 de agosto de 2025, un plazo que se vence dentro de 54 días.
El desorden administrativo que ha demostrado este Gobierno se hizo presente de nuevo. Y esto va más allá de los dimes y diretes entre la excanciller Sarabia y el pastor Saade. Es un asunto que tiene que ver con la incapacidad del Gobierno de Petro para garantizar la continuidad en la prestación de un servicio fundamental en cualquier país, como lo es la expedición de pasaportes a sus ciudadanos para que estos puedan viajar al extranjero por motivos de trabajo, estudio, recreativos, familiares o médicos.
Otra vez Petro hizo gala de la improvisación que lo caracteriza en la gestión de lo público. El presidente de encendida retórica tiene un problema para traducir en hechos sus discursos y para solucionar los problemas que suele diagnosticar micrófono en mano. Él es el responsable último de organizar a sus colaboradores para que ejecuten los planes del Gobierno o, en su defecto, para designar a alguien capacitado para hacer esa tarea que tanto desdén parece provocarle.
De ahí para abajo, puede haber corresponsables, pero lo que es absurdo es que el Estado deje de prestar un servicio básico a sus ciudadanos por incapacidad para hacer bien las cosas.
Y es apenas normal que el grueso de los colombianos piense que un gobierno que hace mal tareas tan elementales no está en condiciones para realizar el “cambio” estructural que nos prometió en la campaña político-electoral de 2022.
Y aunque parezca un asunto menor, el lío de los pasaportes puede tener un costo político para el petrismo, especialmente si el próximo 1° de septiembre se suspende de manera parcial la expedición de esos documentos o si se cumple el vaticinio de la excanciller Sarabia, quien el pasado domingo le dijo a CAMBIO que “cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes”.
En el año 2024, la Cancillería de Colombia expidió un promedio mensual de 170.435 pasaportes, es decir, 2.045.220 documentos en todo el año. Y esos números no son poca cosa cuando se trasladan al ámbito político-electoral.
