‘Fracking’ y escasez de gas
El error más grave de la política petrolera en los últimos años, y la causa de la escasez de gas, no ha sido la falta de nuevos contratos de exploración sino los intentos de prohibir el fracking (fracturación hidráulica) y, en particular, la suspensión de los Proyectos Piloto Investigativos (PPI) que se estaban realizando para determinar los eventuales impactos del fracking en Colombia, lo que sucedió en abril de 2022, es decir en el Gobierno de Iván Duque.
No autorizar nuevos contratos de exploración es una decisión equivocada del Gobierno de Gustavo Petro, pero que no tiene consecuencias en el corto o mediano plazo y, por supuesto, no se le puede atribuir la escasez de gas de este o el próximo año.
La razón es muy simple: el tiempo que pasa entre la firma de un contrato de exploración y la producción de las primeras moléculas de gas o petróleo es de por lo menos ocho años y hasta más. Por ejemplo, los campos de gas que se están desarrollando costa afuera de La Guajira y que se espera que empiecen a producir en 2027, corresponden a contratos que se firmaron en 2010.
Diferente es la situación de los yacimientos no convencionales (YNC) donde se usa el fracking, en donde se puede empezar a producir gas o petróleo en solo dos años, por otra razón simple: ya se conoce dónde hay roca madre con hidrocarburos, pues casi siempre está ubicada debajo de las áreas donde hay pozos tradicionales de petróleo, lo que implica que la exploración en los YNC demora mucho menos que en un campo tradicional.
LA CRUZADA ANTI-’FRACKING’
La controversia sobre permitir o prohibir el fracking ha sido intensa en el mundo, sobretodo por los riesgos ambientales que puede tener esta técnica, tales como la contaminación de fuentes hídricas, la emisión de gases contaminantes, la generación de residuos peligrosos o su impacto en la biodiversidad.
Para evitar estos riesgos, el fracking se ha prohibido en unos pocos países como Francia, Alemania, Irlanda, Italia o Suiza, y en algunos estados de Estados Unidos como Nueva York, Maryland, Vermont o Washington. Sin embargo, la mayoría de estas prohibiciones son simbólicas porque ninguno de esos sitios tiene reservas significativas de hidrocarburos para explotar, con la excepción de Nueva York, pero aún en este estado las reservas estimadas son menos del 10 por ciento de las estimadas para Colombia.
Por el contrario, el fracking está permitido en la mayoría de los países o regiones de Estados Unidos donde hay volúmenes importantes de hidrocarburos para explotar. Ese país ha llegado a ser el primer productor de hidrocarburos en el mundo gracias a la utilización del fracking, especialmente en Texas, donde Ecopetrol lo usa en una exitosa asociación con la OXY. En Argentina, el uso del fracking en los yacimientos de Vaca Muerta han llevado a que ese país produzca más petróleo y gas que en Colombia.
El problema es que en nuestro país existe una cerrera oposición al fracking, reacia a debatir argumentos y pruebas científicas para determinar cuáles son sus verdaderos efectos ambientales y sociales, y que ha presentado al Congreso cinco proyectos de ley para prohibirlo totalmente.
El primer proyecto se presentó en agosto de 2019, durante el Gobierno de Iván Duque, impulsado por congresistas de la bancada alternativa, especialmente del Partido Verde y el Polo Democrático, pero fue archivado por falta de tramite; lo mismo le sucedió a un segundo proyecto presentado por movimientos ambientalistas en 2020.
El Gobierno de Gustavo Petro convirtió la prohibición del fracking en una de sus banderas ambientales, de manera que en agosto de 2022 y luego en 2023, el Ministerio de Ambiente respaldó formalmente sendos proyectos de ley con ese propósito, pero ambos fueron archivados. Finalmente, en julio volvió a radicar un nuevo proyecto, esta vez con mensaje de urgencia.
LOS PROYECTOS PILOTO
Hay muchos argumentos en pro y en contra del fracking y la verdad es que hoy nadie puede asegurar que en Colombia no tiene impactos negativos, pero tampoco nadie puede afirmar con certeza que es dañino. El debate sigue abierto, y cualquier decisión debe basarse en evidencia, transparencia y participación real. Por eso fue muy acertada la recomendación que desde 2019 le hizo al Gobierno la comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país, recomendó adelantar Proyectos Piloto Investigativos (PPI) que los determinen.
Siguiendo esa recomendación, el Gobierno reglamentó (decreto 328 de 2020) la realización de PPI, y el Consejo de Estado avaló esta norma. No se trataba de una autorización para producir gas o petróleo en una escala comercial por medio del fracking; tan solo la autorización para realizar las pruebas técnicas para analizar objetivamente sus impactos.
En 2021 se adjudicaron a Ecopetrol y la Exxon los contratos para adelantar dos PPI (Kalé y Platero), los que obtuvieron las respectivas licencias ambientales; en cada uno de ellos se iban a invertir unos 70 millones de dólares. Sin embargo, pronto aparecieron tutelas de comunidades y organizaciones ambientalistas buscando detener los proyectos.
Ante las tutelas, la posibilidad de que fueran aprobados los proyectos de ley para prohibir el fracking y la oposición frontal del nuevo Gobierno, las petroleras decidieron no arriesgar la cuantiosa inversión que debían realizar y suspendieron los PPI. Como consecuencia, nos quedamos sin los hechos y datos necesarios para tomar una decisión racional, de manera que el debate sobre el fracking en Colombia continua sobre bases ideológicas y conclusiones de otros países y ecosistemas.
No se trata de aprobar ahora el fracking sin ningún análisis, pero no hay que tenerle miedo a los hechos y datos. La mejor alternativa para el país es suspender el trámite del proyecto de ley que busca prohibir el fracking y reactivar los PPI para evaluar su viabilidad técnica y ambiental en Colombia. Si esto se hubiera hecho en 2022, y las conclusiones hubieran sido positivas, hoy estaríamos produciendo suficiente gas para evitar el desabastecimiento o la necesidad de importarlo a precios mucho más altos.
