El cambio educativo que aún no llega

La educación fue una de las banderas más visibles del presidente Gustavo Petro en campaña. Prometió gratuidad, equidad y ampliación de la cobertura. Tres años después, es momento de hacer un balance, recordando que las promesas educativas no se miden en discursos, sino en resultados tangibles para millones de niños, niñas y jóvenes.

Hay avances que deben reconocerse. El presupuesto del sector educativo creció: pasó de 49 billones de pesos en 2022 a 79,2 billones en 2025, el nivel más alto registrado hasta ahora. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) alcanza hoy una cobertura del 71,3 por ciento de los estudiantes matriculados. El Fondo de Infraestructura Educativa muestra avances, en buena medida gracias a procesos iniciados durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y continuados por las administraciones siguientes. No obstante, la calidad de los reportes ha ido disminuyendo. Se presentó, además, una ley de gratuidad para la educación superior, que cubre al 96 por ciento de los estudiantes de las universidades públicas. Su financiación a largo plazo sigue sin estar asegurada. Por último, hay que reconocer el avance significativo de los últimos años en la reducción de la pobreza multidimensional. Pasamos de 12,9 por ciento de personas en situación de pobreza en 2022 a 11,5 por ciento en 2024, lo que equivale a cerca de 600.000 personas que hoy están en mejores condiciones de vida. Y en este avance, es importante reconocer el desempeño de los indicadores educativos, en particular el logro educativo —que mejoró en 2,6 puntos porcentuales— y la reducción del rezago escolar. Sin duda un paso concreto hacia una mayor equidad.

Estos avances no compensan las promesas incumplidas. En el consejo de ministros del 4 de febrero, el propio presidente Petro reconoció que el Ministerio de Educación tenía 18 promesas sin cumplir, lo que representa el 95 por ciento de los compromisos pendientes en esa cartera. Según los datos del Ministerio, el déficit en infraestructura escolar supera los 12 billones de pesos. La anunciada reforma al estatuto docente no ha pasado de una mesa de diálogo sin resultados concretos. Y la educación inicial, pilar de la equidad, continúa relegada. Apenas el 26 por ciento de los niños entre 0 y 5 años accede a una oferta integral, y la cobertura de transición no ha mejorado sustancialmente desde 2021. Lamentablemente, la alta inversión en educación no se corresponde con los resultados.

Especial atención merece la deserción escolar. Para 2024, la deserción intra-anual se ubicó en 3,6 por ciento, un valor similar al de 2021, pero aún por encima de los niveles previos a la pandemia, cuando rondaba el 3 por ciento. Esta cifra no es solo un dato: son niñas, niños y jóvenes que dejaron de asistir al colegio, vieron interrumpida su trayectoria educativa y, con ello, se les cerraron puertas para su futuro. La situación se repite con la reprobación escolar en los colegios públicos. Aunque en 2024 el porcentaje bajó a 6,76 por ciento, mejorando frente al 7,26 por ciento de 2022, sigue estando lejos de los niveles previos a la pandemia y de los colegios privados.

Lo más preocupante es que el país ha perdido la capacidad de hacerle seguimiento a estos fenómenos. El Ministerio de Educación no ha logrado mantener una estrategia sostenida de monitoreo a las trayectorias educativas ni a la prevención de la deserción. La última Encuesta Nacional de Deserción Escolar se realizó hace casi 15 años. Desde entonces, los factores sociales, económicos, académicos y territoriales han cambiado y se han complejizado. Necesitamos saber quiénes están fuera del sistema, dónde se encuentran, por qué lo están, qué incidencia tienen los distintos factores, y lo más importante, hacer que regresen, y permanezcan. Necesitamos conocer los datos, interpretarlos con enfoque territorial y tomar decisiones que reconozcan las múltiples barreras que enfrentan los estudiantes más vulnerables en los distintos territorios.

Finalmente, aunque no ha sido una meta particular del actual Gobierno, los datos sobre los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes nos enfrentan a una realidad que ya no se puede seguir ignorando. En la más reciente prueba PISA, el 71 por ciento de los estudiantes colombianos se ubicó en niveles de bajo desempeño, una cifra alarmante si se compara con el promedio de los países de la OCDE, donde ese valor es del 31 por ciento.

