Condena a Uribe y audiencia de exFarc, una desafortunada coincidencia

En una desafortunada casualidad, en la misma semana en que la justicia ordinaria condenó al expresidente Álvaro Uribe como “determinador” de soborno a exparamilitares presos para que cambiaran versiones en contra suya y de su hermano Santiago, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la audiencia “previa” a la sentencia por secuestro contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, guerrilla a la que el exmandatario combatió con todo el poder militar del Estado mientras gobernó a Colombia (2002-2010).

Y creo que se trata de una muy desafortunada coincidencia porque es inevitable que un colombiano desprevenido compare que, mientras Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata, por fraude procesal y soborno en actuación penal -en un fallo de primera instancia-, siga sin producirse la condena contra los exjefes de las Farc procesados por secuestro. Éstos pudieron volver a la calle la semana pasada, una vez terminada las audiencias en su contra. Según la JEP, la sentencia se dictará en las “próximas semanas”.

En medio de una polarización tan aguda como la que vive hoy Colombia, lo ideal es que la condena contra los siete exintegrantes del secretariado de las Farc hubiera ocurrido hace tiempo. En todo caso, mucho antes que la condena de la semana pasada contra su principal contradictor, el expresidente Uribe, enjuiciado por delitos que no son precisamente de lesa humanidad.

Si bien la pena para los exjefes guerrilleros no será mayor a ocho años -porque así se pactó en el acuerdo de paz-, y consistirá en hacer trabajos para las comunidades que sufrieron por los crímenes que cometieron o que permitieron que otros integrantes de las Farc cometieran, la sentencia incluye también una restricción de la libertad para movilizarse.

Y aunque la justicia ordinaria -que condenó a Uribe- y la justicia transicional -que juzga a los exFarc- no pueden compararse, el ciudadano común no entiende las minucias jurídicas de una y de otra.

En ese contexto, un amplio sector de colombianos puede interpretar que la condena al expresidente es una “injusticia” y puede llegar a identificarse, incluso, con las reacciones de la extrema derecha, que en la última semana no ha parado de sacarle provecho político al tema, con los ojos puestos en las elecciones del próximo año.

Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que no es un ciudadano común, hizo la comparación inevitable tras conocer la sentencia contra Uribe. “Quien está en la Presidencia y muchos de los integrantes del Congreso pertenecieron a grupos terroristas, empuñaron armas y cometieron delitos de lesa humanidad. Y Álvaro Uribe, que combatió a la guerrilla y al terrorismo, hoy es condenado a 12 años de prisión”, afirmó en su cuenta de X.

Si el alcalde de la segunda ciudad del país ignora –o hace como que ignora-- lo que es la justicia transicional, ¿qué pasará por la mente de los ciudadanos que, mayoritariamente, desconocen en qué marco legal actúa la JEP?

Un detalle que no pasa por alto es que mientras las audiencias de la semana pasada contra Uribe se robaron la atención del país, las que tuvieron como procesados a exjefes de las Farc no generaron mayor atención, y escasamente fueron noticia. Quizás esto también dice algo de la falta de interés que tiene hoy la opinión pública por lo que hace la JEP, algo que no debería ocurrir por la importancia de su tarea para contribuir a la paz del país.

Han pasado ocho años sin una sola sentencia de esta justicia especial y, aunque no sea cierta la tesis que propagó Uribe en el sentido de que la JEP sería un tribunal para la impunidad de las Farc -los procesos contra los exguerrilleros avanzan-, la condena de 12 años en su contra por delitos que, además, no se relacionan con el conflicto armado, contribuye a reforzar la teoría del expresidente ante la opinión pública que lo acompañó con el 'No' al plebiscito por la paz.

Lo más complicado hoy es que esta distorsión sobre el acuerdo de paz con las Farc puede seguirse extendiendo en el tiempo, a juzgar por la preocupación que hay en la JEP porque el Gobierno no ha dispuesto los recursos necesarios para que los exguerrilleros, una vez sentenciados por secuestro, cumplan con las penas restaurativas que el tribunal les impondrá.

Un síntoma no menor de la incertidumbre por los obstáculos presupuestales y logísticos que todavía tienen las sentencias de la JEP fue el llamado que le hizo la semana pasada el magistrado Camilo Suárez Aldana al presidente Gustavo Petro para que le asigne recursos al Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona.

Esto sugiere que no hay proyectos de desminado en los cuales se puedan involucrar los exjefes de las Farc tras una sentencia que incluya la desactivación de minas en territorios que fueron sembrados con explosivos para evitar el rescate o la fuga de secuestrados. De hecho, es una de las sanciones restaurativas priorizadas junto con las víctimas, según la JEP.

Por eso, esta justicia especial tuvo que emitir una orden judicial para que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) le asigne recursos al programa contra las minas, y le pidió a la Procuraduría estar al tanto de que el Gobierno cumpla con esa orden.

Todo parece jugar hoy a favor del efervescente y agresivo clima político polarizante. Además de la desafortunada coincidencia de las audiencias contra Uribe y contra los siete últimos integrantes del secretariado de las Farc, con resultados muy disparejos, está la desatención del Gobierno para poner en marcha las obras en las que deben trabajar los exjefes guerrilleros tras su condena.