Cultura, ética y poder en tiempos de violencia

A propósito del debate actual sobre la reforma a la Ley General de Cultura, cabe preguntarnos cuál es, hoy, el verdadero papel del arte y de la gestión cultural en una sociedad como la colombiana, herida por la violencia y por una creciente desconexión emocional entre sus ciudadanos.

El proyecto de reforma que cursa en el Congreso propone actualizar una ley vigente desde hace más de 25 años. Entre otras cosas, redefine el papel del Estado como agente promotor, regula la participación de actores privados en la vida cultural del país, y fortalece el enfoque territorial. Más allá de los ajustes técnicos y jurídicos, lo que realmente está en juego es el sentido ético de la cultura: su relación con la vida, con la memoria, con la verdad.

Hace poco, el escritor Juan Carlos Botero se preguntaba si la función del arte sigue siendo ofrecer deleite estético o si, más bien, debe afrontar las durezas de la vida, denunciar la barbarie y registrar la faceta más dolorosa de la existencia sin maquillarla con belleza plástica. Su reflexión es profundamente pertinente.

Cuestionar la creatividad individual puede ser polémico. Pero el debate se vuelve aún más urgente cuando hablamos de políticas culturales y del papel del gestor cultural: ese mediador entre las expresiones simbólicas y la sociedad. ¿Pero mediador de qué? ¿De una oferta de entretenimiento? ¿De un objeto decorativo? ¿O de una narrativa ética que contribuya a la transformación social?
En un país como Colombia, donde la violencia ha sido —y sigue siendo— parte de la cultura, el Estado no puede ser neutral frente al dolor. Y quienes ejercemos la gestión cultural no podemos ser indiferentes.

Hace poco, la Filarmónica de Bogotá ofreció un concierto contra la violencia, en solidaridad con el senador Miguel Uribe, tras el atentado que sufrió. La iniciativa fue atacada en redes sociales por cuentas organizadas. Las críticas no se dirigían al acto en sí, sino al destinatario, como si los gestos de humanidad dependieran de afinidades políticas. Sin embargo, sigo convencido de que fue correcto hacerlo, y lo volveríamos a hacer. Porque, como dijo Michelle Bachelet: “Los derechos humanos son para todos, en todas partes, todos los días. No son un lujo ni una recompensa. Son lo que nos corresponde por el solo hecho de ser humanos.”

Lo que está en juego es la capacidad del arte para crear humanidad. Países como Alemania entendieron esto tras su trauma histórico: allí el Estado ha financiado durante décadas proyectos artísticos que confrontan el pasado nazi, fortaleciendo una cultura democrática basada en la memoria. En Colombia, artistas como Doris Salcedo, Beatriz González, Jesús Abad Colorado, escritores como Pablo Montoya o los músicos del Chocó, del Cauca y de la Amazonía han usado el arte como forma de duelo, de denuncia y de construcción de comunidad.

No es un asunto estético, sino ético. Toda política cultural debe partir de la necesidad de contribuir a la cohesión social y de responder, desde lo simbólico, a los procesos de violencia que aún marcan nuestro territorio. La cultura no puede estar desligada de la realidad. Debe ofrecer una narrativa de la no violencia, de la dignidad, de la esperanza.

En un momento político marcado por la polarización y los discursos de odio, la gestión cultural debe reafirmar su vocación humanista. En tiempos aciagos, la cultura no es un adorno: es una forma activa de transformación de valores, de resistencia democrática y de afirmación de lo humano.

Tal vez es el momento de afirmar que la política cultural no es sólo una expresión del país que tenemos, sino también una herramienta para construir el país que aún no somos.