Nacionalmente, los resultados de las pruebas SABER 11 llevan casi una década estancados. Esto debería encender todas las alarmas, porque estamos hablando de la capacidad de las nuevas generaciones para comprender, argumentar, resolver problemas y participar activamente en la sociedad. Requerimos trabajar para garantizar trayectorias completas, aprendizajes significativos y oportunidades reales para todos y todas.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y su sistema SINERGIA, el sector educativo ha logrado un 55,8 por ciento en las metas propuestas para el cuatrienio. Sin embargo, la información disponible es incompleta. Muchos indicadores relacionados con primera infancia, básica primaria y secundaria no se actualizan desde diciembre de 2024 e, incluso, algunos no se reportan desde hace un año. Finalmente, es especialmente preocupante el escaso avance en la reducción del analfabetismo (especialmente rural), que apenas alcanza el 3,6 por ciento de cumplimiento frente a la meta proyectada.

En educación superior, el panorama es más complejo. El informe más reciente del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana ofrece un análisis riguroso de la evolución entre 2014 y 2024. En este período la cobertura bruta en educación superior ha aumentado del 49,82 por ciento al 57,53 por ciento. Es un avance que merece reconocimiento, pero también requiere contexto: Colombia sigue lejos del promedio de los países de la OCDE, donde la cobertura supera el 70 por ciento, y está por debajo de vecinos latinoamericanos como Chile o Argentina.

El informe de la Javeriana también muestra que el crecimiento en cobertura ha tenido ritmos distintos según el gobierno. Durante la administración de Juan Manuel Santos se incrementó en 4,15 puntos porcentuales. En el Gobierno de Iván Duque, 0,95 puntos. En los dos primeros años del actual Gobierno, la cobertura creció 2,61 puntos. Sin embargo, una cosa es la cobertura y otra, muy distinta, el acceso efectivo, la permanencia y la calidad.

Una de las controversias más relevantes que recoge el informe del LEE es la afirmación oficial de que se han creado 190.504 nuevos cupos en la educación superior pública desde 2022. Aunque la cifra es llamativa, la metodología que la respalda es, como mínimo, cuestionable. El número surge de comparar la matrícula en primer curso con la de 2022, un año atípicamente bajo por los efectos de la pandemia. Si se tomara 2021 como año base —cuando hubo un pico de matrícula—, el incremento sería de apenas 65.432 estudiantes. Y si se aplicara la metodología más rigurosa, la del año corrido (comparación semestre a semestre), el crecimiento neto sería de 125.411 nuevos matriculados.

La Javeriana advierte que matrícula no es sinónimo de cupo. Los cupos reflejan la capacidad real del sistema —infraestructura, docentes, recursos—, mientras que la matrícula depende también de las decisiones individuales de los estudiantes, y de las condiciones que enfrentan para sostener sus estudios. Si un joven logra entrar pero no permanece, el sistema no está garantizando su derecho a una educación digna, pertinente y de calidad.

En contraste con la volatilidad del indicador de matrícula en primer curso, la matrícula total —es decir, el número de estudiantes activos en cualquier semestre— ofrece una señal más estable. Entre 2022 y 2024, la matrícula en universidades públicas aumentó en 109.000 estudiantes, siendo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la que más creció. Este sí es un dato que apunta a un posible cambio estructural. Al mismo tiempo, la matrícula en instituciones privadas ha disminuido.

Se debe tener en cuenta, además, que la tasa de cobertura en educación superior y el número de estudiantes nuevos, no dependen exclusivamente del Gobierno nacional. También inciden las acciones de las administraciones locales, y de los cambios en las condiciones económicas y sociales de las familias. El caso de Bogotá es ejemplo de esto, donde todos los indicadores mejoraron más que los nacionales. Es fundamental que los indicadores actuales se complementen con mediciones intermedias que reflejen la gestión del Gobierno nacional. Esos indicadores no existen de forma sistemática, y la opinión pública debe conformarse con información esporádica a través de comunicados del Ministerio de Educación.

