¿Por qué se demora la ley de competencias?

El debate más importante que se debería dar en el Congreso en los próximos meses es el de la Ley de Competencias que debe reglamentar el Acto Legislativo (AL) 03 de 2024, que ordenó aumentar hasta el 39.5 por ciento el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se transfieren a departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Dicha ley, que debe ser orgánica, debe definir la distribución de competencias entre niveles de gobierno y efectuar los ajustes necesarios a la estructura de la administración pública; así mismo, debe reglamentar los criterios de distribución de los recursos del SGP a sus entidades beneficiarias, de acuerdo con la asignación de competencias, con el objetivo principal de cerrar las brechas sociales y económicas entre los territorios.

Tan fundamental es la ley que el incremento de recursos a las regiones solo se empezará a dar después de su expedición, pero hasta ahora el Gobierno no ha presentado al Congreso el proyecto de ley; ni siquiera se conoce un borrador del texto.

¿Por qué está demorado el proyecto de ley?

Según el AL, el Gobierno tenía 12 meses para presentar el proyecto de Ley de Competencias, es decir hasta antes de diciembre de este año, y se había anunciado que se presentaría en mayo pasado. Sin embargo, ya han transcurrido ocho meses y todavía no se ha radicado el proyecto ante el Congreso.

Está siendo elaborado por un comité técnico interinstitucional conformado por los ministerios del Interior, de Hacienda, Salud, Educación y Vivienda y por Planeación Nacional. Un comité de lujo, que además está trabajando a toda marcha, pero en el que no se han podido poner de acuerdo en su contenido.

La controversia principal en la mesa técnica es la repartición de los recursos ‘nuevos’ (que en 12 años llegarán a ser unos 40 billones de pesos anuales), donde están enfrentados los intereses sectoriales con los regionales, cada cual buscando una mayor tajada de la torta, y se espera una definición del presidente que zanje la discusión.

Los ministerios de Educación y Salud quieren que se destinen a aumentar el presupuesto de sus sectores. La presión de Fecode es que se destine más plata a educación, mientras que el ministerio de Salud quiere usarlos para financiar los costos de la reforma a la salud. Por su parte, los representantes de las regiones insisten en que se deben asignar a los departamentos y municipios para su programas prioritarios y así cerrar la brechas territoriales.

Lo que falta en el proyecto de ley

Si bien esta discusión es importante, se está dejando de lado otro aspecto fundamental que debe incluir la ley, que es definir cuáles son las funciones y programas que deben ser trasladados desde el Gobierno central hacia las entidades territoriales, de manera que el aumento de recursos a las regiones no implique un incremento del gasto público ni del déficit fiscal. Para decirlo en términos coloquiales, están discutiendo cómo repartir la marrana sin definir quién va a pagar por ella, lo cual es mucho más grave cuando el déficit fiscal es del 7 por ciento del PIB y cualquier ingreso nuevo del Gobierno debería utilizarse para disminuirlo.

Unos ejemplos ilustran el problema. Si se asignan 100 pesos para crear centros de atención primaria en el Chocó, se debe trasladar a algún otro departamento la obligación de ejecutar con sus propios recursos 100 pesos de algún gasto o programa del Gobierno central. ¿Los gobernadores o los congresistas de Antioquia o el Valle van a aceptar que les impongan esta obligación?

Si, en otro caso hipotético, se incrementa en 100 pesos el presupuesto de educación para contratar más profesores, para mantener la neutralidad fiscal se debe reducir en los mismos 100 pesos lo destinado a otros sectores, o se deben trasladar a algún departamento gastos del Gobierno central por ese valor, sin asignarle recursos. ¿Qué departamento va a estar dispuesto a aceptar las nuevas obligaciones de gasto sin recibir los recursos correspondientes?

El AL es categórico: “no se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del SGP sin la previa descentralización de competencias (…) de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal”.

Si el Congreso aprueba una Ley de Competencias que asigne recursos a las regiones o sectores, pero no reduzca proporcionalmente las funciones del nivel central, se aumentaría el gasto público. En ese escenario, la ley sería inconveniente desde el punto de vista fiscal y la Corte Constitucional la declararla inexequible por no cumplir el mandato constitucional.

Es muy baja la probabilidad que la Ley de Competencias sea aprobada este semestre, pues, además de la demora en la presentación, la agenda legislativa está muy congestionada con temas como el presupuesto de 2026, las reformas tributaria y de salud, o la jurisdicción agraria, entre otros. El próximo semestre es todavía menos probable por la campaña electoral, de manera que la demora de la Ley de Competencias durará hasta el próximo gobierno.