¿Y el Catatumbo qué?

Nada ha cambiado mucho para los habitantes del Catatumbo hasta este julio de 2025, seis meses después de la ofensiva violenta del Eln en la zona que dejó 100 muertos y más de 50.000 desplazados.

Todo allí sigue igual, aseguran dirigentes sociales que hablaron con CAMBIO, a pesar de que el Gobierno anunció medidas excepcionales para tomar el control de la región e invertir en la sustitución de 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y en obras de infraestructura necesarias, como la llamada trasversal del Catatumbo.

La persistente tragedia de esa atormentada región de Norte de Santander, que ya parece olvidada por el país, muestra que ni la voluntad política del presidente de Colombia es suficiente para sacar adelante un proyecto y que el propio diseño del Estado puede convertirse en obstáculo para las soluciones que está obligado a darle a su población.

Entre enero y mayo de este año, en plena crisis humanitaria por la violencia del Eln, el presidente Gustavo Petro viajó en cuatro ocasiones al Catatumbo. Fue con sus ministros y, delante de representantes de las golpeadas comunidades, les dio instrucciones para llevar inversión social a la zona.

¿Y en qué se tradujo ese compromiso institucional? En casi nada, aseguran los dirigentes sociales. Ellos creen que los proyectos del Gobierno para cambiar la difícil situación de los habitantes del Catatumbo siguen atascados en la burocracia bogotana.

En el ámbito de la seguridad, tras las visitas de Petro, el Ejército y la Policía se desplegaron en la zona en un intento por copar el territorio bajo dominio de grupos ilegales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que esas operaciones les han dado a las Fuerzas Armadas el control de un 70 por ciento del territorio, pero los campesinos no han dejado de sentir el yugo opresor del Eln.

“Si hablamos de seguridad, la gente está confinada. Hay que pedir permiso a los del Eln, que se mueven en carros y motos, para ir a hacer mercado, para sacar un enfermo. El único municipio que no controlan es Tibú. Y todo lo que se habló con el Gobierno está en el papel: ahora tememos que la ley de garantías electorales sea la excusa perfecta para que todo siga sin hacerse”, afirma un líder de la zona que pide no ser mencionado por las amenazas que enfrentan allí los dirigentes sociales.

La pregunta es por qué, a pesar de que existe voluntad política, y a pesar de los compromisos del Ejecutivo, el Estado colombiano es incapaz de llegar a las comunidades apartadas y azotadas por la violencia para garantizar a sus habitantes el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar social, que se concrete en llevar salud, educación e infraestructura básica que les permita a los campesinos sacar a los centros de consumo sus productos tradicionales y apostar, entonces sí, por sustituir la economía de la coca.

Al parecer, tenemos una institucionalidad reumática, burocratizada e ineficiente que es incapaz de cumplir sus propósitos a pesar de que querer hacerlo.

Creo que nadie puso en duda que Petro, en sus cuatro visitas al Catatumbo, genuinamente tenía la intención de implementar en esa región un plan que comenzara a cambiar la vida de la gente.

Pero el Estado se topó, una vez más, con su propia inoperancia. Tenemos un diseño institucional que conspira contra sus propios intereses.

El pasado 27 de febrero, por ejemplo, hace casi cinco meses, Petro anunció que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, presentaría un informe sobre los estudios para construir la carretera Gamarra-Ocaña, una vía clave para el desarrollo de esa región.

Petro recriminó que no existieran estudios avanzados sobre esa carretera y dijo: “Esta región enfrenta economías ilícitas, contrabando y una realidad binacional compleja (por ser fronteriza con Venezuela). Una carretera para conectar al Catatumbo era una necesidad inaplazable, pero la ampliación de la vía Gamarra-Ocaña nunca avanzó porque más allá empezaba el territorio campesino y la zona productora de hoja de coca”.

De acuerdo con Petro, “si esa vía se hubiera construido, la región habría tenido oportunidades distintas, menos violencia y más desarrollo y hoy podría ser un destino turístico y una frontera fuerte, defendida por su propia población”.

Resulta que, en enero de 2022, el Gobierno del entonces presidente Iván Duque adjudicó el proyecto de la transversal del Catatumbo a KMA Construcciones, al cual se destinaron 330.000 millones de pesos, parte de los cuales se entregaron a ese consorcio. Esto, a pesar de que el director de la constructora, Menzel Amín Avendaño, estaba siendo investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el lavado de activos derivados de un soborno de Odebrecht. El mes pasado, la Fiscalía reactivó un proceso de extinción de dominio contra el empresario y la vía Gamarra-Ocaña sigue siendo una quimera.

Pero parece que este Gobierno tampoco podrá construir esa obra. Probablemente ni siquiera podrá iniciarla, a pesar de que desde marzo pasado se anunció que ingenieros militares y un batallón del Ejército especializado comenzarían los trabajos, “una vez asignados los recursos”.

El mismo Petro dijo en el consejo de ministros de la semana pasada: “Necesitamos cambiar leyes, necesitamos que dejen de chuparse al Ministerio de Transporte, que no hace la carretera del Catatumbo porque le tumbaron la plata para hacer concesiones”.

Y si el Estado es incapaz de llegar con obra pública a las regiones donde florece la violencia, poco puede hacer frente a un problema endémico del país, como la economía cocalera, una de las alternativas de subsistencia que le queda a miles de familias campesinas en el Catatumbo y en otros enclaves cocaleros del país.

Integrantes de dos organizaciones campesinas del Catatumbo le confirmaron a esta columna que, si bien hay algunas familias erradicando la hoja de coca en el marco del plan que propuso Petro, no pueden esperar 8 o 10 meses a que se concreten los planes del Gobierno para sustituir ese cultivo por productos tradicionales. “La gente que está sustituyendo lo está haciendo solo con la palabra empeñada del Gobierno, pero eso no está funcionando. Si hay cinco proyectos marchando, son muchos”, dijo uno de los dirigentes.

Otro de ellos sintetiza así la realidad que viven los habitantes de esa región: “Creemos en el proyecto del Gobierno, pero no podemos decir que es seguro porque no hemos vistos resultados”.

Y menos los verán ahora que las noticias sobre esa región, agobiada por la violencia y el abandono estatal, dejaron de ocupar las primeras planas.