Lo más preocupante es que la fuente que utiliza el Ministerio de Educación —el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)— no incluye entre sus variables los conceptos de 'cupo' o 'nuevos estudiantes'. El error está en usar de forma intercambiable ambos términos, cuando en realidad miden fenómenos distintos. Además, se está aplicando incorrectamente la lógica de medición del indicador de capacidad ya que no se respetan las reglas de acumulación definidas para este tipo de variable. Se observan al menos dos errores metodológicos:

1.⁠ ⁠No se utiliza una línea base adecuada. Sinergia reconoce que “… la línea base no se encuentra disponible, teniendo en cuenta que la gestión del Programa de ampliación de cobertura se inició en 2023 a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y es la primera vez que se realizará la medición del indicador”. La frase es equivocada. Realmente, lo que se está midiendo son los estudiantes de primer curso, y esa población ha existido históricamente. Por tanto, sí hay línea base. La consecuencia es que la meta del gobierno está mal expresada. No deberían ser 500.000 estudiantes, sino la línea base de 2022 más los 500.000.

2.⁠ ⁠Se suman erróneamente los registros de cada año. El indicador de capacidad está diseñado para comparar contra el dato más reciente disponible, no para acumular cifras de años previos. Así lo establece tanto el manual metodológico como la propia fórmula de Sinergia. Por eso, no se deben sumar los estudiantes de primer curso de 2023 y 2024, ya que el indicador solo considera 2024 como referencia válida. El error se evidencia en la programación de la meta: para 2026 no se proyectan 500.000 estudiantes nuevos, sino 200.000, porque se asume que los otros 300.000 provienen de años anteriores. Esa lógica corresponde a un indicador acumulativo, no de capacidad.

Dado que el indicador seleccionado mide el avance del cuatrienio con respecto al último dato disponible —es decir, la diferencia entre la matrícula de primer curso en 2024 y la de 2022, el crecimiento real ha sido de 125.411 estudiantes. Los 65.063 estudiantes de 2023 ya están incluidos en ese total. Así, en 2024, el avance real representa apenas el 25.1 por ciento del objetivo total del cuatrenio.

Colombia necesita avanzar en la gratuidad, pero también en la expansión de una oferta pública de calidad. Requiere más cupos reales. Menos discursos y más garantías. Como bien concluye el informe de la Javeriana, medir mejor no es solo una cuestión técnica. Es un compromiso ético con la verdad, con la política pública y con los jóvenes que esperan, con razón, una educación superior a la altura de sus sueños.

En conclusión, una de las razones por las que el 'cambio' no llega es la fragmentación de la institucionalidad, con escasa articulación entre el Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología e Innovación, el ICBF y los entes territoriales. A eso se suman las tensiones políticas. En tres años, el país ha tenido tres ministros de educación y siete viceministros. También ha habido deficiencias en la ejecución: en 2023, el Ministerio dejó sin ejecutar más del 10 por ciento de su presupuesto, especialmente en inversión territorial. Y, en el fondo, persiste una visión política que ha privilegiado la confrontación sobre los consensos necesarios para una transformación educativa real.

Pero aún queda tiempo. Si el Gobierno quiere cerrar su ciclo con dignidad educativa, debe priorizar acciones concretas: acelerar la ejecución de obras de infraestructura; saldar la deuda histórica con la educación rural —donde la cobertura en secundaria y media sigue por debajo del 50 por ciento—; integrar la educación inicial al sistema educativo, y aprovechar la oportunidad histórica de tramitar una ley de competencias a la altura de la educación que requiere el país. Esta debe convertirse en una prioridad. También es posible avanzar en la formación y profesionalización docente con medidas claras, más allá de los intereses gremiales.
Colombia necesita una transformación educativa real, no retórica. Y esa transformación requiere continuidad, acuerdos sociales y decisiones valientes que no se pospongan cada cuatro años. La educación no puede seguir esperando. Tampoco puede seguir siendo rehén de disputas ideológicas o burocráticas.

Posdata. Alerta sobre la autonomía universitaria. Un tema preocupante, que ha pasado casi desapercibido, es la gobernanza en las universidades públicas. La semana pasada se anunciaron medidas preventivas y vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia. Resulta doloroso constatar que una de las instituciones más importantes del país sea intervenida por un gobierno que ha prometido fortalecer la educación pública. Ojalá no estemos ante el inicio de un camino de intervenciones que debiliten, en lugar de consolidar, la autonomía y calidad del sistema universitario público.