La inseguridad y la desesperación de Petro

Es tan crítico el panorama actual de inseguridad en Colombia, y parece estar agobiando tanto a Gustavo Petro, que, en términos del combate al narcotráfico, el presidente terminó abrazando la vieja postura de sus adversarios políticos de derecha: la aspersión aérea de cultivos ilícitos. 

A primera vista, el anuncio del mandatario sobre el regreso de la “fumigación aérea” en aquellos lugares en los que “la ciudadanía ataque al Ejército” —según dijo en X el pasado 8 de septiembre— lució como una reacción desesperada ante el segundo hecho de violencia contra militares, en menos de tres días, de parte de pobladores de zonas en las que se están llevando a cabo operaciones contra el narcotráfico. Ellos actuarían presionados por las organizaciones criminales que intentan frenar a la fuerza pública. 

El 7 de septiembre, habitantes de una zona rural de El Tambo (Cauca) retuvieron a 45 militares —los liberaron un día después—, y el 4 de septiembre, pobladores de Villagarzón (Putumayo) habían rociado con gasolina a tres integrantes del Ejército y les habían prendido fuego. Uno de ellos sufrió quemaduras en el 75 por ciento del cuerpo.

En medio de esa coyuntura, y con el anuncio de la fumigación aérea donde la ciudadanía atacara a la fuerza pública, el mandatario colombiano le transmitió al país la sensación de un presidente impotente, al que todo se le ha salido de las manos. Incluso actuando en contra de su postura original de poner el énfasis de la lucha contra las drogas ilícitas en los narcotraficantes, y no en los campesinos que cultivan la hoja de coca. 

La desesperación de Petro por los niveles de inseguridad que están provocado en varias zonas del país los grupos armados ilegales se había manifestado ya tras el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), que causó la muerte de 13 miembros de la institución y que se atribuyó el ELN, y tras la explosión de un ‘camión bomba’ en Cali, que mató a seis ciudadanos, acción atribuida por las autoridades a las disidencias de ‘Iván Mordisco’. 

Después de estos dos hechos, que ocurrieron el mismo día —el 21 de agosto—, el presidente pidió “al mundo”, también a través de la red X, que considerara como “una organización terrorista” a “la junta del narcotráfico” y “a sus bandas armadas” en Colombia. Según el mandatario, esa “junta” dirige a “las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.

Puede llegar a ser entendible que en medio del shock personal que le producen a Petro los actos de violencia piense más con la emoción que con la razón, pero un jefe de Estado no puede tomar decisiones de esa naturaleza a partir la exasperación del momento.

El cierto y gran problema de inseguridad que le han creado al país las distintas organizaciones criminales requiere ser enfrentado con estrategia y con diplomacia política cuando es necesaria, además, la acción de otros países. No con decisiones repentinas como la de asperjar con aeronaves los cultivos ilícitos o pedirle al mundo, a través de un mensaje de X, que considere terroristas a los grupos ilegales de Colombia.

El presidente Petro no puede perder de vista la complejidad de la amenaza que enfrenta hoy el país. Y que más allá de los ataques de civiles a militares —instigados por los grupos armados ilegales— y de los atentados terroristas en zonas rurales y urbanas, estamos frente a organizaciones criminales transnacionales, dedicadas al ‘multicrimen’ y con renovadas capacidades de daño por el uso de nuevas tecnologías, como los drones cargados con explosivos. 

Por esas características, el combate a la criminalidad colombiana requiere del fortalecimiento de los organismos de inteligencia del Estado —no solo de los que se dedican a proteger al mandatario— y de la cooperación con otros países. Además de Estados Unidos, con nuestros vecinos Brasil y Ecuador. Es necesario, por otro lado, entrenar a las Fuerzas Armadas, de Policía y al resto de organismos de seguridad en capacidades necesarias para combatir fenómenos nuevos, como las transacciones ilegales en criptomonedas.  

Los militares y policías colombianos tienen especialización y liderazgo reconocido en el combate al narcotráfico, pero no en otros campos de la actividad multicrimen.

Incluso, hay que tener en cuenta lo que implica que los jefes de algunos grupos ilegales, como el ELN y la Segunda Marquetalia, se refugien en Venezuela. La ambigüedad en la relación con ese país es un flanco débil de Colombia, si se tiene en cuenta que el ELN le da apoyo militar al Gobierno venezolano y que estaría entrenando a las milicias de ese país ante el asedio militar de Estados Unidos. 

Este es un tema complicado para Colombia, pero debe estar calculado en un plan estratégico para contrarrestar la inseguridad y disminuir los niveles de violencia. No se trata de tomar decisiones aisladas, al calor de los desafiantes hechos de coyuntura, sino de entender que el crimen organizado está sufriendo transformaciones estructurales que lo fortalecen y que las fuerzas del Estado deben responder adaptándose, con un proyecto estratégico, a las nuevas circunstancias.